Lo que no se nombra no existe. Las agrupaciones políticas que encubren acosadores no pueden tener cabida en nuestra facultad.
Por La Marea – UNT
Juan Carlos “Apu” Albornoz, militante de la agrupación La Bolívar, ayudante de cátedra y ex representante estudiantil en la Facultad de Filosofía y Letras de la U.N.T. fue denunciado por más de 30 compañeras por situaciones de acoso, manipulación y violencia digital. A esto se suma la denuncia contra un trabajador no docente involucrado en los hechos, lo que vuelve todavía más grave el entramado de complicidades y abuso de poder dentro de la institución.
En los últimos días salió a la luz que Albornoz utilizaba correos electrónicos de estudiantes —muchas de ellas ingresantes— bajo falsos pretextos, aprovechándose de su lugar de poder, de la confianza y del desconocimiento de las víctimas para acceder a imágenes e información privada, que luego utilizaba para violentarlas y manipularlas.
Las denuncias tomaron estado público durante una asamblea estudiantil impulsada por el hartazgo de las víctimas luego de años de silencio, encubrimiento e indiferencia institucional. Allí, distintas compañeras denunciaron que el Centro de Estudiantes y la agrupación La Bolívar ya tenían conocimiento previo de estas situaciones y decidieron no actuar. Eso también es una definición política.
“Apu” no era “un estudiante más”. Era una figura construida políticamente dentro de la facultad: Referente estudiantil, ex consejero, ayudante de cátedra y parte de un espacio que ocupa lugares de representación. Por eso, este caso no puede reducirse a una cuestión individual. Estamos frente a una trama de abuso de poder, encubrimiento y complicidad política.
Durante la asamblea de Ciencias de la Educación, varias víctimas relataron que intentaron denunciar estas situaciones anteriormente y que nunca recibieron respuestas ni acompañamiento. Algunas incluso formaron parte de la propia agrupación. Sin embargo, eligieron proteger al agresor antes que escuchar a las compañeras.
No alcanza con levantar discursos “progresistas” o publicar en redes sociales consignas sobre una “facultad libre de violencias”. Cuando hubo que actuar, callaron. Y el silencio frente a la violencia machista también es una forma de complicidad.
Este caso también expone el rol político de la conducción del CUEFyL y de la agrupación La Bolívar. Una conducción que hace años actúa como garante de las autoridades universitarias y del ajuste que atraviesa la universidad pública, mientras intenta mostrarse feminista en los discursos. Porque no se puede separar una cosa de la otra.
Quienes administran la precarización, el vaciamiento y la desmovilización estudiantil son los mismos sectores que después priorizan cuidar sus estructuras políticas antes que proteger a las víctimas. Y eso quedó brutalmente expuesto en este caso.
Las denuncias contra Juan Carlos Albornoz no son nuevas. Hace más de un año ya existían advertencias, relatos y denuncias informales realizadas por compañeras, incluso dentro de la propia agrupación. Sin embargo, eligieron mirar para otro lado. No investigaron, no alertaron a la comunidad estudiantil, no apartaron al denunciado de espacios de representación y no acompañaron a las víctimas. Eligieron encubrir, pero también creemos que este debate no puede separarse del contexto que atraviesa hoy la universidad pública.
No puede existir una universidad verdaderamente feminista, democrática y libre de violencias sin presupuesto educativo, sin derechos estudiantiles y sin organización desde abajo. Mientras el gobierno de Javier Milei profundiza un ajuste brutal contra la universidad pública y mantiene paralizada la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario conquistada en las calles, las autoridades y las conducciones estudiantiles burocráticas administran el vaciamiento y sostienen estructuras profundamente excluyentes, elitistas, patriarcales y coloniales.
La violencia machista no aparece en el vacío. Se desarrolla y se reproduce en instituciones donde prima el encubrimiento, la lógica aparatista y el cuidado de estructuras de poder antes que el acompañamiento a las víctimas.
Por eso, desde La Marea sostenemos que la salida no va a venir de las mismas agrupaciones que durante años miraron para otro lado, hicieron demagogia con el feminismo o utilizaron nuestras luchas como una consigna vacía para las redes sociales.
Tampoco confiamos en sectores como Franja Morada, que hoy intentan mostrarse indignados desde el oportunismo político mientras históricamente acompañaron gobiernos y políticas antiderechos ni en quienes llaman a confiar ciegamente en instituciones que ya demostraron ser parte del problema. Nosotres somos parte de otra tradición.
Somos la juventud de la marea verde que conquistó el aborto legal enfrentándose a la Iglesia, a los gobiernos y a todos los dinosaurios antiderechos de esta provincia. Somos la juventud que salió a las calles por justicia por Paulina Lebbos y por cada mujer víctima de la violencia patriarcal y la impunidad en Tucumán. Somos estudiantes de una provincia donde desde el poder político, judicial y policial se sigue garantizando la impunidad mientras desaparecen, violentan y asesinan mujeres y diversidades todos los días y estamos hartes.
Hartes de que se nos pida paciencia. Hartes de que las denuncias se archiven. Hartes de que las agrupaciones utilicen el feminismo para hacer marketing político mientras encubren violentos. Hartes de que quieran convencernos de que no se puede cambiar nada.
Sí se puede cambiar, ero no confiando en quienes sostienen esta estructura. Por eso, desde La Marea apostamos a fortalecer la organización estudiantil independiente, las asambleas y la participación activa desde abajo para discutir colectivamente cómo enfrentar las violencias dentro y fuera de la universidad. La fuerza está ahí y esa fuerza tiene que servir para revolucionar esta facultad machista, elitista, colonial y binaria.
Por eso proponemos:
- Separación inmediata de Juan Carlos Albornoz y del no docente denunciado de todos los espacios institucionales y de representación mientras avancen las investigaciones.
- Una Secretaría de Género y Diversidades dentro del Centro de Estudiantes, con recursos reales y funcionamiento activo.
- Perspectiva de género transversal en todos los planes de estudio.
- Revisión y aplicación efectiva del protocolo de violencia de género de la UNT.
- Espacios seguros e independientes para denunciar situaciones de violencia.
- Acompañamiento integral para las víctimas.
La creación de un Observatorio de Mujeres y Diversidades que ponga el conocimiento producido en nuestra facultad al servicio de combatir la violencia machista y patriarcal que atraviesa a toda la sociedad porque nuestros conocimientos no pueden estar aislados de las problemáticas reales que vivimos cotidianamente.
Desde la asamblea también se votaron distintas medidas y exigencias inmediatas:
- Que las autoridades de la facultad se presenten como querellantes en la causa iniciada por las compañeras;
- que se pronuncien públicamente en un plazo de cinco días hábiles;
- y la revisión urgente del protocolo de actuación frente a situaciones de violencia de género en la UNT.
Toda nuestra solidaridad con las compañeras que denunciaron. Su valentía abrió una discusión que ya no puede volver a esconderse debajo de la alfombra. Porque lo que no se nombra no existe y porque todo lo que intentaron silenciar, hoy empieza a organizarse para dar vuelta esta realidad.
