La Cámara de Diputados aprobó este miércoles una nueva ley de Discapacidad impulsada por el oficialismo. La iniciativa recibió media sanción con una amplia mayoría: 237 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones. Con este resultado, el proyecto que busca regularizar la atención de personas con discapacidad y el pago a prestadores médicos pasará al Senado.
El debate estuvo marcado por intensas negociaciones a contrarreloj y múltiples concesiones por parte de La Libertad Avanza, que finalmente logró aglutinar el apoyo de bloques aliados y de casi la totalidad del peronismo nucleado en Unión por la Patria.
El dictamen del oficialismo y la marcha atrás
Inicialmente, distintos sectores de la oposición habían impulsado la prórroga de la actual Ley de Emergencia en Discapacidad, que vence a fin de año. Ante este escenario, el bloque libertario presentó una propuesta propia denominada “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad“.
La presentación de este proyecto implicó una marcha atrás respecto a las intenciones plasmadas por el Ejecutivo en el Presupuesto 2027, el cual contemplaba recortes en el área, como la eliminación del sistema universal del nomenclador de prestaciones y la incompatibilidad de las pensiones con ingresos laborales. Según afirmaron distintos sectores de la oposición, la decisión de ceder y negociar modificaciones estuvo influida por la presión de organizaciones, de mandatarios provinciales y, particularmente, por la próxima visita del Papa León XIV al país. Pero es un error garrafal limitar este retroceso del oficialismo a los pasillos del Vaticano o a la rosca política. Si el Gobierno tuvo que ceder fue, fundamentalmente, por la presión constante y la movilización incansable de todo el colectivo de discapacidad, que viene ganando las calles de manera sostenida para pelear por sus derechos frente a la motosierra.
A través del diputado misionero Oscar Herrera Ahuad, quien ofició como principal mediador, se incorporaron modificaciones exigidas por los bloques opositores. Ahuad advirtió en el recinto que, de no aceptarse estas sugerencias, no acompañarían la ley.
Entre los puntos principales del proyecto aprobado se destacan:
- Fin de la emergencia: La ley establece un marco permanente, eliminando el carácter transitorio de la emergencia.
- Pensiones y compatibilidad laboral: Las pensiones no contributivas se fijan en el 70% del haber mínimo jubilatorio y serán compatibles con un empleo formal, siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos.
- Cobertura médica: Se garantiza el acceso al Plan Federal Incluir Salud para todos los beneficiarios de pensiones.
- Pago a prestadores: Se establece un plazo máximo de 90 días para que el Ejecutivo cancele las deudas pendientes con los prestadores (estimadas en unos $278.323 millones).
- Financiamiento y auditorías: Se incluyeron partidas presupuestarias específicas, y se estipuló que la asignación del Ministerio de Salud no podrá ser inferior en términos reales a la del año anterior. Además, se creará un sistema de auditorías periódicas cruzando datos de diversos organismos estatales.
Te puede interesar: Diputados Se convalidó la ley Inviolabilidad de la Propiedad Privada
Los votos: apoyos, rechazos y abstenciones
El abrumador respaldo de 237 votos a favor fue posible gracias a la convergencia de La Libertad Avanza (94), Unión por la Patria (92), el PRO (12), y otros bloques provinciales y aliados.
El acompañamiento del peronismo fue uno de los hechos más destacados de la jornada. Juan Marino, diputado de Unión por la Patria y uno de los impulsores de la prórroga original, argumentó que, al no tener los votos necesarios para la extensión de la emergencia, decidieron dialogar con las organizaciones y negociar para que el nuevo dictamen “contemplara mejoras y no regresiones“. Sin embargo, este posicionamiento muestra crudamente los límites de la estrategia peronista. Una vez más, eligen quedarse encerrados en los márgenes del juego parlamentario. Como no está en sus planes romper esa barrera institucional y apostar a la movilización, ya que su único norte estratégico es llegar a las elecciones de 2027, terminan votando “lo posible“.
Y lo trágico es que depositar un solo gramo de confianza en “lo posible” viniendo de la gestión de Milei es una ingenuidad letal. Estamos hablando de un gobierno que hoy mismo no cumple con el régimen de emergencia vigente y que se da el lujo de vetar e incumplir normativas elementales, como la del financiamiento universitario. Votar este proyecto y sentarse a esperar que el oficialismo cumpla su palabra es la excusa perfecta para no hacer nada y bajarse de la calle en plena avanzada del ajuste.
Por su parte, el Frente de Izquierda y de Trabajadores se abstuvo en la votación. La posición de la bancada de izquierda fue clara al denunciar que estamos frente a un gobierno que sistemáticamente no cumple con la ley. Dejaron en evidencia la trampa de fondo y marcaron que, mientras el oficialismo promete mejoras de compromiso, en la realidad los prestadores y beneficiarios vienen sufriendo un robo constante por la falta de actualización inflacionaria de sus ingresos. A esto se sumó el fuerte repudio a la maniobra del oficialismo de dejar afuera del debate en las comisiones a las verdaderas organizaciones afectadas por la crisis.
Los nueve votos en contra provinieron en su mayoría de legisladores cordobeses de Provincias Unidas (entre ellos Juan Schiaretti y otros diputados que responden a Martín Llaryora), de Gabriela Estévez (Unión por la Patria) y Natalia de la Sota, quienes cuestionaron que las organizaciones locales no fueron convocadas al debate. La diputada mendocina Lourdes Arrieta también votó de forma negativa.
A pesar de la aprobación en Diputados, referentes de la oposición y diversas organizaciones mantienen lógicas reservas sobre el cumplimiento efectivo de la ley. Y sobran los motivos para desconfiar. El gobierno de Javier Milei ha demostrado hasta el cansancio que su única política de Estado es el ajuste despiadado contra las mayorías populares para garantizarle los negocios al capital extranjero y cumplir con el FMI. No hay ley votada en el Congreso que logre frenar la motosierra si no está acompañada por la fuerza de los trabajadores y los sectores populares organizados. La verdadera pelea para defender la salud, la educación y los derechos de las personas con discapacidad no se termina en las bancas, se gana en la calle, enfrentando de lleno a este modelo de entrega y miseria.
