El domingo 1 de noviembre, docentes y estudiantes se reunieron en Punta Querandí, en Dique Luján, partido de Tigre, a unos 50 kilómetros del centro de Buenos Aires, para participar del Cuarto Encuentro de Estudiantes de Lenguas Indígenas.
«Hoy estamos acá y parece un lugar tan tranquilo, tan apacible. Pero la verdad es que fueron casi 20 años de resistencia para conseguir este espacio que hoy estamos por disfrutar», expresó Pablo Badano, coordinador de los cursos de lenguas indígenas de Tigre, al dirigirse a los asistentes.
Punta Querandí es una de las primeras comunidades indígenas pluriétnicas de la provincia de Buenos Aires en obtener reconocimiento oficial. Allí viven familias de origen guaraní, kolla, qom y de otros pueblos indígenas. Durante las últimas dos décadas, el lugar también se convirtió en un territorio de resistencia frente a los grandes desarrollos inmobiliarios de la zona, que muchas veces avanzaron a costa del ambiente natural y de los sitios sagrados indígenas.
Nacida de la resistencia organizada por la comunidad en los humedales del norte bonaerense, la escuela de lenguas de Punta Querandí busca reparar décadas de silencio promovido por el Estado. Allí, la recuperación lingüística se ha convertido en una herramienta fundamental para la reparación histórica, la reconstrucción identitaria y la defensa del territorio frente al avance inmobiliario y extractivista.
Los encuentros en Punta Querandí comenzaron en 2025, a partir de un pedido de los propios estudiantes. Desde entonces, se han convertido en espacios de intercambio y aprendizaje colectivo, una suerte de peregrinación en la que los alumnos comparten experiencias para fortalecer las prácticas de revitalización lingüística y profundizar su vínculo con el territorio recuperado. Están abiertos a familiares, vecinos y cualquier persona que quiera participar.
La construcción de Punta Querandí
A pocos pasos de donde el arroyo Garín desemboca en el canal Villanueva, que bordea Punta Querandí, un cartel señala un imponente emprendimiento inmobiliario: «Cementerio indígena de 1.000 años bajo el barrio privado Santa Catalina». La empresa EIDICO, propiedad de Jorge O’Reilly, asesor del entonces ministro de Economía Sergio Massa, construyó Santa Catalina entre 1997 y 2000.
«En 2004, Graciela, una vecina, bajó a las orillas del arroyo Garín y encontró restos arqueológicos. Fue ella quien se dio cuenta de que hace mil años habían vivido en esta zona personas de distintos pueblos indígenas», explica Pablo. «Solemos imaginar Buenos Aires como un lugar habitado por europeos o sus descendientes, y dejamos de lado su historia milenaria».
Durante años, familias indígenas de la zona, vecinos y activistas lucharon contra la destrucción inmobiliaria, deteniendo maquinaria y acampando en el territorio en disputa. Sus esfuerzos desembocaron en un acuerdo con el municipio de Tigre, firmado en 2020, que reconoció la propiedad comunitaria de las tierras de Punta Querandí. Ese mismo año se creó la Unión de Pueblos Originarios de Tigre y Escobar. En 2022, además, se aprobó la restitución de los restos de 42 ancestros.
Hoy, el espacio cuenta con una huerta agroecológica, aulas, una cocina, el Museo Autónomo de Gestión Indígena, un vivero, una maloka (espacio de encuentro comunitario), un opy (casa ceremonial guaraní) y una apacheta (ofrenda de piedras).
«Esa resistencia fue dando lugar, poco a poco, a un espacio educativo y cultural donde personas de distintos orígenes podían acercar sus tradiciones. Punta Querandí se reafirmó como un lugar donde las personas podían expresar sus identidades sin miedo ni vergüenza, y el programa de lenguas surgió como una forma de fortalecer esa visión», agrega Pablo.
La primera aula de guaraní abrió sus puertas en 2021, dando inicio al proyecto de Cursos Gratuitos de Lenguas Indígenas. Actualmente, ofrece 12 cursos en cinco lenguas: guaraní, quechua, mapudungun, qom y moqoit. Las clases se dictan tanto de manera virtual como presencial. Estas últimas se realizan una vez al mes en el Centro Universitario Tigre (CUT).
