Este artículo fue publicado originalmente en el número 864 de la revista impresa Alternativa Socialista.
En las últimas semanas, el gobierno nacional dio lugar al pedido de la oposición para realizar la “audiencia pública” por la modificación de la Ley de Glaciares. No lo hizo para garantizar la participación, sino para cubrirse ante posibles impugnaciones judiciales. Pero lo que se presentó como un “ejercicio de participación democrática” fue, en realidad, una puesta en escena para legitimar una decisión ya tomada: habilitar el avance de las mineras sobre zonas protegidas.
Más de 100.000 personas se inscribieron para participar. El 0.4% pudo hablar. El resto fue silenciado. No fue una audiencia pública. Fue una audiencia censurada. Y lejos de cerrar el conflicto, lo que hicieron fue abrirlo como nunca antes.
Quienes participamos de la audiencia lo vivimos en carne propia. No se trató de un espacio real de deliberación, sino de un dispositivo grotescamente armado para filtrar, ordenar y vaciar de contenido político una discusión que interpela a franjas importantes de todo el país.
El mecanismo fue claro: limitar la palabra, fragmentar la participación, manipular los listados de inscripción y garantizar la presencia de voceros alineados con el lobby minero mientras miles de vecinos, asambleas y organizaciones quedaban afuera.
Pero la ilegitimidad del proceso no fue sólo política. Hubo impugnaciones formales por parte de diputados y abogados ambientalistas que señalaron que la audiencia no cumplía con los requisitos básicos de participación y, por lo tanto, resultaba inválida. Se vulneraron principios de la Ley General de Ambiente, el Acuerdo de Escazú y el derecho a la consulta libre, previa e informada a los pueblos originarios.
Ahora bien, incluso dentro de ese marco restrictivo, ocurrió algo que el gobierno no pudo controlar. El contenido político de la audiencia fue contundente. La enorme mayoría de las exposiciones rechazó la reforma de la ley. No hubo un “debate equilibrado”: hubo una clara mayoría social en defensa de los glaciares y del agua, que ante la censura encontró un canal en la calle, mientras se desarrollaba la audiencia. En las afueras del Congreso lxs compañerxs de la campaña LA LEY DE GLACIARES NO SE TOCA, impulsada por la coordinadora BFS, garantizaban una audiencia callejera popular donde no hubo nadie que no se expresara. Porque lo que realmente está en discusión es quién se queda con el agua: si el pueblo o las mineras.
Y hay un dato más que no puede pasarse por alto. A pesar del carácter fraudulento de la audiencia, el proceso de movilización que la rodeó tuvo efectos concretos. La denuncia pública —basada en la investigación de la periodista Susana Lara— sobre los permisos mineros otorgados en secreto por el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, obligó a dar a los mismos marcha atrás. Es decir: incluso en condiciones adversas, la organización y la exposición política lograron frenar alguno de los múltiples negocios del extractivismo.
Por eso, si la intención del gobierno era desactivar el conflicto, lo que logró fue exactamente lo contrario. Lo nacionalizó. Lo amplificó. Y dejó en evidencia algo que ya no pueden ocultar: No tienen licencia social.
¿Quién decide sobre el agua? La polémica sobre la consulta popular
Empieza a emerger una pregunta cada vez más potente: ¿quién tiene que decidir sobre los bienes comunes? ¿Un Congreso atravesado por lobbies mineros, gobernadores extractivistas y acuerdos con corporaciones? ¿O el pueblo que se organizó masivamente para defender el agua?
En este contexto, hay un debate que no puede ser esquivado: la necesidad de una consulta popular vinculante. No como una consigna vacía, sino como respuesta política a un proceso que carece de legitimidad. Si más de 100.000 personas quisieron participar y no las dejaron ¿Por qué no abrir un mecanismo donde esa voluntad se exprese de manera directa? Pero dentro del propio activismo aparecen dudas honestas. Una de las más extendidas es: los derechos no se plebiscitan.
El argumento tiene una base entendible. Los derechos no deberían depender de mayorías circunstanciales: no son negociables. Sin embargo, en un sistema que no puede garantizar los derechos más elementales a las mayorías sociales, trasladar esa afirmación mecánicamente a la situación actual puede llevar a una conclusión conservadora. Porque hoy el problema no es un exceso de libertades y democracia, sino su restricción.
