Este artículo se publico originalemnte en el número 867 de Alternativa Socialista en colaboración con Periodismo de Izquierda.
Junto a decenas de organizaciones sindicales, sociales, políticas o de los derechos humanos en distintos países, con la LIS (Liga Internacional Socialista), nuestra Agrupación Nacional Clasista Antiburocrática (ANCLA) y el MST en el Frente de Izquierda Unidad impulsamos una Campaña Internacional contra la Criminalización de la protesta y la organización. El objetivo es enfrentar la ola de persecuciones judiciales, despidos, procesamientos y hasta el encarcelamiento que sufren quienes se organizan para defender los derechos de trabajadores, jóvenes y sectores populares.
Asistimos a un mundo polarizado donde crece, por un lado, la ofensiva capitalista contra el movimiento de masas y, por el otro, la resistencia de los trabajadores y los pueblos, las huelgas, las movilizaciones y las rebeliones. Como parte de esa polarización la burguesía imperialista, sus gobiernos, la (in)justicia patronal y la burocracia sindical lanzan una ofensiva contra luchadores y dirigentes del movimiento obrero, juvenil y demás sectores populares.
Como intentan arrasar con los derechos sociales, económicos y democráticos conquistados con décadas de lucha, necesitan derrotar esa resistencia y tratar de disciplinar, atemorizar y debilitar a las organizaciones de la clase trabajadora y del movimiento de masas.
Por eso decidimos impulsar esta campaña, junto a centrales obreras como la CEDOCUT de Ecuador, con sindicatos que encabezan dirigentes de nuestra corriente en Venezuela, Argentina y en otros países, como así también con organizaciones que quieran ser parte, al plantear una coordinación que impulse con fuerza esta iniciativa.
Y preparar a su vez una presentación político-jurídica ante la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), con el trabajo común de abogadas y abogados de distintos países. Pretendemos dar respuesta a una necesidad común a nivel internacional: intervenir de forma amplia y unitaria para enfrentar esa ofensiva contra la protesta y la organización de trabajadores y sectores populares.
Crece la Campaña Internacional contra la Criminalización
Esta campaña combina un petitorio para reunir firmas en Argentina y en otros países, junto a pronunciamientos y declaraciones de organizaciones sindicales, sociales, políticas, socioambientales, estudiantiles o de los derechos humanos; así como otras actividades de difusión en cada lugar de trabajo o de estudio.
A eso se agregan instancias internacionales de coordinación y la iniciativa jurídica ante organismos internacionales que planteamos. No es una campaña más: apunta a que cada denuncia que parece aislada deje de ser un caso particular y sea parte de una misma pelea global, como debe ser.
Esto no nace de un día para el otro: ya en el 3° Congreso de la LIS se aprobó por unanimidad una campaña internacional en defensa de Tom Alter, docente en Estados Unidos, y de Jean Mendoza, dirigente obrero en Venezuela. Más acá, en abril de este año, el Congreso de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores (CEDOCUT), aprobó una campaña internacional contra la criminalización de dirigentes obreros y sociales perseguidos, donde participó una delegación de la LIS con Norma Lezana, dirigenta sindical del MST de Argentina. En mayo, en el Congreso del MST, resolvimos apoyar esta campaña.
Con esos antecedentes, el 1° de julio se reunieron referentes de Venezuela, Ecuador, Argentina, Cuba, Nicaragua, Estados Unidos, el Estado español y Bolivia para lanzar la campaña, con un carácter amplio y democrático, por el derecho a la protesta y a la organización como derechos humanos, abarcando distintos casos del movimiento obrero, pero también juvenil, campesino, indígena, de derechos humanos y socioambiental.
El 5 de agosto hubo otra reunión con dirigentes obreros y sociales de Argentina, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Cuba, Nicaragua, Chile, Estados Unidos y Panamá, donde se resolvió reforzar en cada país la búsqueda de firmas al petitorio, además de un video de “voces del mundo” contra la criminalización para redes sociales, y se convocó al Conversatorio Internacional del 29 de agosto.
A su vez, el 10 de septiembre, en la reunión abierta realizada tras el Cabildo Abierto convocado desde el hospital Garrahan frente al intento de cesantía de su dirigente Norma Lezana, se acordó conformar una comisión en Argentina para actuar coordinadamente ante este tipo de casos.
