En San Juan, el gobierno de Marcelo Orrego, el PRO y la UCR, acaba de dar un paso gravísimo contra los derechos laborales al impedir el paro docente de este miércoles 11 y jueves 12, convocado por UDAP, la entidad de base de la CTERA. Apoyándose en la nueva reforma laboral impulsada por el gobierno de Milei, el ministerio de Trabajo provincial exigió a la docencia que se garantice un 75% de presencialidad en las escuelas durante la huelga, lo que vacía de contenido la protesta e impide en los hechos ejercer el derecho de huelga.
La medida fue comunicada a los gremios antes del paro de 48 horas de esta semana. El gobierno exigió que se entregue la nómina del personal que garantizará las “guardias”, advirtiendo que -de no cumplirse con ese porcentaje del 75% de docentes dando clases-, podrían aplicar sanciones. Es decir, una verdadera coerción del gobierno patrón, contra el ejercicio de la protesta.
Este intento de imponer la traposa “esencialidad” educativa, en los términos de la reforma laboral reaccionaria, constituye un precedente muy peligroso. No solo para la docencia sanjuanina, sino para el conjunto de la docencia, sectores estatales, de la salud y demás trabajadores del país.
Un ataque directo al derecho de huelga
La resolución se ampara en la normativa de la llamada “modernización laboral”, que establece que en un gran número de actividades que ahora considerarían “esenciales”, se debe garantizar al menos el 75% del servicio habitual.
Ayer, el gobierno nacional, a través de la ministra Sandra Pettovello y su ministerio de Capital (in)Humano, había anticipado esta orientación al expresar “su repudio a la medida adoptada por gremios docentes” bonaerenses al convocar a paro este lunes 9, en el marco del día internacional de lucha de las mujeres y disidencias.
COMUNICADO OFICIAL@JMilei pic.twitter.com/nJGF69zcWS
— Sandra Pettovello (@SPettovelloOK) March 9, 2026
Por lo que Pettovello “insta a los gobiernos provinciales, responsables de la administración del sistema educativo en su territorio, y a las instituciones educativas, a tomar las medidas necesarias para hacer efectiva la actividad escolar en las aulas y el aseguramiento de los 190 días de clases”.
Pero detrás de ese falaz discurso sobre el “derecho a la educación”, lo que se esconde es una ofensiva para limitar el derecho de huelga, un derecho constitucional conquistado por la lucha histórica del pueblo trabajador. Si el 75% de la docencia en cada escuela debe presentarse a trabajar, el paro queda prácticamente anulado.
El gobierno de Orrego se muestra así como el primero de los gobernadores en aplicar esta medida, actuando como “alumno ejemplar” del ajuste y las reformas regresivas impulsadas por Milei. No es casual: los gobiernos provinciales saben que la docencia es uno de los sectores más numerosos y combativos, y que sus reclamos salariales impactan en los demás trabajadores estatales. Por eso buscan disciplinar a la docencia para extender estas restricciones al conjunto de las y los estatales, la salud y la clase trabajadora más de conjunto.
Una respuesta sindical a revertir
Ante esta intimación, la conducción del sindicato UDAP decidió levantar el paro convocado, lo mismo decidieron UDA y AMET como gremios docentes de la CGT. Esto generó una enorme bronca y confusión entre miles de docentes. La decisión fue tomada luego de que la conducción Celeste de CTERA les anunciara que presentará la próxima semana un amparo judicial, cuestionando la declaración de esencialidad de la educación.
Si bien cualquier acción legal que cuestione esta medida puede ser positiva, lo cierto es que no alcanza con una presentación judicial a futuro mientras se levanta el paro de mañana y pasado. El derecho de huelga se defiende ejerciéndolo y movilizando. Ya lo habíamos adelantado en los Plenarios de UDAP, alertando que la reforma laboral afectaba también a la docencia y la educación, pero no se nos quiso escuchar.
A nivel nacional, otra vez la burocracia Celeste de CTERA se niega a enfrentar como se debe a la ultraderecha. Hay otra salida: es en la calle, en unidad, con democracia sindical y haciendo que la educación sea causa nacional, con el ejemplo del Garrahan.
Además, la aplicación de esta norma es altamente cuestionable. La ley ni siquiera está reglamentada y su aplicación automática por las provincias es más que discutible. El gobierno nacional se desentiende del financiamiento educativo, eliminó el incentivo docente y desconoce las leyes de presupuesto, pero pretende intervenir cuando se trata de limitar derechos laborales básicos para poder cobrar un salario digno que permita educar y vivir, además de reclamar mayor presupuesto y mejores condiciones de trabajo en las escuelas.
Precedente peligroso que se debe rechazar
Se debería rechazar esta intimación, sostener el paro, llamar a movilizar masivamente y convocar al conjunto de los sectores a debatir colectivamente cómo enfrentarla. Y exigir a la vez a la Celeste de CTERA una inmediata acción nacional junto a las CTA y los gremios docentes de la CGT, porque esta acción autoritaria no puede pasar.
Lo que ocurre en San Juan puede transformarse en un precedente nacional. Ya están anunciados nuevos paros para la semana próxima de docentes universitarios y trabajadores de la salud. Si este criterio se impone, los gobiernos podrían aplicarlo cada vez que un sector decida parar.
Estamos ante un intento de inaugurar un nuevo escenario en el cual muchas actividades son declaradas “esencial” para restringir el derecho a la protesta. No se trata solo de la docencia: la reforma laboral esclavista abre la puerta para que esta lógica se extienda. Por eso es clave impedir que este ataque pase.
Solidaridad y respuesta nacional
Desde Alternativa Docente (ANCLA – MST en el FIT Unidad) repudiamos la decisión del gobierno de Orrego y exigimos que se respete plenamente el derecho de huelga de la docencia sanjuanina. Llamamos a las organizaciones docentes del país y a la CTERA a repudiarlo y pronunciarnos de inmediato junto a la Federación Nacional Docente, la Coordinación Nacional Docente, los sindicatos combativos y todas las seccionales opositoras, en defensa de este derecho democrático elemental.
También exigimos a las centrales sindicales, tanto la CGT como las CTA, que repudien esta medida y convoquen acciones de solidaridad, porque el ataque no es solo contra la docencia de San Juan: es contra el conjunto de las y los trabajadores.
Mientras los gobiernos avanzan rápido para restringir derechos laborales, son lentos o no mueven un dedo cuando se trata de enfrentar a los grandes empresarios, a las mineras que saquean los recursos o a los sectores privados de la educación que reciben subsidios millonarios. Esa doble vara muestra claramente de qué lado están.
Defender el derecho de huelga es defender una herramienta fundamental de las y los trabajadores para luchar por salario, presupuesto educativo y condiciones dignas para enseñar y aprender. Ante este intento, debemos organizar la respuesta desde abajo, con pronunciamientos, solidaridad, movilización y la más amplia unidad en la diversidad de todos los sectores. Solo así podremos frenar este avance reaccionario y defender las conquistas históricas de la clase trabajadora, los sectores medios y populares.
Alternativa Docente, ANCLA
MST en el Frente de Izquierda Unidad
