La declaración del contratista suma detalles incómodos: obras de lujo, pagos en negro y números que no cierran para un funcionario que predica austeridad.
Una causa que sigue sumando piezas
La investigación que involucra a Manuel Adorni sumó un nuevo capítulo con la declaración de Matías Tabar, el contratista encargado de las refacciones en su vivienda ubicada en el country Indio Cua.
El testimonio solicitado por el fiscal federal, Gerardo Pollicita, se incorpora a una causa que busca determinar el origen de los fondos utilizados para las obras, en el marco de las sospechas sobre inconsistencias entre los ingresos declarados por el funcionario y su nivel de gastos.
Obras bajo la lupa
Las refacciones realizadas en la propiedad incluyen trabajos de magnitud que ahora son objeto de análisis judicial. El contratista sostuvo que Adorni le pagó en efectivo por los arreglos que hizo allí, 245 mil dólares y que la obra duró entre octubre de 2024 y mayo de 2025.
La vivienda, adquirida a fines del 2024 cuenta con expensas de $700 mil por mes, que están suscritas a nombre de Bettina Angeletti, su cónyuge. También trascendió, que durante el periodo de obras, la pareja había alquilado otra propiedad en el mismo country abonando 13 mil dólares por mes. Números que distan de las declaraciones juradas del funcionario.
Cascadas del poder
Según las escrituras, la propiedad había costado 120.000 USD, sus remodelaciones duplicaron aquel valor: El presupuesto inicial de la obra era de 128.000 USD, con gastos que se fueron sumando hasta llegar al monto de 245.929 USD.
El contratista, Matias Tabar, brindó mensajes e incluso un excel donde se detallan los gastos de la casa de los sueños de la familia Adorni, allí se menciona que el jefe de gabinete gastó, por ejemplo, 3500 USD para crear una cascada y 9780 USD para una bomba de agua para el jacuzzi (que cuenta incluso con apoyacabezas).
Se hizo hincapié en distintos pagos, siempre en efectivo, en dólares y sin ninguna factura o recibo, que dan una suma de 225.000 USD, dejando como saldo pendiente 20.929 USD que el jefe de gabinete le debe a Matias Tabar.
Negar, negar, negar…
Desde el gobierno niegan que aquellos montos sean los que se pagaron por las refacciones, antes de que los mismos sean difundidos por la declaración del arquitecto Tabar, el propio Adorni intentó comunicarse con el testigo por medio de mensajes temporales.
El resultado de aquella intervención buscando obstaculizar la investigación es que ya hay una denuncia en el ámbito judicial solicitando la detención del exvocero presidencial.
Un patrón que se repite
El caso no aparece como un hecho aislado. Se inscribe en una serie de denuncias que involucran a funcionarios del gobierno y que vuelven a poner en cuestión la relación entre lo público y lo privado.
Las investigaciones sobre viajes, contrataciones y patrimonio de distintos integrantes del oficialismo empiezan a configurar un escenario donde los límites entre gestión estatal y beneficios personales se vuelven difusos.
En particular, Adorni y su familia parecen haber acumulado muchos gastos postergados antes de llegar a la función pública. El problema es que ni los ingresos del funcionario ni los de su cónyuge pueden explicar las cataratas de ingresos para consumar sus viajes, propiedades de ensueño y gastos de lujo.
Entre el discurso y los hechos
El gobierno de Javier Milei construyó su identidad política sobre la denuncia de la “casta” y la promesa de terminar con los privilegios.
Sin embargo, las causas judiciales que avanzan sobre funcionarios cercanos exponen una contradicción evidente: mientras se impulsa un ajuste profundo sobre las mayorías, emergen prácticas que remiten a viejas lógicas de poder.
La dimensión política del caso
Más allá de lo que determine la Justicia, el caso abre una discusión política de fondo: quién controla a los funcionarios y cómo se garantizan mecanismos reales de transparencia.
Cuando las explicaciones no aparecen y las investigaciones se acumulan, lo que se pone en juego no es solo la situación individual de un funcionario, sino la credibilidad de todo un gobierno.
Mientras se exige sacrificio a millones, aparecen indicios de privilegios en las alturas del poder. Y cuando el ajuste cae sobre las mayorías pero los beneficios circulan entre unos pocos, queda al descubierto que la discusión es sobre quién se queda con los recursos y quién paga la crisis.
Por otro lado, aun con toda la evidencia a la vista, el jefe de gabinete sigue impune y sostenido, no solo por el gobierno sino por una Justicia que evita ir a fondo. Por tal motivo, sigue siendo imprescindible la conformación de una comisión investigadora independiente que pueda terminar de desenmascarar este caso y que tanto Adorni como el resto de los implicados paguen con todo el peso de la ley.