La iniciativa, financiada por la Secretaría de Derechos Humanos del municipio de Tigre, cuenta con docentes indígenas seleccionados mediante un proceso en el que participa la Unión de Pueblos Originarios de Tigre y Escobar. En la última inscripción se recibieron más de 2.200 solicitudes. De ese total, el 41 % se identifica como indígena, el 34 % afirma desconocer sus orígenes ancestrales y apenas el 25 % señala no tener vínculos ancestrales con culturas indígenas. Para muchos estudiantes, estas clases representan la primera oportunidad de reconectar con sus raíces y reconstruir los vínculos con historias familiares atravesadas por generaciones de silenciamiento y negación cultural.
La lengua como forma de sanación
Florencia Britez, de 38 años, se emociona al hablar de su madre, nacida en el departamento de Concepción, en Paraguay, y fallecida hace apenas tres años. Su padre nació en la provincia argentina del Chaco. Ambos hablaban guaraní con fluidez y Florencia creció inmersa en esa cultura. Sin embargo, su madre decidió no transmitir la lengua.
«Tenía miedo de que sufriéramos discriminación en la escuela», cuenta Florencia. «A mí ya me discriminaban por el color de mi piel y estábamos intentando asimilarse».
Tras la muerte de su madre, en 2023, Florencia decidió que algo tenía que cambiar. «Cuando murió, decidí conectarme con la lengua. Era una manera de acercarme a ella», recuerda. Una de sus profesoras de la universidad le habló del programa de Punta Querandí y poco después se inscribió. «Cuando me anoté, me sentí libre. Incluso hoy hay lugares donde no me siento del todo segura, donde tengo que pensar bien antes de hablar. Pero en Querandí me siento protegida», agrega.
Para Florencia, recuperar la lengua de sus padres ha sido un proceso de sanación. Casi todos los viernes y domingos vuelve a Punta Querandí para trabajar en la huerta y realizar visitas guiadas.
«Estudiar guaraní me permitió reconstruir mi historia y empezar a recuperar algo que había perdido: el orgullo. También te hace repensar qué significa realmente la argentinidad. Desde afuera, Argentina parece un país tan blanco. Estos encuentros nos permiten seguir pensándonos en términos políticos y comunitarios. Nos dan herramientas para hablar del racismo estructural», sostiene.
Recuperar las identidades
Verónica Gómez es conocida como «la maestra de maestros». Desde 2021 está a cargo de la formación pedagógica del resto del equipo docente de Punta Querandí. Creció en Quilmes, provincia de Buenos Aires, en una familia guaraní hablante. Como muchas personas de ascendencia mixta, no era consciente de los orígenes de la lengua que se hablaba en su casa. Eso cambió cuando llegó a la adolescencia.
«A cierta edad empezás a preguntarte por qué hablás otra lengua en tu casa. Empezás a preguntarte de dónde viene esa lengua. Es una cuestión de identidad», explica.
En 2010, Verónica se inscribió en un programa de formación de docentes de guaraní en Buenos Aires, en el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní de Asunción. Más allá de aprender el idioma, cuenta, encontró otra parte de su identidad.
«Además de poder expresarme en guaraní, pude reconocerme como descendiente del pueblo guaraní, comprometerme con causas como los derechos indígenas y aprender sobre muchas cuestiones que van más allá de la lengua, como la historia de nuestro país, la colonización y la discriminación».
Después de 15 años de docencia, Verónica ha tomado conciencia del peligro de perder aquello que deja de hablarse y nombrarse.
«He visto niños en el jardín de infantes cuyos abuelos hablan quechua o guaraní. Si esos chicos pierden esa lengua, también pierden una parte de su familia. Y las escuelas de Buenos Aires todavía sostienen la idea de que los chicos tienen que hablar español o, como mucho, inglés o francés, pero nada que tenga sus raíces en este territorio».
