El Presidente volvió a festejar el superávit energético y aseguró que Argentina está cerca del millón de barriles diarios de petróleo. Pero el boom de Vaca Muerta contrasta con la destrucción de puestos de trabajo en la industria y la construcción, mientras la expansión de los combustibles fósiles profundiza la crisis climática.
“¿Cómo viven 10 días sin comer ni beber?”. La pregunta que Javier Milei lanzó en medio de sus intervenciones públicas resume la distancia entre el discurso presidencial y las condiciones de vida de millones de personas. Mientras el Gobierno reivindica los resultados de su programa económico y presenta el crecimiento energético como una prueba de éxito, miles de familias enfrentan ingresos insuficientes, endeudamiento y dificultades para cubrir sus necesidades básicas.
En ese contexto, Milei volvió a celebrar el superávit energético y afirmó que Argentina está a pocos pasos de alcanzar el millón de barriles diarios de petróleo. La expansión de Vaca Muerta y el aumento de las exportaciones permiten el ingreso de más divisas, pero la pregunta fundamental sigue sin respuesta: ¿quién se beneficia de esa riqueza y qué costos sociales, productivos y ambientales implica generarla?
El contraste es evidente. Mientras crece la extracción de hidrocarburos, la industria manufacturera y la construcción atraviesan una profunda crisis, con fábricas que trabajan por debajo de su capacidad, obras paralizadas y trabajadores que sufren suspensiones y despidos. El crecimiento de un sector exportador no compensa automáticamente la destrucción de otras actividades ni garantiza una mejora en las condiciones de vida.
El petróleo crece, la industria y la construcción retroceden
La producción petrolera argentina alcanzó en agosto de 2026 alrededor de 943.000 barriles diarios, un récord histórico, impulsado principalmente por el desarrollo de Vaca Muerta. El superávit energético acumulado en los últimos doce meses llegó a US$ 11.071 millones. El Gobierno presenta estas cifras como una demostración de los resultados de la desregulación y los incentivos a las grandes inversiones.
Sin embargo, los indicadores de otros sectores muestran una realidad muy diferente. Entre julio de 2023 y julio de 2026, la actividad de minería y petróleo creció un 30,2%, mientras que la industria cayó un 10,9% y la construcción retrocedió un 15,2%. En el mismo período, la economía en su conjunto avanzó apenas un 0,9%, según un análisis de datos oficiales difundido por Fundación Libertad.
La fotografía es la de una economía cada vez más desigual, en la que las actividades extractivas orientadas a la exportación avanzan mientras se debilitan sectores fundamentales para el empleo y el mercado interno.
La industria no es solamente un conjunto de fábricas: es una red de proveedores, trabajadores calificados, pequeñas y medianas empresas y conocimientos productivos acumulados durante décadas. La construcción, por su parte, tiene un efecto directo sobre el empleo y el acceso a la vivienda y la infraestructura. Su deterioro no puede compensarse simplemente con la entrada de dólares provenientes del petróleo.
El modelo que celebra Milei plantea así una contradicción: el país puede extraer y exportar más recursos naturales mientras pierde capacidad industrial, se paralizan obras y miles de trabajadores encuentran cada vez más dificultades para sostener sus ingresos.
El costo climático del boom de los combustibles fósiles
La expansión petrolera también tiene una dimensión ambiental que queda relegada detrás de los anuncios sobre inversiones y exportaciones. El petróleo y el gas son combustibles fósiles cuya extracción y utilización generan emisiones de gases de efecto invernadero, responsables del calentamiento global. A esto se suman los impactos locales que deben evaluarse en cada proyecto: consumo de agua, residuos, emisiones fugitivas de metano y riesgos de contaminación.
Vaca Muerta, desarrollada mediante la fractura hidráulica o fracking, requiere grandes volúmenes de agua, infraestructura y operaciones industriales permanentes. El problema no consiste en negar la importancia económica de la energía, sino en discutir qué matriz energética se construye y quién decide sobre ella. Apostar a prolongar la dependencia de los combustibles fósiles implica riesgos económicos y climáticos, especialmente si se posterga la diversificación de la matriz, la eficiencia energética y el desarrollo de fuentes renovables.
Mientras el Gobierno presenta la expansión petrolera como una solución para conseguir divisas, el cambio climático ya golpea a las poblaciones mediante olas de calor, sequías, inundaciones e incendios, aunque la responsabilidad y la exposición a esos impactos no se distribuyen de manera igualitaria. Los sectores populares suelen contar con menos recursos para afrontar sus consecuencias.
La paradoja es que un país puede mejorar su saldo comercial energético y, al mismo tiempo, profundizar su exposición a los impactos climáticos y mantener una estructura productiva vulnerable a los precios internacionales de las materias primas.
¿Cómo viven sin comer ni beber mientras se exporta más petróleo?
La frase de Milei interpela de manera involuntaria una realidad que los indicadores macroeconómicos no alcanzan a mostrar. Para las familias que no llegan a fin de mes, el superávit energético no se traduce automáticamente en alimentos más baratos, mejores salarios, alquileres accesibles o servicios públicos garantizados.
El crecimiento de las exportaciones puede aportar divisas, pero su impacto social depende de cómo se distribuyen esos ingresos, qué impuestos pagan las empresas, qué inversiones realizan y qué políticas públicas se financian. Sin mecanismos de redistribución y una estrategia productiva integral, los beneficios pueden concentrarse mientras los costos recaen sobre trabajadores y comunidades.
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) expresa esa discusión: el Estado concede beneficios especiales para atraer capitales, sin desarrollar empleo y regalando nuestros bienes comunes.
No alcanza con contar barriles ni celebrar dólares. También hay que contar los puestos de trabajo perdidos, las fábricas que producen menos, las obras que no se terminan y las familias que se endeudan para comprar alimentos.
Otra política energética y productiva es necesaria
El potencial energético argentino podría contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población, pero eso requiere discutir prioridades. Una política alternativa debería garantizar el abastecimiento interno a precios accesibles, promover la construcción de empleo de calidad y someter a todos los proyectos extractivos a controles ambientales estrictos.
También resulta indispensable impulsar una transición energética que reduzca progresivamente la dependencia de los combustibles fósiles, con planificación pública, participación de trabajadores y comunidades y protección de quienes dependen laboralmente de las actividades que deban transformarse.
Milei celebra que Argentina se acerque al millón de barriles diarios. Pero frente a una economía que destruye empleo industrial, paraliza la construcción y agrava los riesgos climáticos, el récord petrolero no puede ser la única medida del éxito.
Si la riqueza energética no garantiza comida, trabajo digno, vivienda y un ambiente habitable, ¿de qué sirve el superávit para las mayorías populares?
