La Cámara de Diputados sesionó ayer y el oficialismo logró una media sanción para una nueva ley de ajuste. Esta normativa recorta de forma brutal los subsidios al gas para los usuarios categorizados dentro del Régimen de Zonas Frías. La medida golpea a millones de hogares ubicados en zonas de bajas temperaturas, donde el consumo constante de gas representa una necesidad básica para poder afrontar el invierno. El gobierno libertario consiguió los 132 votos afirmativos gracias a un acuerdo escandaloso con distintos bloques aliados y gobernadores. En la misma jornada de debate legislativo también lograron aprobar la polémica Ley Hojarasca redactada por el ministro Federico Sturzenegger.
Todo este avance contra el bolsillo del laburante comenzó con una maniobra parlamentaria diseñada para proteger a los propios funcionarios oficiales. El bloque de La Libertad Avanza juntó el quórum temprano para blindar a Manuel Adorni y evitar la sesión impulsada por la oposición. Ese encuentro paralelo tenía el objetivo de interpelar al jefe de Gabinete por sus escándalos de enriquecimiento ilícito. Al lograr imponer su propia agenda legislativa, el oficialismo desactivó los pedidos de explicaciones y bloqueó el tratamiento de temas urgentes como el desfinanciamiento universitario. De esta manera el gobierno avanzó sin demoras con su paquete de medidas de empobrecimiento masivo.
El recorte a las Zonas Frías y el salvataje empresarial
El proyecto ataca directamente el esquema que aliviaba el costo de la energía para casi 4 millones de hogares en todo el país. La iniciativa elimina el descuento automático para amplios sectores medios y trabajadores de 15 provincias diferentes. La eliminación de esta ayuda impacta de lleno en los municipios del interior de Buenos Aires, el sur de Santa Fe y gran parte de la provincia de Córdoba. En adelante el beneficio quedará limitado a los hogares que logren acreditar extrema vulnerabilidad económica. Por otro lado, la región de la Patagonia y la Puna mantiene el subsidio pleno, aunque con una cobertura menor que deja afuera los enormes costos de transporte y distribución. Esto provocará que las facturas de gas aumenten de forma drástica en pleno invierno.
Al mismo tiempo que castiga a los usuarios, la normativa establece beneficios millonarios para las grandes corporaciones del sector. El proyecto incluye un mecanismo excepcional para que las distribuidoras privadas puedan saldar sus deudas millonarias con la empresa mayorista Cammesa mediante compensaciones estatales. Esta transferencia escandalosa de recursos públicos hacia los grandes capitales expone la verdadera cara de la motosierra libertaria.
Semejante nivel de saqueo requirió la complicidad absoluta de quienes dicen ser opositores. El gobierno consiguió la media sanción gracias a los votos afirmativos del PRO, la UCR y el MID. A estos bloques se sumó el apoyo indispensable de los legisladores que responden a diversos gobernadores provinciales ligados al peronismo y a fuerzas locales. Mandatarios como Osvaldo Jaldo de Tucumán, Gustavo Sáenz de Salta, Hugo Passalacqua de Misiones y Raúl Jalil de Catamarca entregaron el bienestar de los patagónicos y bonaerenses a cambio de una promesa. El oficialismo utilizó un supuesto beneficio tarifario de Zonas Cálidas para el verano como moneda de cambio y logró comprar las voluntades necesarias en el recinto.
Hay que señalar a todos estos colaboradores que sostienen el plan de ajuste de Javier Milei. El presidente atraviesa una crisis política gigantesca rodeado de causas de corrupción y feroces peleas internas. El gobierno avanza con su plan de ajuste exclusivamente porque encuentra un respaldo constante en estos aliados legislativos. Esta falsa oposición negocia favores a espaldas del pueblo trabajador para garantizarle al Ejecutivo los votos que necesita para destruir las condiciones de vida de las mayorías.
La Ley Hojarasca como herramienta de entrega
En línea con este ataque económico se ubica la media sanción de la Ley Hojarasca. Este proyecto viene con la firma de Federico Sturzenegger y se presenta bajo la falsa excusa de limpiar normativas obsoletas para desburocratizar el Estado. La realidad demuestra que el texto funciona como un mecanismo encubierto para destruir áreas estratégicas de la soberanía nacional. El oficialismo obtuvo 138 votos a favor gracias al mismo conglomerado de legisladores afines que avalaron el tarifazo del gas.
La propuesta de Sturzenegger avanza directamente contra los bienes sociales y el patrimonio del país. Entre sus puntos más perjudiciales deroga la ley que declara de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos. También elimina las normativas que limitan la participación de capitales extranjeros en las empresas de comunicación nacionales. Todo este paquete destructivo busca barrer con los derechos adquiridos y los marcos regulatorios para dejar el campo completamente libre a los negocios de los grandes monopolios internacionales.
El escenario legislativo actual confirma que el oficialismo pretende descargar el peso de su crisis directamente sobre las espaldas del pueblo trabajador. Recortar el acceso a la calefacción esencial y destruir el ya endeble andamiaje protector de la industria forman parte de un mismo modelo de empobrecimiento sistemático. Frente a esta impunidad sostenida por la vieja política. La movilización es el único camino efectivo para detener esta maquinaria de saqueo y construir una alternativa propia para las mayorías.