Una ofensiva que no reconoce fronteras
En el mundo avanzan las políticas que atacan los derechos económicos y sociales. Cada vez más el capitalismo decadente impone peores condiciones de vida a las grandes mayorías. Ante eso, trabajadores, jóvenes, poblaciones campesinas, comunidades originarias y sectores sociales protestan y se organizan para enfrentarlo.
Más allá de sus matices, la respuesta de los Estados capitalistas va en sentido similar: gobiernos de distinto signo, jueces subordinados al poder y patronales amparadas en leyes antiobreras persiguen, hostigan, procesan, enjuician y hasta encarcelan a dirigentes y activistas, en una estrategia que apunta a disciplinar a quienes se organizan y desalentar cualquier resistencia.
La lista de perseguidos crece: Jean Mendoza, obrero de la maderera Masisa en Venezuela y secretario general de su sindicato; Edwin Bedoya, presidente de la CEDOCUT de Ecuador; Norma Lezana y Maxi Bares junto a otros referentes del Hospital Garrahan en Argentina; César Latorre, dirigente de la sanidad privada despedido en el Hospital Italiano; los obreros del neumático de FATE y Pirelli. También en el país la docencia es condenada por protestar, como los casos de Leandro Sánchez en Misiones, ex dirigentes de la ATECh en Chubut, educadores en Salta y en Catamarca por cortar una ruta en una protesta.
También están los casos de Tom Alter, docente de la Universidad Estatal de Texas en EE.UU.; los obreros de la construcción Marco Andrade y Genaro López en Panamá, junto a decenas de educadores y educadoras separados de sus cargos por ejercer el derecho a huelga; los jóvenes presos políticos en Nicaragua y Cuba, como la periodista Fabiola Tercero o los estudiantes del 11J de 2021 en la isla; el docente universitario Jaime Vilela en Bolivia, perseguido por denunciar a la burocracia sindical; y también la represión sobre el pueblo de Cachemira y la desaparición del dirigente Shaukat Nawaz Mir.
Son botones de muestra de la criminalización de la protesta y de la organización padecida en distintos rincones del planeta. Una violencia estatal capitalista que repudiamos. En una campaña que no separa los casos por la orientación del gobierno de turno. Al contrario, enfrenta esa lógica represiva así la apliquen Milei, Trump y Novoa en Ecuador o Delcy Rodríguez en Venezuela, Daniel Ortega en Nicaragua o el régimen cubano.
El petitorio a firmar en Argentina y en el mundo
Por eso definimos juntar firmas en Argentina y en otros países con un petitorio que exige la anulación de los procesos judiciales o sumarios; la absolución de cada perseguido por protestar; la reincorporación de despedidos; la defensa de los derechos salariales y laborales; la aparición con vida y la libertad de todos los presos políticos; la reparación económica a los damnificados, sus organizaciones y familiares, y el castigo a todos los responsables políticos y materiales.
Este petitorio está publicado en la web de la LIS, con un formulario digital para adherir, y también se lo puede descargar, imprimir y trabajar en papel en asambleas, sindicatos y organizaciones (ver QR). Impulsan este petitorio la CEDOCUT de Ecuador, el Sindicato de Trabajadores de la maderera Masisa de Venezuela (SITRAEMAS), la APyT del Garrahan, la LIS y decenas de colectivos y activistas de EEUU, Cuba, Nicaragua, Bolivia y Cachemira, además de la Campaña de Defensa Sindical de Pakistán (PTUDC), que denuncia la detención de Shaukat Nawaz Mir. Llamamos a sumar firmas en cada lugar de trabajo y de estudio. Porque cuantas más sumemos, más presión pondremos sobre los gobiernos y las patronales.
Garrahan: la persecución a Norma Lezana
Uno de los casos que condensa esta ofensiva es el de Norma Lezana, secretaria general de la APyT del Garrahan, donde el ministro de Salud Lugones en la intervención del hospital anunció su despido por redes sociales, aún sin notificarla, en el marco de un sumario que le atribuye no haber cumplido tareas en 2025, aunque sí constata su actividad sindical. Esto choca con su fuero gremial, por lo que hasta ahora no pudieron efectivizar el despido.
