Aunque la mujer ya ejerció su derecho al aborto en forma legal, sigue la pugna en la justicia sanjuanina. Los pormenores del caso y nuestra opinión.
La mujer a la que su ex marido pretendía hacer parir acaba de presentar un amparo. Es que el 26 de abril, en primera instancia, la Justicia rechazó el pedido del progenitor para obligar a su esposa a gestar contra su voluntad. En ese momento, la mujer concretó su derecho al aborto. Pero el hombre apeló y entonces la Sala III de la Cámara desconoció aquella sentencia y en un fallo retrógrado y abstracto, porque el aborto ya estaba hecho, igual pretendió impedir que la mujer acceda a la IVE en 72 horas como dice la ley. El amparo de la mujer es en respuesta a ese fallo antiderechos.
Justicia patriarcal
Amanda Díaz, la jueza del Juzgado Civil 11° que actuó en primera instancia, correctamente desconoció la denuncia del ex marido por entender que la ley nacional de aborto nos garantiza a las mujeres y demás cuerpos gestantes la autonomía de decisión sobre nuestros propios cuerpos. En la vereda opuesta, la apelación presentada por la defensa del ex marido apuntó a la nulidad de ese fallo por no haber estado presente un asesor de menores, como si un embrión de pocas semanas fuera equiparable a una persona ya nacida.
Finalmente, los jueces camaristas Juan Carlos Noguera Ramos, Sergio Rodríguez y Juan Carlos Pérez, tres varones, ordenaron que la mujer “se abstenga de realizar cualquier práctica que tienda a interrumpir el embarazo hasta tanto la cuestión de fondo sea resuelta”.
La primera ridiculez es que, en un caso así, postergar el derecho de abortar obviamente significa obligar a seguir un embarazo no deseado. Además, ¿cuál sería aquí la “cuestión de fondo” que no sea la voluntad de la mujer? Para estos jueces vale más la institución matrimonial. Aunque la pareja está separada de hecho y la mujer expresó su voluntad de interrumpir el embarazo, para esta Cámara la existencia formal del contrato matrimonial obligaría a la mujer a gestar.
Según argumentan en su retrógrado fallo, “en el matrimonio como institución de orden público (art. 12 c.c. y c), los esposos se comprometen a desarrollar un proyecto de vida en común basado en la cooperación, la convivencia, el deber moral de fidelidad y ambos deben prestarse asistencia mutua”. Y agregan: “el sistema de toma de decisiones que hace a los aspectos más relevantes en la relación conyugal, necesita de forma imperativa de la confluencia de ambas voluntades”.
El juez Noguera Ramos declaró a varios medios su intención política: fortalecer los criterios del Código Civil y Comercial, aprobado durante el gobierno K. Allí el derecho parental y los derechos del “niño por nacer”, que son el argumento de la defensa, les conceden cierta cobertura “legal” a los antiderechos. El fallo busca sentar un precedente peligroso: que los hombres pueden decidir sobre nuestros cuerpos y nuestra decisión de gestar o no. Es decir, ellos eligen cuáles derechos valen más y cuáles menos. El Código Civil prevé obligaciones para el cónyuge no gestante, como el deber de alimentos, pero en ningún caso le concede prerrogativas sobre el cuerpo de la persona cónyuge gestante ni imponer su voluntad sobre continuar o interrumpir un embarazo. Junto con esto, de forma arbitraria y unilateral, los jueces de la Cámara omitieron deliberadamente respetar el derecho al aborto expresamente regulado por la Ley 27.610.
IVE: alertas para que se respete en todo el país
Hoy la defensa de la mujer afectada presenta un recurso para “explicarles” a los jueces que llegaron tarde: las mujeres y las disidencias no pedimos más permiso y vamos a garantizar los derechos que hemos conquistado. Esta pelea jurídico-ideológica en San Juan es otro ejemplo de los desafíos que tenemos. Si los dinosaurios antiderechos se organizan para violentar nuestras decisiones, organicémonos también nosotras y nosotres para enfrentarlos como siempre lo hacemos: con nuestra lucha y movilización.