Manuel Adorni regresó este lunes a encabezar sus habituales conferencias de prensa en la Casa Rosada tras un prolongado silencio que comenzó el pasado 25 de marzo. Aquella fecha coincidió con el estallido de las primeras revelaciones sobre su vertiginoso crecimiento patrimonial y los negocios contractuales que involucran a la TV Pública junto a su amigo personal Marcelo Grandío.
Con la misma cara de piedra de siempre, el funcionario volvió a ponerse frente a los micrófonos sin aclarar absolutamente nada sobre la trama de corrupción que lo rodea. Su única respuesta ante las sospechas de enriquecimiento ilícito fue que brindará las explicaciones necesarias únicamente ante la justicia. Recurso para dilatar los plazos mientras el poder político le garantiza impunidad frente al reclamo de transparencia de toda la sociedad.
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Este retorno se produce apenas unos días después de que Adorni presentara su primer informe de gestión ante la Cámara de Diputados en una sesión extensa donde evitó dar respuestas de fondo. A pesar de haber recibido cuestionamientos directos por parte de la oposición sobre sus bienes y el financiamiento de sus viajes familiares, el jefe de Gabinete se limitó a leer un documento interminable para eludir las definiciones concretas.
El gobierno decidió abroquelarse para defender al funcionario; a diferencia de otros casos, donde se apartó a los implicados ante la mínima sospecha, con Adorni la orden es el blindaje total. Todo esto sucede frente a una causa judicial que, día tras día, acumula elementos sobre el desbalance entre sus ingresos y su estilo de vida de lujo.
Restricciones a la prensa
La reapertura de la sala de periodistas en Balcarce 50, tras diez días de clausura inédita, llegó acompañada de fuertes restricciones que alteran profundamente la labor cotidiana en la sede gubernamental.
Bajo la excusa de un supuesto caso de espionaje interno por la filmación de pasillos con anteojos con cámara, el gobierno impuso un protocolo de seguridad que afecta principalmente a los medios más pequeños y menos alineados con el discurso oficial. Entre las nuevas medidas se encuentran la prohibición absoluta de circular por pasillos tradicionales o permanecer en el Patio de las Palmeras, además del esmerilado de vidrios para impedir que los cronistas visualicen quiénes entran o salen de los despachos oficiales.
Estas reglamentaciones transformaron el espacio de trabajo en un encierro donde el contacto con las fuentes y el movimiento de los funcionarios queda totalmente vedado para la prensa acreditada.
Durante la conferencia de prensa, Adorni tuvo el cinismo de afirmar que este gobierno es el que más ha trabajado por asegurar la libertad de prensa y que bajo ninguna gestión el periodismo tuvo tanta libertad para expresarse. Sus palabras chocan con la realidad material de los controles policiales en los ingresos y los escaneos de metales que ahora deben sortear los trabajadores para cumplir sus tareas.
Mientras el jefe de Gabinete vende un relato de apertura, las estadísticas internacionales desmienten categóricamente sus declaraciones. El último informe[i] de Reporteros sin Fronteras muestra que la Argentina perdió 11 puestos en el ranking de libertades periodísticas durante el año 2026 bajo el mandato de Javier Milei. Desde la asunción de este gobierno el país acumula un descenso estrepitoso de más de 69 posiciones por el auge de la hostilidad institucional y la violencia contra quienes cubren las manifestaciones sociales.
Investigación independiente y castigo a la casta “adornada”
La continuidad de Manuel Adorni en su cargo se vuelve insostenible mientras sigan apareciendo pruebas que complican su situación patrimonial y él se niegue a dar explicaciones públicas claras. Es urgente exigir la remoción inmediata de un funcionario que utiliza su posición de poder para ampararse en el silencio judicial mientras el descontento social aumenta por las políticas de hambre que él mismo defiende cada mañana.
No podemos dejar pasar la hipocresía de una gestión que habla de combatir a la casta, pero utiliza la represión y la censura para tapar la corrupción de sus propios integrantes frente a la resistencia popular.
Para llegar al fondo de la verdad, es fundamental la conformación de una investigación independiente que no esté viciada por la complacencia de los jueces que habitualmente favorecen al Poder Ejecutivo. Solo de esta manera se podrá determinar el origen real de los fondos que financian los viajes y las adquisiciones multimillonarias de una familia que parece haberse “adornado” a costa del Estado nacional.
Hay que denunciar con fuerza que este ataque al periodismo y a la libertad de prensa, va de la mano con la necesidad oficial de ocultar la corrupción de la casta libertaria. Es imperativo castigar a estos personajes que se ríen en la cara de quienes trabajan y estudian mientras ellos se enriquecen sin dar cuenta de sus actos.