No estamos ante derechos garantizados que podrían ponerse en riesgo por una votación. Estamos ante un gobierno que busca avanzar contra ellos, con un Congreso permeado por intereses corporativos y mecanismos de participación vaciados.
En este contexto, rechazar una consulta popular implica, en los hechos, dejar la decisión en manos de esas mismas estructuras. La consulta popular aparece como una herramienta para defender derechos. Los pocos casos que existen en la historia de la Argentina son reveladores: en Loncopué (Neuquén) en 2012 el 84.5% rechazó la megaminería y en Esquel (Chubut) en 2003 más del 80% del pueblo rechazó el proyecto minero de oro y plata, antecedente clave y escuela para muchos de nosotros en la lucha socioambiental. También aprendieron las mineras y gobiernos dado que nunca más nos quisieron habilitar este mecanismo. En Córdoba, durante la resistencia contra Monsanto, prefirieron retirarse antes que otorgarnos el derecho a decidir.
La consulta también sería un disparador de politización masiva. Porque hay un dato clave que no se puede ignorar: una audiencia pública no vinculante —limitada, censurada, controlada— logró acorralar al gobierno, romper el cerco mediático y movilizar. ¿Qué podría generar, entonces, una consulta popular vinculante?
No partiría de cero. Partiría de un piso ya construido: más de 100.000 conciencias movilizadas, un conflicto instalado a nivel nacional y un amplio rechazo social a la modificación de la ley.
Una consulta popular, en ese escenario, no sería un trámite institucional. Sería un hecho político de gran escala, porque obligaría a toda la sociedad a posicionarse. Abriría el debate en los medios, en las escuelas, en las universidades y en los lugares de trabajo. Interpelaría directamente a millones de personas con una pregunta simple y concreta: ¿defender el agua o habilitar su saqueo?
Y esa interpelación podría desatar un proceso de movilización y conciencia mucho más profundo que cualquier instancia limitada de participación.
Además, colocaría al gobierno en una situación incómoda. Si está tan seguro de su política, ¿por qué no someterla a la decisión popular? Y si se negara, quedaría aún más expuesta su falta de legitimidad. En ambos casos, la consulta funciona como una herramienta para desnudar el verdadero carácter del proyecto oficial.
Hay también una dimensión política más profunda. En un momento en que las derechas avanzan restringiendo derechos y vaciando las libertades democráticas, impulsar mecanismos de participación directa puede ser una forma de disputar ese terreno. Negarse a hacerlo, en cambio, puede terminar reforzando el escepticismo sobre la capacidad de los pueblos para decidir.
Por supuesto, ninguna herramienta es suficiente por sí sola. La consulta popular no reemplaza la movilización, la organización ni la lucha en las calles. Pero sí puede potenciarlas. Puede amplificarlas. Puede convertir un conflicto sectorial en una discusión nacional ineludible.
La discusión, en definitiva, no es técnica ni jurídica. Es profundamente política. Porque vuelve a poner sobre la mesa la pregunta central que atraviesa todo este conflicto: ¿quién decide?
El poder detrás del poder: las corporaciones que impulsan la reforma
La modificación de la Ley de Glaciares no surge de la nada. Tiene actores concretos, intereses definidos y una arquitectura de poder que combina corporaciones globales, gobiernos provinciales y funcionarios nacionales.
Diversas investigaciones y denuncias señalan que un puñado de gigantes mineros encabeza el lobby para reformar la ley: Glencore, BHP, Barrick Gold, Rio Tinto, McEwen Cooper, entre otras.
No se trata de actores marginales: son algunas de las corporaciones más grandes del mundo, con presencia en múltiples continentes y antecedentes de conflictos socioambientales.
Proyectos concretos: dónde operan y qué está en juego
Estas empresas no operan en abstracto. Tienen proyectos específicos que hoy están condicionados por la Ley de Glaciares:
- Glencore: Proyectos MARA (Catamarca) y El Pachón (San Juan).
- BHP: Proyecto Vicuña (Josemaría + Filo del Sol, San Juan). Uno de los mayores desarrollos de cobre proyectados en la región.
- Barrick Gold: Proyecto Veladero (San Juan). Caso emblemático de minería en zona cordillerana con antecedentes de contaminación de ríos.
- McEwen Cooper (con participación de Rio Tinto): Proyecto Los Azules (San Juan). Uno de los principales proyectos de cobre del país, con financiamiento internacional.
