Entrevista a Luis Orellana. La lucha legal en el subte 

El Centro de Abogados por los Derechos Humanos entrevistó a Luis Orellana, abogado de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP), frente al avance de la justicia contra los cuerpos gremiales del subte y para dialogar sobre la pelea de  los trabajadores contra una patronal que ningunea los reclamos por asbesto, salarios y medidas de seguridad mientras persigue judicialmente a quienes reclaman.  

Origen del conflicto y detención de trabajadores 

–Flor: Primero me gustaría que me cuentes cómo inició el conflicto y después, bueno, hablar de lo que pasó el jueves en particular. 

–Luis Orellana: Mirá, este conflicto en particular se inició porque querían suspender a un compañero, suspender injustamente a un conductor. Y los compañeros tomaron una medida de fuerza, que consistía en la apertura de molinetes; esto es, pararse al lado de los molinetes y dejar que la gente pase sin pagar. En ese momento, mientras uno de los trabajadores estaba realizando la medida, vino un policía y le pidió que se identificara. El compañero no se identificó, obviamente; le mostró la credencial digital de la empresa en el celular y, como estaba con la ropa de trabajo (o sea, estaba laburando en el subte), le dijo: «Preguntale a mi supervisor», que estaba ahí detrás de él. Bueno, el policía se fue y al rato volvió con otros más, querían llevárselo detenido. Entonces los tres o cuatro delegados que estaban allí lo acompañaron hasta el vestuario, y el compañero se quedó adentro. 

Vino la policía y se lo quería llevar. Ahí me llamaron a mí, y también vino Néstor Segovia, que es un compañero de la comisión directiva. Estuvieron conversando con la policía para que no se lo llevaran. Yo hablé con el comisario a cargo y le dije que no hacía falta llevárselo, que yo mismo lo iba a presentar al día siguiente: que le notificaran la causa y el abogado del sindicato lo presentaba en la fiscalía. El policía me dijo que no, que la fiscal quería que lo llevaran detenido sí o sí. Le advertí que la situación se iba a pudrir, que se iba a poner peor. Estuvieron conversando un rato y, a los diez minutos, manotearon a los dos compañeros. Entre cinco o seis policías por cada uno los tiraron al piso, los esposaron y se los llevaron. Después fui yo a buscarlos. Cerca de las cuatro y pico de la tarde les dieron la libertad; primero los llevaron a una comisaría, después los tuvieron detenidos en otra y, finalmente, a las cuatro y pico de la tarde los liberaron. Se inició una causa que se acumuló a una causa que ya estaba iniciada. Nosotros tenemos una causa previa que involucra a 177 trabajadores. 

Foto: Marcos Sierras
Foto: Marcos Sierras

Escalada judicial e imputaciones 

-Flor: Claro, eso también me interesa que me cuentes: qué es lo que viene pasando desde antes. 

–Luis Orellana: Sí, esta causa apareció ahora, en abril o mayo más o menos, entre otras cosas por hechos de 2024, varios hechos de 2024 vinculados a medidas de fuerza que tomaron los compañeros. Se fueron agregando hechos de 2025 y ahora, por cada medida que toman los compañeros, se suma una causa nueva. La última de todas es esta causa. 

Esta causa tramitó en una fiscalía, pero la derivaron por conexidad a aquella otra fiscalía, la de Celsa Ramírez. Y el viernes, cuando fui con algunos trabajadores, me dijeron que van a citar a cinco compañeros imputados para la intimación de hechos de ese día, del 20 de octubre. O sea, lo que me explicaron es que ante cada medida que tomen los trabajadores se va a iniciar una causa nueva. 

Y se va a ir sumando a la que ya está desde 2024. Se van acumulando hechos. Esto es una burrada, porque entre las imputaciones la más grave era la de asociación ilícita agravada (artículo 210 bis), porque según dice la Fiscalía, el fin de esa asociación ilícita era tirar abajo la Constitución. 

–Flor: ¿Esta es la causa del 2024? 

–Luis Orellana: Claro, del 2024, con hechos del 25 y hechos del 26.[Salto de ajuste de texto]El primer hecho fue en junio del 24. Hay 177 trabajadores imputados. A la mayoría los representamos nosotros; la UTA tiene la defensa de unos pocos compañeros. 

–Flor: ¿Están todos agremiados? ¿Todos en el marco de la lucha sindical? 

–Luis Orellana: Sí, esto es producto de una lucha sindical llevada adelante, por ejemplo, por la AGTSyP. 

–Flor: ¿Vienen con conflictos previos además de la suspensión del compañero que desencadenó lo del jueves? Por ejemplo, el tema del asbesto. 

–Luis Orellana: Nosotros tenemos muchos desafueros por varias medidas del año 2023 debido al tema del asbesto. Venimos llevando adelante el reclamo, pero hay un montón de pedidos de desafuero a nuestros delegados por haber tomado medidas en contra del asbesto. 

