La Casa Rosada envió al Congreso un proyecto para derogar más de 70 leyes que considera “obsoletas”. Mientras intenta relanzar su ofensiva desreguladora, crecen las críticas por el trasfondo político y el impacto sobre derechos conquistados.
El prisma libertario
Impulsada por Federico Sturzenegger, la iniciativa se inscribe en el programa de ajuste y desregulación. Llega en un momento en el que el oficialismo busca recuperar iniciativa tras semanas de crisis y cuestionamientos.
En un intento por retomar la iniciativa política, el gobierno nacional envió al Congreso la llamada “Ley Hojarasca”, un proyecto que propone derogar más de 70 normas vigentes bajo el argumento de que son “obsoletas” o innecesarias.
La jugada no es casual. Después de días atravesados por polémicas y desgaste —con el jefe de gabinete en el centro de la escena—, el oficialismo busca volver a instalar su agenda: desregulación, achique del Estado y eliminación de derechos bajo el discurso de la “modernización”.
Una ofensiva para desregular y recortar
El proyecto, impulsado por el ministro Federico Sturzenegger, apunta a “depurar” el sistema legal eliminando leyes que, según el gobierno, generan burocracia o limitan libertades individuales.
Entre los fundamentos, el Ejecutivo sostiene que la acumulación normativa genera costos e inseguridad jurídica, y que muchas regulaciones fueron superadas por el paso del tiempo o por avances tecnológicos.
Pero detrás de ese discurso técnico aparece una orientación política clara: avanzar en una profundización del modelo de desregulación que el gobierno viene impulsando desde el inicio de su gestión.
No es la primera vez. La iniciativa ya había sido presentada en 2024, en línea con el paquete de reformas estructurales que incluyó la Ley Bases y el DNU 70.
Qué hay detrás de la “hojarasca”
El listado de leyes a eliminar no es menor. Incluye normas vinculadas a distintas áreas del Estado, e incluso algunas que refieren a políticas públicas estratégicas.
Por ejemplo, el gobierno busca derogar leyes vinculadas a la producción pública de medicamentos, a regulaciones culturales o a marcos que históricamente intervinieron en la economía.
Bajo la consigna de que “los derechos no requieren leyes”, el oficialismo abre la puerta a una concepción donde el mercado pasa a ocupar un lugar central, desplazando al Estado como garante de derechos.
La pregunta de fondo es evidente ¿qué se considera “obsoleto”? ¿y quién define qué derechos sobran?
Retomar la agenda tras la crisis
El envío del proyecto también debe leerse en clave política. Luego de días donde el gobierno quedó a la defensiva —con errores, internas y cuestionamientos públicos—, la “Ley Hojarasca” aparece como un intento de cambiar el eje de la discusión.
Pasar de la crisis a la ofensiva. Del desgaste a la iniciativa. En ese sentido, el oficialismo busca volver a instalar su narrativa: un Estado sobredimensionado que debe ser recortado y una sociedad que supuestamente se beneficiaría de menos regulaciones.
Una disputa de fondo
Sin embargo, lo que se presenta como una simple “limpieza normativa” es en realidad parte de una disputa más profunda.
Porque eliminar leyes no es un acto neutro. Implica redefinir qué rol tiene el Estado, qué derechos se sostienen y cuáles quedan librados a las reglas del mercado.
En un contexto de ajuste, conflictividad social y avance sobre marcos regulatorios —como también se ve en debates como la Ley de Glaciares—, la “Ley Hojarasca” se inscribe en una estrategia más amplia.
Una estrategia donde, bajo el discurso de la eficiencia, se avanza en una reconfiguración regresiva del Estado y de los derechos sociales.
El gobierno intenta recuperar el control de la agenda. Pero cada nueva ofensiva deja más expuesto el rumbo: menos regulación, menos Estado y más poder para los sectores concentrados.