Gobernadores: la correa de transmisión del extractivismo
Este entramado no podría avanzar sin respaldo político. Se trata de mandatarios que integran espacios como la llamada “mesa del litio” o el bloque de provincias del cobre, y que buscan convertir a sus territorios en plataformas de exportación de recursos estratégicos.
La lógica es clara: atraer inversiones, flexibilizar regulaciones y garantizar “seguridad jurídica” para las empresas. Incluso si eso implica avanzar sobre reservas estratégicas de agua.
Flavia Royón y la política de Estado extractiva
El caso de Flavia Royón expone con claridad la trama entre poder político y extractivismo. Actual senadora por Salta, dentro del bloque Primero los Salteños, fue denunciada penalmente por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas por presuntas negociaciones incompatibles, tráfico de influencias y cohecho.
La acusación señala que, tras ocupar cargos públicos estratégicos en energía y minería, era parte de la consultora Zelandez que presta servicios a un conjunto de mineras transnacionales.
El punto más crítico es su rol en el impulso de la reforma de la Ley de Glaciares. Esa modificación podría beneficiar a corporaciones como Rio Tinto, cliente de Zelandez y con proyectos clave como Los Azules en San Juan —ubicado en zona glaciaria— y Rincón de Litio en Salta, una de las inversiones más grandes del sector bajo el RIGI.
El cuadro es directo: desde el bloque Primero los Salteños, Royón impulsa cambios legales que favorecen a grandes mineras con las que mantiene vínculos. No estamos ante casos aislados. Estamos ante una política de Estado.
Una ley a medida
Cuando se observa el conjunto —corporaciones globales, proyectos concretos, gobernadores alineados y políticas nacionales— el sentido de la reforma se vuelve evidente.
No se trata de actualizar una ley. Se trata de adaptarla a las necesidades de las empresas. Porque todos los proyectos mencionados tienen algo en común: están prohibidos por la actual Ley de Glaciares y requieren su flexibilización para avanzar. La reforma no tiene autores anónimos. Tiene nombres, empresas y territorios. Y todos apuntan en la misma dirección: convertir el agua en mercancía.
Chile no es el modelo, es la advertencia
Regalías, derrame y el mito de la compensación. Uno de los argumentos más repetidos por gobiernos, empresas y periodistas afines es que la minería “deja recursos”: regalías, impuestos, fondos para las provincias.
El caso chileno suele presentarse como prueba de ese supuesto éxito. El nuevo royalty minero, dicen, permitiría redistribuir parte de la renta extractiva hacia las regiones. Pero este planteo parte de una trampa, porque no estamos ante una actividad neutra que simplemente genera riqueza a repartir. Estamos ante un modelo que produce, al mismo tiempo, riqueza para unos pocos y daños estructurales sobre los territorios. Y esos daños, en muchos casos, son irreversibles.
No hay ecuación posible entre dinero y agua. No hay balance fiscal que reponga un ecosistema destruido. No hay transferencia estatal que reconstruya una cuenca degradada.
Por eso, la discusión sobre “cuánto dejan las mineras” corre el eje del problema. No se trata de mejorar la distribución del saqueo. Se trata de cuestionar el saqueo en sí.
El ejemplo chileno vuelve a ser ilustrativo. Mientras el Estado recauda más a través del royalty, crecen los conflictos por el agua, se profundiza la dependencia extractiva y se multiplican las soluciones tecnológicas para sostener un modelo que tensiona sus propios límites.
Hoy, gran parte del territorio chileno atraviesa una crisis hídrica estructural. Regiones como Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule y parte del Norte Grande (Antofagasta y Atacama) viven situaciones de estrés hídrico severo o extremo, con cuencas sobreexplotadas y acuíferos en retroceso.
Frente a ese escenario, el “modelo exitoso” recurre a parches cada vez más costosos y regresivos: plantas desalinizadoras para abastecer a la minería y a las ciudades, camiones cisterna para comunidades enteras, megaobras de infraestructura hídrica. Es decir, se usa parte de lo que deja la extracción para gestionar las consecuencias de esa misma extracción. Un círculo perfecto.
Y ni siquiera alcanza. Distintos estudios advierten que, de mantenerse esta dinámica —marcada por el cambio climático, la sobreexplotación y el extractivismo intensivo—, amplias zonas de Chile podrían enfrentar una crisis hídrica crítica hacia 2040, con disponibilidad de agua cada vez más limitada.
