Cristian Rivaldi recibió la orden de avanzar contra la manifestación en apoyo a los jubilados que estaba sucediendo ese miércoles 11 de septiembre del 2024. El miembro de la Policía Federal Argentina (PFA) acató la orden y mientras intentaban desalojar con violencia a quienes estaban protestando por la jubilación de miseria roció con gas pimienta a una mujer con su hija. Carla Mariana Pegoraro y Fabrizia Pegoraro fueron atendidas en las inmediaciones del Congreso por la irritación del gas y luego Fabrizia fue al Hospital Santa Lucía por un cuadro de conjuntivitis química que le provocó la represión.
Un video registró la acción totalmente injustificada del efectivo policial y generó bronca e indignación popular. Hoy, dos años después, Rivaldi está sentado frente al Juez Federal Daniel Rafecas con la posibilidad de recibir una condena e inhabilitación de su cargo.
El show aparatoso de Bullrich y compañía
Después de la movilización las imágenes de la represión se difundieron rápidamente e incluso llegó a algunos canales de televisión. Tal fue la magnitud del repudio que generaba el hecho de que una niña de 10 años haya sido gaseada que el gobierno intentó cambiar los hechos para desligar la responsabilidad de las fuerzas represivas. A través de Alejandra Monteoliva, Viceministra de Seguridad para ese entonces y actual Ministra, difundieron un video falso que intentaba culpar de los hechos a una manifestante. Se sabe que “las mentiras tienen patas cortas” pero nunca esperaron que la verdad se esclarezca tan rápido.
A las pocas horas, el video que mostraba a Rivaldi apuntando con el gas directamente hacia Carla y Fabrizio pinchó por completo el relato que estaban intentando armar desde el oficialismo. La indignación llegó incluso a Eduardo Feminan, conductor de LN, que cruzó a Patricia Bullrich, Ministra de Seguridad por ese entonces, al punto de pedir su renuncia en vivo. “No me van a enchastrar en una operación asquerosa de fake news”, dijo el periodista esa tarde en su programa. Alguien que no es conocido particularmente ni por ejercer un periodismo crítico del poder ni por repudiar las políticas represivas que lleva adelante este gobierno, pero que ante un hecho que se hizo tan evidente para la sociedad no tuvo más remedio que criticar públicamente a Bullrich y todo su equipo.
No es una manzana podrida
Al juicio se llega luego de que las maniobras de la defensa del miembro de la PFA no hayan servido en Comodoro Py en el que Rivaldi terminó procesado. El fiscal Eduardo Taiano pidió la elevación a juicio con la acusación de abuso de autoridad y lesiones leves contra Carla y su hija. El veredicto se va a conocer durante el día luego de las exposiciones y los testimonios. El acusado presentó dos testimonios de la propia fuerza para defenderlo.
Más allá de que el abogado Gregorio Dalbon, que representa a las víctimas de la violencia policial, opine que no se juzga ni a una fuerza, ni una política de seguridad sino a una decisión individual, este caso marca por completo los métodos que utiliza el Gobierno de Milei para reprimir las movilizaciones. Las imágenes que después de casi tres años siguen apareciendo todos los miércoles de jubilados gaseados y golpeados no son hechos individuales de abusos de poder. Es una política de Estado que necesitan para llevar adelante su plan de ajuste. Así como pasó con Pablo Grillo y como reprimieron la última marcha universitaria del 15 de octubre, apuntan a frenar con gases y con palos a quienes no pueden convencer de hay que soportar la motosierra para que un puñado multimillonarios y corporaciones saquean y destruyan al país. Bullrich, Monteoliva, Milei y todos los gobernadores cómplices que aplican el protocolo antipiquetes no sólo son responsables, sino que se tienen que ir.
