Un grupo de referentes y organizaciones sociales y ambientales e investigadores científicos presentaron hoy una denuncia en la justicia provincial contra el gobernador Martín Llaryora, el ministro de Economía y Gestión Pública Guillermo Acosta, la vicegobernadora en su papel de vicepresidenta de la Legislatura Myrian Prunotto, y los legisladores que promovieron y aprobaron la ley 10.997 de adhesión al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) nacional.
Luego de la presentación el biólogo y profesor universitario, doctor Raúl Montenegro, señaló que “la ley del ‘RIGI provincial’ promueve grandes inversiones que podrían agravar la delicada situación ambiental de la provincia”.
La denuncia fue presentada conjuntamente con el abogado Juan Carlos Smith; los doctores Daniel Emerich y Eduardo Maturano; Carlos Alvarez, el geógrafo Pablo Sigismondi; los contadores Adrián Alberto Oitana y Roxana Lorena Bainotti; Marisabel Fernández; Graciela Noemí Ángela Cañarte; Ana Lucía Aguirre; María Inés Salinas; María Eugenia Caraballo; Marta Olinda Maffei; Juan Capi Tulián; Juan Manuel Izzo y Ángel Gerardo Coria.
La denuncia recayó finalmente en la Fiscalía en lo Penal y Económico de Segunda Nominación a cargo del fiscal Franco Mondino.
El RIGI que fue aprobado originalmente como parte de la Ley Nacional de Bases 27.742; establece una serie de beneficios y exenciones para inversiones que superen los 200 millones de dólares. Desde su presentación al Congreso fue considerada inconstitucional por distintos juristas y sectores sociales, pero aún así fue promulgada.
RIGI a la cordobesa
Córdoba no sólo adhirió a esta ley que fue controversial por los beneficios que da a las grandes corporaciones. También, violando las normas vigentes le otorgó facultades discrecionales al gobernador para incluso ampliar esos beneficios
En ese momento, adelantando su voto negativo la legisladora del MST en el FIT-U, Luciana Echevarría señaló:
Para un cheque en blanco como este, no hace falta mucha elaboración, basta con un artículo que faculte al Ejecutivo a aumentar los beneficios y a incorporar sectores que no están contemplados, crear nuevo regímenes…es decir: que los habilite a hacer lo que quiera para seguir beneficiando a sus empresarios amigos con nuestra plata y sin que nadie los moleste. Y ya está.
De hecho… ¿para qué discutirlo en comisiones? Perdí la cuenta de la cantidad de comisiones que tuvimos para discutir, por ejemplo, un proyecto sobre la venta de metales no ferrosos, pero semejante entrega de nuestros bienes comunes y nuestra soberanía llega así… sin debate, rosqueada hasta el final. Primer dato para alertar a la ciudadanía: todos sabemos que cuando los proyectos llegan así, no traen nada bueno para la población.
Montenegro en su presentación agregó:
En su desesperación por obtener dólares frescos, y mostrar alguna inversión extranjera, la gestión de Javier Milei y su apoyo en Córdoba, la gestión de Martín Llaryora, decidieron hacer un super RIGI alineando la ley nacional y el RIGI local. Aunque en Córdoba no habría inversiones en megaminería metalífera, ni yacimientos de petróleo, como sí podría ocurrir en otras en otras provincias, aquí la amenaza se relaciona con los grandes agronegocios y la explotación turística. Pero el RIGI actuaría sobre un territorio ambientalmente destrozado, con sus cuencas hídricas en terapia intensiva.
El abogado Juan Smith, por su parte, detalló las violaciones a normativa vigente implícitas en la aprobación del RIGI local:
En nuestra presentación incluimos un pedido de declaración de inconstitucionalidad de la Ley 27.742 que crea el RIGI nacional, y de la ley 10.997 de aprobación del RIGI provincial. Por un lado -agregó Smith- hay razones de forma. El tratamiento exprés sobre tablas del proyecto enviado por el Ejecutivo el día anterior requería, de acuerdo al Reglamento de la Legislatura, la aprobación de las 2/3 partes de los legisladores habilitados para votar en la sesión respectiva. Entendemos que esa mayoría no se dio, por lo que una decisión posterior asentada o tomada con ese déficit sería ilegal y arbitraria. Pero la torpeza legislativa no terminó allí. La Constitución de la provincia exige para ciertas normativas el tratamiento en Doble Lectura y, en algunos casos, con Audiencia Pública (ley 9003) entre la Primera Lectura y la Segunda Lectura (leyes tributarias e impositivas por ejemplo). Tampoco ocurrió. Esto hizo que el texto aprobado fuese ilegal y arbitrario. Una vez más, quienes primero violan las leyes son los propios funcionarios, por caso el gobernador Martín Llaryora, y algunos legisladores.
Montenegro señaló que la aprobación del RIGI local “fue mucho más allá del incumplimiento de leyes provinciales. Es tal la impunidad con que se manejó el gobernador, la vicegobernadora y algunos legisladores, que violaron dos convenios internacionales. Y los convenios tienen una jerarquía jurídica por debajo de la Constitución, pero por encima de las leyes del país”.
Los denunciantes anunciaron que en los próximos días se irán sumando presentaciones bajo la figura legal del Amicus Curiae, “amigos del Tribunal”, para reforzar sus sólidos argumentos.