–Flor: O sea, la política del Gobierno de la Ciudad es: ante cualquier medida que tomen, desafectan o sancionan al trabajador. 

–Luis Orellana: El Gobierno, SBASE y Emova. De hecho, Emova y SBASE son querellantes en esa causa. 

Incluso la semana pasada la Fiscalía fijó una medida cautelar en los términos del artículo 186, inciso 6 del Código Procesal Penal de la Ciudad, donde señalaba que, en caso de reiterar conductas de esos delitos que les imputaban a los compañeros en la causa grande, se les aplicaría la suspensión de la prestación laboral. Bueno, la jueza rechazó esa medida y la Fiscalía apeló. Así que ahora el expediente va a la Cámara y nos van a citar a una audiencia para ver qué resuelve la Cámara, si es aplicable o no. 

Les imputan cuatro hechos: la asociación ilícita (que antes era agravada y ahora no), defraudación por administración fraudulenta… 

–Flor: ¿Defraudación fraudulenta basada en qué? 

–Luis Orellana: Seguramente debe ser porque, como estaban de paro, no abrían las boleterías, entonces entiendo que la empresa no facturaba. Argumentan que les daban bienes para administrar y los trabajadores mal administraban porque, entre otras cosas, abrían las puertas de emergencia o liberaban molinetes, lo cual consideran una forma de provocar un perjuicio económico a la empresa. La otra es coacción a la huelga y el otro delito es el del artículo 194, el entorpecimiento del funcionamiento del servicio público de transporte. Ésa es la típica. 

Crisis sanitaria por asbesto y Reforma Laboral 

–Flor: Bueno, y todo esto me imagino que se viene recrudeciendo desde 2023 en adelante, siendo cada vez peor con el Gobierno de la Ciudad y en el marco de las reformas laborales del gobierno de Milei. 

–Luis Orellana: Sí, claro. Está todo impulsado por eso. 

–Flor: Y por eso mismo, en base a esto te quería preguntar particularmente cómo viene afectando la reforma laboral o cómo les impactó en ese sentido. 

–Luis Orellana: Y la reforma laboral afecta como a todos los trabajadores. En particular a este sindicato, que es un gremio que todo el tiempo tiene conflictos y está reclamando. Tuvimos una pelea larga por el asbesto. Costó años hasta que una resolución de un juez del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, de hace tres años más o menos, dictó sentencia reconociendo que había asbesto y ordenándole a la empresa varias cosas, entre ellas que comenzara a desasbestizar. Murieron seis compañeros por problemas derivados del asbesto, como cáncer de pulmón, y hay unos noventa y pico de compañeros que tienen afecciones pulmonares por la exposición al asbesto. 

La empresa lo negaba todo. Acá en el sindicato hay una Secretaría de Salud Laboral y están laburando a pleno con ese tema. Y logramos, entre otras cosas, eso. Se presentó un amparo ambiental, una acción de clase, y obtuvimos esa sentencia favorable. 

–Flor: Y a raíz de la sentencia, ¿la empresa todavía no tomó medidas? 

–Luis Orellana: Sí, empezó a retirar el material, pero hubo varios problemas. 

Primero, cuando empezaron a retirarlo lo hacían con pala. No se remueve con pala y una bolsa; lleva todo un protocolo especial. Hay que contratar a empresas especializadas que hagan ese trabajo. Y luego, cuando lo sacamos: ¿dónde lo ponemos? Los estaban guardando en galpones dentro del subte. No se puede almacenar eso ahí, era lo mismo.  

Y todavía no terminaron de sacarlo todo, obviamente. De hecho, recibimos información del Metro de Madrid sobre unas formaciones que habían comprado no me acuerdo para qué línea y ya venían con asbesto. Los españoles las habían desechado justamente por eso. 

–Flor: Claro, compramos los vagones desechados que no se podían ni utilizar. ¿Y ahora cómo sigue? ¿Algo que me quieras aportar o sumar? 

–Luis Orellana: Bueno, estamos en estado de alerta en el sindicato por este tema, por la causa penal y por el tema del asbesto, como siempre. 

–Flor: Me imagino que siguen a la espera de lo que pase de acá en adelante y calculo que los compañeros deben estar pensando o definiendo medidas. 

–Luis Orellana: Sí, tal cual. Esto es permanente. El tema del asbesto todavía no se resolvió. Y bueno, la empresa y el Gobierno actúan amparados en la reforma laboral, obviamente. 

–Flor: Muchas gracias por la entrevista Luis y seguiremos lo que vaya pasando. 

–Luis Orellana: Gracias a vos y para darle visibilidad a esto.

Desde el CADHU acompañamos la lucha contra el desprocesamiento de los trabajadores y delegados del subte por luchar por condiciones de trabajo dignas e invitamos a ser parte de la campaña contra la criminalización de la protesta y a movilizarse este 10 de Diciembre porque luchar por nuestros derechos no es delito. 

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