A finales del siglo XIX, el Estado argentino puso en marcha campañas militares, entre ellas la denominada «Conquista del Desierto»: un genocidio promovido por el Estado que desplazó y asesinó a miles de indígenas en la Patagonia y la región pampeana. A la violencia militar le siguieron políticas destinadas a erradicar las culturas indígenas. A través de la educación pública, los niños fueron obligados a aprender español y castigados por hablar sus lenguas originarias. Como consecuencia, los pueblos indígenas no solo perdieron sus tierras, sino también sus territorios espirituales y filosóficos. Este proceso de borramiento contribuyó a consolidar el mito de una Argentina completamente europea y monolingüe.
El censo de 2022 reveló que cerca de 380.000 personas en la provincia de Buenos Aires se reconocen como indígenas y que al menos 100.000 hablan una lengua indígena como lengua materna. El guaraní es la más hablada, seguido por el mapudungun, el quechua y el qom l’aqtaqa. Sin embargo, a diferencia de otras provincias como Corrientes y Chaco, Buenos Aires no cuenta con un sistema de co oficialización de lenguas indígenas.
Yessica Rodríguez, que antes fue alumna de guaraní, hoy forma parte del equipo docente de Verónica. Creció hablando guaraní, pero en la escuela la obligaron a aprender español. Durante su infancia no tuvo oportunidades de recibir educación formal en su propia lengua, por lo que decidió inscribirse en el curso de Punta Querandí.
«Quería demostrarme algo a mí misma, porque lo amo. Me apasiona el guaraní», explica. «Muchos estudiantes son personas mayores que fueron perdiendo la lengua de a poco porque no les permitían hablar. Los obligaban a arrodillarse sobre granos de maíz o sal gruesa como castigo si lo hacían», cuenta Yessica. «Ahora los ves recuperando pequeñas frases durante una presentación breve. Al terminar el primer cuatrimestre, ya podés escucharlos pronunciar palabras en su propia lengua».
Sin embargo, Yessica también ve los efectos de décadas de prohibición en su hija menor, que no habla guaraní.
«Entiende algunas palabras. Me digo a mí misma: fracasé, porque yo sé amar en mi lengua materna, pero ella no me entiende», explica.
Para preservar ese vínculo, Yessica y su hija bailan juntas danzas folklóricas tradicionales, especialmente la danza del guyrapu (pájaro campana, en guaraní). Punta Querandí se ha convertido en uno de los espacios donde realizan sus presentaciones.
«No me avergüenzo. Si tengo que hablar, voy a hablar guaraní», afirma. «¿Por qué decir amigo cuando podemos decir angirũ, que literalmente significa “compañero del alma”?».
Una batalla contra el borramiento
En 2024, el gobierno de Javier Milei eliminó el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RENACI) mediante la Resolución 53/2024, retirando el reconocimiento oficial a 34 pueblos indígenas. También derogó la última prórroga de la Ley de Emergencia Territorial Indígena (Ley 26.160), que suspendía temporalmente los desalojos de tierras comunitarias, como parte de su campaña de desregulación y recortes presupuestarios, junto con su principio central de respeto absoluto a la propiedad privada para incentivar las inversiones. La ley ya había sido cuestionada por organizaciones de derechos humanos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), debido a la falta de mecanismos efectivos para impedir los desalojos y a que no garantizaba la entrega de títulos definitivos de propiedad comunitaria.
Desde entonces, las comunidades indígenas de todo el país enfrentan amenazas crecientes, entre ellas los intentos de derogar la Ley de Tierras para facilitar la propiedad extranjera, junto con la implementación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
Las consecuencias ya son visibles: comunidades mapuches de la Patagonia, como los lof Kinxikew y lof Melo, enfrentaron desalojos forzosos en Neuquén, mientras que familias rurales del norte del país fueron desplazadas por la expansión de la megaminería de litio y el avance descontrolado del agronegocio. A medida que se multiplican los desalojos y los conflictos territoriales, y se debilitan las protecciones legales, la lucha por preservar y recuperar las lenguas indígenas se vuelve inseparable de la lucha por la supervivencia de los pueblos originarios.
«Si más personas se identificaran con estas causas, quizás podríamos tener una sociedad mucho más comprometida y, al menos, sería más difícil que se produjeran estos despojos», concluye Verónica.
