Desde el avión presidencial y todavía bajo la influencia de la Conferencia Global del Instituto Milken, donde el poder financiero se reúne a discutir sobre la economía global, Javier Milei anunció el envío de un proyecto de Súper RIGI como una nueva mega bomba informativa para retomar la iniciativa política. El mandatario busca de esta manera recuperar el control del relato frente a una crisis que lo obligó a intervenir de manera directa en las últimas jornadas.
El anuncio de un proyecto de ley para crear un Súper RIGI llegó a través de su cuenta de X cargado de promesas de inversiones extraordinarias. Una maniobra que se produce en el momento de mayor debilidad del gabinete nacional tras las revelaciones sobre el patrimonio de Manuel Adorni. Con esto, el presidente intenta desviar la atención del escándalo de corrupción que salpica a su mano derecha mediante la promesa de un nuevo paraíso fiscal para las corporaciones extranjeras.
El ministro de Economía Luis Caputo y el canciller Pablo Quirno salieron de inmediato a respaldar el anuncio en las redes sociales la supuesta genialidad del líder libertario. Sin embargo, este nuevo esquema de incentivos surge como una respuesta ante una crisis interna que el gobierno no logra contener con palabras.
En este escenario de fracturas y sospechas, Milei recurre a la receta de prometer una lluvia de dólares para calmar a los mercados y ordenar a su propia tropa. El Súper RIGI se presenta, así como una profundización de las políticas de entrega que el gobierno viene ejecutando desde su asunción en diciembre de 2023.
El fracaso de un régimen que solo alimenta la especulación financiera
Este nuevo salto no se puede explicar sin revisar primero cómo viene funcionando el RIGI original aprobado en la Ley Bases. Aquel esquema original otorga beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios por un plazo de 30 años a proyectos que superen los U$S200 millones. Las empresas beneficiadas gozan de una reducción en la alícuota de Ganancias y quedan eximidas de pagar derechos de importación para maquinaria o repuestos.
A pesar de estas concesiones escandalosas, los resultados reales en materia de ingreso de divisas han sido sumamente pobres para las necesidades urgentes del país. De los U$S85.000 millones que el gobierno anunció con bombos y platillos, apenas ingresaron poco más de U$S1.200 millones según los datos oficiales del Banco Central.
La realidad de estas inversiones demuestra que el RIGI no fue diseñado para fortalecer la producción local o solucionar la escasez de dólares. Por el contrario, la mayor parte de las divisas que entran al sistema se utilizan para alimentar los negocios financieros de la gestión de Caputo o para cumplir con los vencimientos de una deuda externa asfixiante. El régimen actual funciona como una puerta giratoria que permite a las grandes corporaciones extraer recursos naturales sin dejar nada a cambio en las reservas del Estado.
Las provincias que se adhirieron a este esquema también ven cómo su autonomía fiscal se desvanece frente a las exigencias de estabilidad tributaria que favorecen únicamente al capital transnacional. El Súper RIGI que ahora propone Milei busca elevar estas ventajas a niveles todavía más abusivos para el patrimonio nacional.
Un nuevo paso en la profundización del saqueo
El anuncio presidencial menciona que el nuevo régimen aplicará para sectores dinámicos que nunca han existido en la Argentina. Detrás de estas palabras misteriosas se asoma la influencia de Federico Sturzenegger y su idea de crear un marco jurídico para empresas administradas totalmente por inteligencia artificial. El gobierno pretende que estos agentes tecnológicos operen desde el país aprovechando una tasa impositiva mínima y una desregulación laboral absoluta.
Esta fantasía digital se suma a la matriz extractivista que el oficialismo defiende como único camino para el desarrollo. Se busca seguir potenciando la minería, el agronegocio concentrado y la explotación petrolera sin considerar el impacto devastador sobre el medio ambiente. El objetivo final es la primarización total de la economía y la destrucción definitiva de lo que queda del entramado industrial argentino.
La implementación de un Súper RIGI representa una amenaza directa a la soberanía nacional porque consolida un estatuto neocolonial donde las leyes argentinas quedan subordinadas a los intereses de las corporaciones. Al otorgar beneficios todavía mayores que el régimen anterior, el gobierno está legalizando el saqueo de los bienes comunes y la precarización de la fuerza laboral.
El discurso sobre la creación de empleo es una falacia porque las actividades extractivas y tecnológicas de alta gama requieren muy poca mano de obra en relación al capital invertido. Lo que realmente se está multiplicando es la capacidad de las empresas para remitir utilidades al exterior sin ningún tipo de control. El país se encamina hacia un modelo de enclaves exportadores donde la riqueza se fuga mientras la pobreza y la desocupación siguen creciendo.
El Súper RIGI no es una solución a la crisis sino una herramienta de profundización del ajuste que hace imposible la vida de millones de trabajadores. A pesar de este raro intento para retomar la agenta, el descontento social no se va a calmar con promesas de inversiones que nunca llegan al bolsillo de los de abajo. Por eso es necesario derrotar este plan de entrega que rifa el futuro de las próximas generaciones para sostener los negocios financieros de una minoría privilegiada.
