Con el objetivo de intentar seguir construyendo el blindaje al jefe de Gabinete, Javier Milei encabezó una cumbre en la Quinta de Olivos junto al imputado por enriquecimiento ilícito y decidió no soltarle la mano todavía. La urgencia del mandatario se explica porque la situación de Manuel Adorni se encuentra en una fase de extrema fragilidad luego de casi un mes de permanecer bajo el ojo de la tormenta por sus manejos patrimoniales.
Para intentar apuntalar la figura desgastada del funcionario se le armó una agenda cargada de actividades para los próximos días. Estas tareas resultan muy parecidas a las que venía desempeñando cuando ocupaba la vocería presidencial y buscan mantenerlo en escena para simular una confianza que el resto del arco político ya no le tiene. Sin embargo, las limitaciones del propio Adorni y el camino inevitable por el que transita su causa de enriquecimiento ilícito le ponen un límite al apoyo presidencial.
Esta reunión de trabajo fue presentada por las líneas oficiales como un encuentro para delinear la segunda etapa de la gestión libertaria y proyectar metas operativas para los años venideros. Detrás de ese discurso institucional se esconde la verdadera razón de la cita, la cual surgió de manera urgente luego de que el Jefe de Gabinete suspendiera la conferencia de prensa que tenía programada para la mañana del miércoles. El gobierno ya tiene la experiencia previa de cuando el funcionario volvió a las cámaras para intentar justificar las graves acusaciones en su contra. En aquella oportunidad las defensas personales de Adorni no fueron suficientes para tapar el escándalo. Sus cualidades no alcanzaron para hacerle frente al interrogatorio periodístico y sus declaraciones dejaron más dudas que certezas alrededor de su supuesta inocencia.
En la última semana se conocieron detalles todavía más comprometedores sobre sus adquisiciones inmobiliarias y la conferencia suspendida amenazaba con convertirse en un nuevo campo de batalla imposible de ganar.
Propiedades sin declarar y ¿un nexo con el narco?
La causa judicial que agobia a Adorni aporta elementos nuevos todos los días y complican su permanencia en el cargo de manera casi irreversible. Este proceso, de alguna manera, marca el nivel de descomposición de una clase dirigente que predica contra la casta mientras multiplica sus propios privilegios.
El derrotero de irregularidades va desde el polémico viaje a Nueva York junto a su esposa, donde supuestamente el funcionario fue a deslomarse trabajando, hasta el uso de un jet privado para vacacionar en Punta del Este. Se suman a esto los contratos sospechosos con su amigo Marcelo Grandio y la adquisición de una serie de propiedades que no coinciden en absoluto con sus ingresos declarados. El caso del departamento en el barrio de Caballito resulta especialmente interesante por la historia de su adquisición. Adorni declaró haber pagado ese inmueble con un préstamo de U$S200.000 otorgado por las propias vendedoras, quienes al ser consultadas por la prensa aseguraron no conocer al funcionario. Incongruencias que por el peso del caso se pueden ir destrabando.
Ahora el avance de la investigación judicial puso el foco sobre la escribana Adriana Mónica Nechevenko, quien certificó tanto la compra del departamento de Caballito como la de una casa en el country Indio Cua. Esta profesional debe declarar bajo juramento luego de que se detectaran inconsistencias graves en los valores registrados de las propiedades. Lo verdaderamente llamativo es el historial de Nechevenko, quien hace doce años fue testigo en un megajuicio contra una banda de narcotraficantes que traficaba efedrina. La escribana trabajaba para personajes que terminaron condenados por importar toneladas de precursores químicos para la elaboración de drogas sintéticas.
Todo este sector descompuesto de testaferros y laboratorios fantasma es un elemento que se repite en los casos de corrupción de diversos funcionarios de este gobierno. No se puede olvidar que este tipo de vínculos también salpicaron en su momento a José Luis Espert y su relación con Fred Machado. La presencia de una escribana con semejantes antecedentes en las operaciones privadas del Jefe de Gabinete mancha nuevamente la imagen del gobierno.
Adorni: un funcionario acorralado
Si la realidad no lo saca eyectado de sus funciones antes de tiempo, Adorni debería hacerse presente en la Cámara de Diputados el próximo 29 de abril para brindar su informe mensual de gestión. Frente a él lo espera una catarata de preguntas que ya supera las 5.000 intervenciones registradas por los distintos bloques. Hacerle frente a esta situación parlamentaria podría salirle muy caro al Ejecutivo. El ex vocero ha demostrado una marcada incapacidad para defenderse ante preguntas directas y su exposición en el Congreso amenaza con arrastrar a otros integrantes del gabinete. Es fundamental recordar que los hermanos Milei continúan en el centro de la investigación por la criptoestafa de $LIBRA y cualquier movimiento en falso del Jefe de Gabinete podría reactivar ese foco de conflicto que el gobierno intenta silenciar.
La idea de soltarle la mano a Adorni empieza a tomar cuerpo dentro de las oficinas de la Casa Rosada a pesar del blindaje que se intenta construir. Con la situación económica actual destruyendo el bolsillo de los trabajadores y los casos de corrupción acumulándose, el presidente Milei podría verse obligado a tomar una decisión para evitar que el daño sea total.
Los detalles conocidos sobre la propiedad de Caballito dejan al funcionario totalmente en offside por la naturaleza turbia de la operación financiera. Ya ni siquiera los sectores de la justicia amigos del poder pueden sostener su figura sin que esté atado oficialmente al proceso judicial por enriquecimiento ilícito. El descontento social por los viajes de lujo y las propiedades que aparecen de la nada en el haber de un funcionario que se dice enemigo de los privilegios es un golpe que el gobierno recibe con cada nueva revelación.
Con esta montaña de corrupción que se eleva cotidianamente, es fundamental exigir la separación inmediata de Manuel Adorni de su cargo público porque no hay explicaciones que alcancen para justificar su permanencia en funciones. Las respuestas que ha brindado hasta el momento han sido inentendibles y carecen de cualquier respaldo documental sólido.
Al mismo tiempo es fundamental comenzar con un proceso serio para terminar con estos casos de corrupción sistémica que solo se solucionarían con una investigación totalmente independiente a todos los poderes del Estado. La conformación de una comisión investigadora que cuente con todas las herramientas necesarias para avanzar hasta el final de este caso y castigar con toda la severidad que se requiera a los responsables, sería la herramienta indispensable si se quiere tener claridad ante esta oleada de casos de corrupción.