En ese marco, aparece con claridad una idea que incomoda tanto al poder político como al económico: no existe regalía justa para una actividad injusta. Porque aceptar que el daño puede compensarse económicamente implica aceptar, en última instancia, que todo puede ser puesto en venta. Incluso el agua. Por eso, cuando se propone reformar la Ley de Glaciares en nombre del “desarrollo” o de la “necesidad de divisas”, lo que realmente se está discutiendo es si los bienes comunes pueden ser degradados a cambio de una compensación económica.
Si avanzan, el conflicto crece
El oficialismo busca avanzar con la modificación de la ley en el Congreso. Pero lejos de cerrar el problema, eso lo va a profundizar. Porque si algo quedó claro en estas semanas es que existe una enorme base social dispuesta a defender los glaciares. Y cuando no hay licencia social, lo que hay es conflicto.
Avanzar sobre los glaciares no va a traer gobernabilidad: va a abrir un escenario de resistencia, judicialización, organización y lucha en las calles. Lo que intentaron silenciar en la audiencia ya se está expresando en las calles. Las movilizaciones, las marchas de antorchas, las acciones en distintas provincias y la articulación entre organizaciones sociales, ambientales, estudiantiles y sindicales muestran que la defensa del agua se convirtió en una causa nacional.
Venimos, además, de grandes demostraciones de fuerza —como el 24 de marzo— donde millones salieron a las calles. Ese clima también atraviesa esta lucha. Porque no se trata solo de glaciares. Se trata de qué país queremos.
Y no, no alcanza con resistir
La defensa de los glaciares plantea un desafío más profundo: construir una alternativa. El extractivismo no es solo una política económica, es una forma de organizar la sociedad, de relacionarnos con la naturaleza y de definir qué vidas importan y cuáles son descartables.
Frente a eso, empieza a abrirse paso la necesidad de otro horizonte: una perspectiva ecosocialista que ponga en el centro la vida, los bienes comunes y la decisión colectiva. No alcanza con frenar proyectos. Hay que discutir el modelo. En ese camino, la construcción de espacios de formación, organización y debate —como las Escuelas Ecosocialistas— se vuelve una herramienta clave para pensar y construir una salida.
Un programa para decidirlo todo
Si el problema es que un puñado de corporaciones decide sobre el agua, la respuesta no puede ser simplemente frenar proyectos. Tiene que ser disputar quién decide sobre la economía en su conjunto. Desde una perspectiva ecosocialista, la salida no es regular mejor el extractivismo. Es superarlo.
Prohibir la megaminería
El primer punto es claro: prohibición de la megaminería en zonas glaciares y periglaciares, protección efectiva de las cuencas hídricas, respeto a los territorios y a las comunidades.
Planificación democrática de la economía
Hace falta construir otra lógica productiva: planificación social y democrática de la economía, con participación real de comunidades, trabajadores y científicos, orientada a cubrir necesidades sociales y no la ganancia.
Diversificar y reindustrializar
El chantaje extractivista siempre es el mismo: “sin minería no hay desarrollo”. La respuesta es otra: reconversión y diversificación productiva, reindustrialización con criterio social y ambiental.
Algunos ejes posibles:
Ferrocarriles: red integrada para transporte de personas y producción.
Astilleros y marina mercante: recuperar capacidad industrial y soberanía logística.
Puertos y control del comercio exterior: recuperación del Paraná y el Río de la Plata.
Industria energética: transición bajo control público con energías renovables.
Construcción y vivienda: plan masivo de infraestructura social.
Agroecología: prohibir el modelo extractivo del agronegocio.
Industria metalmecánica y tecnológica: producción orientada a necesidades internas.
Industria farmacéutica y de salud pública.
Tecnología y conocimiento: desarrollo científico aplicado a necesidades sociales.
Control social de la producción.
Nada de esto es posible si las decisiones siguen en manos de corporaciones o burócratas. Por eso, el eje es claro: control de los trabajadores y las comunidades sobre los procesos productivos, democratización real de las decisiones económicas, fin del secreto empresarial sobre recursos estratégicos.Porque no se trata solo de qué producir. Sino de quién decide. Es una disputa por el poder. Y en esa disputa hay que tomar partido.
