Ni terroristas ni usurpadores. Las seis claves del conflicto mapuche

Ante el reclamo mapuche en la Cuesta del Ternero se alzó una repudiable campaña de demonización. Abarca a la gobernadora rionegrina, toda la derecha política desde el macrismo y Berni a Milei y Espert, el aparato judicial, el empresariado y grandes medios y charlatanes como Lanata. Aquí reseñamos los ejes del conflicto, que desnuda la hipocresía del Estado y del gobierno nacional hacia los pueblos originarios.

1. ¿Qué reclama la comunidad mapuche? 

El problema surge ante una recuperación parcial de tierras fiscales por la comunidad mapuche autónoma Lof Quemquemtrew, sobre la ruta provincial 6 entre Bariloche y El Bolsón. Los mapuches son uno de los más de 30 pueblos originarios que habitan en la Argentina, todos preexistentes al Estado-nación. La derecha miente al decir que los mapuches sólo vivían en Chile y recién entraron al territorio argentino hacia 1900: siempre vivieron y se trasladaron a ambos lados de la cordillera. Hoy en nuestro país son unos 110.000, aunque otros estiman hasta 300.000. Su reclamo básico es la tierra, el bien común imprescindible para habitar y sustentarse.

2. ¿Por qué se los acusa de terroristas?

La gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, sin ninguna prueba, denunció penalmente a los integrantes de la Lof por terrorismo. Berni y toda la derecha actúan igual: acusan a los mapuches de terroristas y piden más represión. Y periodistas a sueldo de las corporaciones repiten la misma cantinela racista. Ya bajo el gobierno de Macri se acusó de terrorismo a la supuesta organización armada RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), cuya existencia nunca se probó. En agosto de 2017 la Gendarmería asesinó a Santiago Maldonado en Cushamen, Chubut, y meses más tarde, en noviembre, la Prefectura asesinó al joven mapuche Rafael Nahuel en Villa Mascardi, Río Negro. La demonización de los mapuches es funcional a la sistemática entrega y concentración de tierras en manos de grandes propietarios nativos y extranjeros, proceso alentado por los planes extractivistas que impulsan el macrismo y el Frente de Todos.

3. ¿Qué promesas incumple el Estado?

La reforma constitucional de 1994 “reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos… la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan”. Además, habilita al Congreso a regular la entrega adicional de “tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano” y afirma que “ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos” (art. 75, inciso 17). A su vez, en 2006 se aprobó la Ley 26.160 de relevamiento territorial de comunidades indígenas, que declaró la emergencia en ese tema, suspendió los desalojos y ordenó al INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) relevar los territorios en litigio. El Congreso ya la prorrogó tres veces porque no se terminó el relevamiento y surgieron nuevos reclamos. Ahora el Congreso debate nueva prórroga, lo que tensa la situación. “Hay 1.756 comunidades originarias inscriptas en el INAI, de las cuales 989 ya tienen sus carpetas en mano y 767 son las que restan relevar, principalmente ubicadas en el norte del país”1.

4. ¿Cómo es la posesión de la tierra en la Patagonia?

Los usurpadores no son los mapuches sino otros personajes, nativos y extranjeros. Por ejemplo el inglés Joe Lewis posee todo el Lago Escondido, en tanto que el Grupo Benetton tiene 900.000 hectáreas. Esas tierras Benetton se las compró en 1991 a una compañía inglesa, que las recibió en pago por financiar la conquista del “desierto” del genocida Julio Roca. Esta operación fue ilegal y se mantuvo en secreto por más de un siglo. En 1996, Benetton agregó la minería entre sus actividades. Ése es el verdadero origen del actual conflicto. Para conocer la propiedad de las tierras en el sur ver el cuadro adjunto, basado en un informe del periodista Federico Soria2.

5. ¿Cuál es la actitud del gobierno nacional?

El Estado nacional, que era querellante en la causa penal contra la Lof a través de Parques Nacionales, se retiró. Y el gobierno mandó al embajador en Chile, Rafael Bielsa, a mediar en favor del lonko mapuche Facundo Jones Huala, ilegalmente detenido en Temuco desde hace años. Alberto Fernández, aunque dijo “no estar obligado”, a pedido de la gobernadora y apelando a la represiva Ley de Seguridad Interior envió más gendarmes a la Lof para “colaborar” con la policía rionegrina. O sea, detrás de su ambigüedad el presidente militariza la zona. La razón es simple: este gobierno antepone los intereses de las corporaciones extractivistas a los derechos de los pueblos originarios.

6. En defensa de los pueblos originarios y sus derechos

Repudiamos el envío de gendarmes y todo operativo represivo. La represión y la judicialización jamás resuelven ningún conflicto: lo agravan. El Estado nacional debe concluir el 44% restante del relevamiento que ordena la Ley 26.160 y garantizar la enseñanza bilingüe e intercultural. Y ante los reclamos, junto a los Estados provinciales debería abrir mesas de diálogo con las comunidades y veedores de los organismos de derechos humanos.

En suma, como sistema económico-social lo único superador del capitalismo es la construcción del socialismo: una sociedad sin explotación ni opresión. Por eso no compartimos el indigenismo, ideología que plantea volver atrás, a modos de producción precapitalistas. Como socialistas, defendemos el derecho de los pueblos originarios a sus territorios ancestrales o suficientes, el respeto a su identidad y cultura, incluso debatir a futuro la alternativa de un Estado plurinacional democráticamente constituido, en donde todos los habitantes podamos convivir en paz.

Los dueños de la Patagonia 

Te puede interesar: Las voces mapuches