A cinco décadas del golpe cívico-militar, la tierra cordobesa continúa desobedeciendo el mandato del silencio y la impunidad. En una nueva y conmovedora conferencia de prensa en los Tribunales Federales de Córdoba, encabezada por el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja junto a familiares y organismos de derechos humanos, se anunció la identificación de ocho nuevas víctimas del terrorismo de Estado cuyos restos fueron rescatados en los predios de Loma del Torito, dentro de la Guarnición Militar de La Calera y en las inmediaciones del ex centro clandestino de exterminio La Perla.
Con estas restituciones, a las que se suma la confirmación intermedia de Alejandro Ernesto Jerez Bodereau, ya son 38 los compañeros y compañeras identificados desde el inicio de los trabajos arqueológicos y genéticos en 2025. Cada fragmento óseo arrancado al desamparo que quisieron darles los asesinos reafirma una certeza innegable: no hay pacto militar ni maniobra de ocultamiento capaz de silenciar para siempre la memoria obrera y popular.
La tecnología forense vence a la “Operación Claridad”
Producto de la lucha de décadas de los organismos de Derechos Humanos y las organizaciones políticas se logró que el avance científico devuelva identidades. Este es el resultado de la labor incansable del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), en articulación con el Instituto de Medicina Forense provincial, la Universidad Nacional de Río Cuarto y peritajes especializados que combinaron tecnología láser (Lidar) y fotografías aéreas de 1979.
Lo que estos equipos han hallado en el terreno no son enterramientos convencionales ni esqueletos íntegros, sino restos óseos dispersos y severamente fragmentados. Esta desarticulación extrema constituye la prueba material irrefutable de la infame “Operación Claridad” ejecutada en 1979. En vísperas de la histórica visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los genocidas del Tercer Cuerpo de Ejército —bajo el mando de Luciano Benjamín Menéndez— removieron las fosas clandestinas con palas mecánicas, emplearon fuego y ácido, y dispersaron y trasladaron restos hacia zonas como las salinas de La Rioja para intentar “desaparecer la desaparición” y borrar los rastros del genocidio.
Sin embargo, como remarcó la propia Justicia Federal, la precisión actual en la extracción de ADN sobre pequeños fragmentos óseos echó por tierra el plan de encubrimiento de los genocidas. Pese al fuego y a las máquinas, la verdad material aflora entre los sedimentos de Loma del Torito.
Quiénes son: vidas militantes que quiebran el olvido
Los 38 compañeros y compañeras identificados hasta el momento no eran víctimas fortuitas ni expresiones de una violencia abstracta. El informe demográfico oficial traza una radiografía nítida del genocidio: el 70% eran varones y el 30% mujeres, con un promedio de 28 años y medio al momento del secuestro. Más del 80% de las capturas se concentraron entre 1976 y 1977 —en su mayoría concretadas en sus propios domicilios de madrugada—, aunque las pericias también identificaron a personas desaparecidas durante 1975, confirmando que la maquinaria criminal ya funcionaba a pleno antes del golpe forma.
Eran primordialmente trabajadores fabriles, delegados sindicales combativos, profesionales y estudiantes universitarios que formaban parte de las organizaciones políticas y de masas de la época:
Pascual Delfín Ludueña Leyva (29 años), obrero y delegado gremial en la planta FIAT Concord, hincha de Belgrano, secuestrado la misma mañana del 24 de marzo de 1976.
Néstor Albino Acosta Ludueña (“Langosta”, 20 años), trabajador ferroviario en el Ferrocarril Mitre, militante del PRT-ERP y referente de la lista opositora antiburocrática a la Unión Ferroviaria.
Claudio Norberto Nardini Lambir (34 años), trabajador de la empresa láctea SanCor con activa participación sindical.
Cecilia Alicia Pessina de Ávila (27 años), psicóloga egresada de la UNC, docente y militante comprometida de la Organización Comunista Poder Obrero (OCPO).
Mónica Protti de Guillén (24 años), maestra normal y estudiante de Medicina en la UNC, militante del Partido Comunista (PC).
María Luisa Salto (20 años), estudiante de Medicina en la UNC y militante de la Juventud Universitaria Peronista (JUP) – Montoneros.
Juan Carlos Soulier Guillén (23 años), trabajador electricista, estudiante de Ingeniería en la UTN y militante de los Comandos Populares de Liberación (CPL / FAL 22 de agosto).
Mercedes del Valle Ramírez (22 años), trabajadora en el rubro textil y militante estudiantil.
Alejandro Ernesto Jerez Bodereau (22 años), trabajador de IKA-Renault, estudiante de Psicología y militante del PRT, secuestrado junto a su compañera embarazada Susana Huarte, cuyo hijo o hija apropiado en cautiverio continúa siendo buscado.
Estas identidades rescatan del anonimato proyectos de vida, compromisos de clase y sueños revolucionarios que la bota militar pretendió exterminar para imponer a sangre y fuego su disciplina económica.
La tierra habla: una convocatoria a redoblar la búsqueda
El hallazgo de estas 38 identidades no clausura la investigación; por el contrario, expone la enorme tarea colectiva que queda por delante. Todavía existen perfiles genéticos aislados tanto en Loma del Torito como en el Cementerio San Vicente que aguardan ser cotejados.
Por ello, los organismos de derechos humanos y el EAAF sostienen la campaña pública “La tierra habla, tu sangre les da nombre”, convocando a todas las familias que tengan integrantes desaparecidos a acercarse a aportar muestras de sangre de manera gratuita y confidencial. La posibilidad de devolverles su nombre a los restos recuperados depende de multiplicar esas contramuestras.
Al mismo tiempo, la persistencia de fosas clandestinas y el traslado de cuerpos demuestran que el crimen de la desaparición forzada sigue cometiéndose día a día en el pacto de silencio de las Fuerzas Armadas. Los mandos militares saben exactamente qué hicieron, cómo operaron los camiones de la muerte y dónde arrojaron a cada uno de nuestros compañeros.
