La obra social de los jubilados atraviesa un estado de asfixia financiera que amenaza con convertirse en una crisis terminal para millones de personas en todo el país. El PAMI se encuentra hoy bajo la órbita del ministro de Salud Mario Lugones y enfrenta una deuda millonaria que alcanza los $500.000 millones acumulados con diversos prestadores del sistema sanitario.
Esta situación de descalabro operativo viene generando un impacto directo en la atención médica diaria porque las clínicas y los laboratorios comenzaron a reprogramar estudios y cirugías ante la falta de pagos regulares. La incertidumbre sobre la continuidad de las prestaciones es total y deja a más de cinco millones de afiliados en un estado de desprotección absoluta frente a sus necesidades de salud más elementales.
El desfinanciamiento del organismo responde a una lógica política deliberada que busca pisar los fondos para sostener un superávit fiscal a costa de la vida de las personas mayores. Los prestadores privados denuncian que la mora en el envío de partidas ya superó los tiempos habituales de gestión y que la liquidez del instituto se encuentra en niveles críticos. Mientras tanto la respuesta oficial consiste en dilatar las soluciones mediante reuniones técnicas que no logran destrabar el flujo de dinero necesario para normalizar el servicio. Esta parálisis no se debe únicamente a la caída de la recaudación generado por el ajuste libertario, acá también son protagonistas las internas políticas dentro del gabinete libertario que utiliza las cajas del estado como herramientas de presión.
La interna oficialista y el desvío de responsabilidades
En medio de este escenario de colapso la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, decidió realizar un movimiento rápido para despegarse de la tormenta que envuelve al organismo. A través de un comunicado oficial en redes sociales ella aclaró que el PAMI y el área de discapacidad no dependen de su cartera y que toda la responsabilidad recae exclusivamente en manos de Mario Lugones. Este gesto de la ministra busca evitar que el costo político del ajuste sobre los jubilados afecte su propia imagen pública en un momento de gran sensibilidad social, la cual viene de acabar con el programa de Volver al Trabajo. El mensaje fue tajante al señalar que cualquier consulta o reclamo vinculado a estas áreas debe ser canalizado a través de las autoridades competentes del ministerio de Salud.
Por su parte, Lugones, mantuvo una reunión clave con el ministro de economía Luis Caputo el miércoles pasado en el Palacio de Hacienda. El objetivo del encuentro fue evaluar la situación financiera de la obra social y encontrar algún mecanismo técnico que permita liberar los fondos retenidos por el Tesoro Nacional. Los equipos de ambos ministerios intentaron mostrar una imagen de coordinación y productividad ante la prensa, pero la realidad indica que la deuda sigue creciendo sin soluciones de fondo. El sector privado de la salud advierte que sin una inyección inmediata de capital la interrupción de los servicios será total en el corto plazo porque ya no pueden sostener la presión impositiva y los costos operativos sin cobrar por sus servicios.
El vaciamiento como estrategia política
La gestión libertaria utiliza la motosierra para vaciar los organismos públicos y el PAMI es uno de los blancos de este ataque sistemático. Esta política de destrucción de la seguridad social afecta tanto a los trabajadores del instituto como a los millones de afiliados que ven cómo se degradan sus derechos conquistados. La situación es indignante porque se produce mientras el gobierno protege los negocios privados y busca convertir cada área del Estado en un botín para los amigos del poder. Atacar a la obra social más grande de América Latina representa otra forma de golpear a los jubilados que ya sufren un recorte violento de sus ingresos reales.
Se vuelve fundamental pelear por la vigencia plena de la obra social y exigir que se restituyan de inmediato todas las coberturas médicas y en medicamentos, que fueron recortadas en estos últimos años. Los jubilados en la mayoría de los casos perciben haberes que no alcanzan para cubrir una canasta alimentaria de indigencia y quitarles el acceso gratuito a los remedios ya es una condena directa a la miseria. Hay que pelear para que el gobierno deje de jugar con la salud de las personas para cumplir con las metas del FMI y priorizar la vida de quienes aportaron durante décadas al país. En este sentido, hay que pelear por la democratización del PAMI para evitar que se roben los fondos y lo vacíen. Impulsando, también, la lucha en el camino de poner en pie un sistema único de salud estatal, universal y gratuito.
