Facundo Jones Huala está internado en el hospital intercultural de Nueva imperial, en ngulumapu, en el módulo mapuche donde le permiten atención con Machi. Está internado desde el miércoles, por encontrarse en estado crítico a causa de la huelga de hambre que inició en defensa de su libertad. El longko debería haber sido liberado por la justicia chilena el día miércoles 26 de junio pasado, sin embargo, desde el servicio penitenciario comunicaron otra fecha, el 8 de junio de 2025. Es necesaria la más amplia movilización para exigir que la Justicia trasandina le compute el tiempo que permaneció detenido en la Argentina y de esta forma pueda ser liberado.
El longko es referente de una comunidad mapuche y desde septiembre de 2018 se encuentra detenido en el penal de Temuco en Chile. Fue acusado sin pruebas concluyentes de ingresar clandestinamente a Chile, ser autor del incendio de una propiedad en el fundo Pisu Pisue y portar un arma casera. Con un proceso lleno de irregularidades, es apresado por lo que simboliza en cuanto a la lucha que dan las comunidades por la defensa de sus territorios ancestrales.
Fue con la presión por parte de comunidades Mapuche, de organizaciones sociales, políticas, de DDHH y personalidades que se obtuvo su libertad condicional en enero de 2022. Sin embargo, esta resolución fue revocada por la Corte Suprema chilena y fue detenido nuevamente en enero de 2023 en El Bolsón.
El 4 de enero de 2024 fue extraditado a Chile, por decisión de la Corte Suprema de nuestro país para cumplir la injusta condena que le restaba: un año, cuatro meses y 17 días de pena. Sus abogados, Eduardo Soares y Gustavo Franquet, señalan que “la Corte de Apelación de Valdivia dio garantías de que los 11 meses y 4 días que estuvo detenido en la Argentina se computarán dentro de esos 16 meses, como si hubiera estado preso en Chile, cumpliendo así su condena”.
Es por esto que su detención en el país trasandino es completamente ilegal. Incumple con los términos de su extradición y, por lo tanto, con el tratado de extradición vigente entre Chile y Argentina que se enmarca en el derecho internacional. Es un atropello que solo comprueba el carácter racista y persecutorio de la justicia de ambos países que encarcelan y matan para defender el “derecho” de terratenientes y verdaderos usurpadores extranjeros contra el derecho de las comunidades originarias.
La defensa chilena de Jones Huala presentó un habeas corpus y acciones constitucionales de amparo para lograr su libertad. Tenemos que movilizar y presionar al Estado chileno, en su embajada y consulados, para efectivizar estas medidas. También exigir el cese de toda política de persecución contra el pueblo mapuche en su justa lucha.