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Se dio a conocer, con bombos y platillos, el siguiente paso del Plan Güemes en el norte salteño. Esta vez, Bullrich y Sáenz coordinan la licitación para llevar adelante un alambrado en Aguas Blancas con el objetivo de frenar el ingreso de inmigrantes bolivianos al país, el narcotráfico y el sicariato. A lo Trump, pero en nuestra propia región. Lejos de ser el muro de Estados Unidos, quieren instalar 200 metros de alambre que en nada afectarán al narcotráfico. Una vez más, demuestran que no les tiembla el pulso para atacar a la clase trabajadora, arrojando responsabilidades que deberían buscar en la misma casta que los acompaña. El narcotráfico que dicen combatir está entre sus filas, no entre quienes trabajan de manera informal al no encontrar otra salida.
La verdadera actividad criminal
Hace una semana, en Mendoza, detuvieron al comandante de Gendarmería Torres, quien trasladaba cocaína desde Salta. ¿Cómo logró trasladarla durante 1.500 kilómetros sin ser detectado? ¿Y cómo lo hizo en varias ocasiones? La respuesta es evidente: el triángulo de impunidad entre las fuerzas armadas, la justicia y el poder político sigue intacto. Con este plan no se acaba el narcotráfico; se usa como excusa para disciplinar a los trabajadores de frontera con nuevos impuestos y la retención de mercadería, que luego es repartida entre las fuerzas.
Fueron precisamente estas imposiciones las que desataron el rechazo de bagayeros y chancheros, provocando una feroz represión que terminó con la vida del joven Fernando Gómez. Su asesinato, junto con los compañeros heridos con balas de plomo, representa la verdadera finalidad de este plan impulsado por el gobierno nacional. Más de un mes después, no se ha identificado a los responsables de esa noche fatídica. Esto muestra el intento de impunidad del Estado, que busca proteger a los gendarmes que dispararon y a quienes dieron la orden de reprimir desde el poder político.
Fernando Gómez, lejos de ser el narcotraficante que Bullrich intentó retratar, sobrevivía en la absoluta pobreza transportando hojas de coca para mantener a su familia. Desde la inmediata reacción popular en Orán hasta hoy, se sigue exigiendo justicia. Al cumplirse dos meses de su asesinato, el 18 de febrero, se prepara un gran festival en su memoria.
Basta de discursos de odio
Denunciamos estas medidas que reafirman las políticas de ultraderecha de Milei, Bullrich y Sáenz. Utilizan el discurso de combate al narcotráfico para encubrir su verdadera agenda de xenofobia y exclusión, sin ofrecer propuestas de empleo para el norte salteño, golpeado desde las privatizaciones de los 90 con Menem y las medidas que avalaron el kirchnerismo y el PJ. Ejemplo de ello son los despidos constantes en Seaboard Corporation (ex Ingenio Tabacal) y la transformación de la producción de cítricos en monocultivo de caña de azúcar.
Sáenz y el PJ continúan escalando en su política antiobrera, implementando protocolos represivos, paritarias a la baja, ecocidio con la megaminería y restringiendo el acceso al derecho a la salud de nuestros hermanos bolivianos, con el falso pretexto de mejorar la atención a los salteños. Esa medida, que Milei busca nacionalizar, no ha mejorado la atención en la provincia, sino que la ha deteriorado aún más debido a la constante desinversión. Todo esto evidencia que el verdadero objetivo es profundizar el ajuste contra el pueblo trabajador.
Al discurso en Davos contra el colectivo LGBTIQ+ y el movimiento de mujeres, se suma ahora esta nueva medida de criminalización hacia los inmigrantes y quienes trabajan en la informalidad.
Rechazamos el cerco de la xenofobia y toda acción que ataque los derechos del pueblo trabajador, que es uno solo y no tiene fronteras. Nos preparamos para marchar por las calles de la provincia contra estas políticas y discursos reaccionarios de la ultraderecha.
Andrea Villegas