Es parte de los 44 sumarios abiertos en el Garrahan e intentos de desafuero a otros diez delegados y delegadas, en un hospital que ya perdió a cientos de profesionales por el ajuste, en una operación política para disciplinar a quienes defendían el hospital y la salud de nuestras infancias. Y una venganza directa del gobierno contra los trabajadores del Garrahan que, con un apoyo social masivo, lograron en 2025 arrancar un 61% de aumento salarial y frenar el vaciamiento de la salud pública.
Frente a este ataque, hubo un cabildo abierto y una reunión muy importante el 10 de septiembre y fue amplia la movida en los tribunales de Comodoro Py en defensa de Norma, con presencia de delegados y delegadas de distintos gremios y sectores solidarios.
Ademys, el Italiano, Fate y Subte
Por su parte, el gobierno porteño de Jorge Macri impulsó una causa penal contra tres dirigentes del sindicato docente Ademys: Soledad Mosquera (secretaria general), Vanesa Gagliardi (docente de la Niní Marshall, secretaria de Derechos Humanos de Ademys) y Eugenio Ariza (de la comisión directiva). La causa la abren por acompañar solidariamente la toma de la escuela Niní Marshall, en rechazo a la contrarreforma educativa BA Aprende.
A eso se suman las patronales privadas: en el Hospital Italiano despidieron sin causa a César Latorre, delegado con más de 20 años de servicio y referente de la oposición, para golpear a la organización opositora a la burocracia de ATSA. En la justicia se logró un enorme triunfo al ordenar su inmediata reinstalación, demostrando que la patronal incurrió en una evidente persecución gremial, aunque siguen sin cumplir y la lucha por su reincorporación continúa.
Una situación similar se vive en FATE con la patronal del neumático y la (in)justicia capitalista, que ordenó el desalojo de la ocupación de la empresa y sostiene las causas contra decenas de activistas y trabajadores por defender su fuente laboral. También los trabajadores del subte son criminalizados por protestar.
29 de agosto, Conversatorio Internacional: voces de trece países
El 29 de agosto se realizó un exitoso Conversatorio Internacional convocado por la Campaña contra la Criminalización de la protesta que se puede ver en la web de la LIS. Allí dieron testimonio Edwin Bedoya, presidente de la CEDOCUT y del Frente Unitario de Trabajadores de Ecuador; Tom Alter, docente de la Universidad Estatal de Texas y referente de Socialist Horizon en EEUU; Jean Mendoza, secretario general de SITRAEMAS y militante de Marea Socialista en Venezuela; Claudio Mora, obrero de FATE y de la Agrupación Gris del SUTNA; Raymar Aguado Hernández, de Socialistas en Lucha en Cuba; Alexander Gómez Sánchez, presidente de Sinaltrafamilia en Colombia; César Latorre, de la Agrupación Bordó de ATSA; Stella Chinchilla, comunicadora y activista social en Costa Rica; Carlos Guevara, abogado y militante socialista en Panamá; Camilo Parada, referente de derechos humanos en Chile; Jaime Vilela, docente universitario judicializado en Bolivia; Elmer Rosales, exiliado político de Nicaragua; y Norma Lezana, de la APyT del Garrahan.
El evento mostró el amplio arco de referentes del movimiento obrero, social, juvenil y de derechos humanos perseguidos por luchar. Es la única iniciativa que existe a escala internacional, lo que la convierte en una herramienta valiosa para sostener a cada perseguido e incorporar a referentes y organizaciones. Allí también se conformó una Comisión de abogados/as para elaborar un informe a presentar a la CIDH y la OIT.
Octubre: rumbo al Encuentro Internacional en Quito
El Conversatorio permitió también anunciar la convocatoria a un Encuentro Internacional contra la Criminalización, que se hará en Quito el 23 y 24 de octubre, con la CEDOCUT como anfitriona, donde se buscará profundizar la coordinación internacional y proyectar nuevas acciones.
Mientras tanto, promovemos Encuentros o Plenarios Nacionales contra la Criminalización en cada país, donde confluyan los distintos casos y organizaciones perseguidas por protestar, para que la campaña gane implantación y fuerza.
Tenemos por delante una agenda intensa y una oportunidad para rodear de solidaridad a cada compañero y compañera perseguido/as, y fortalecer las organizaciones que defiendan a fondo el derecho a protestar y a organizarse.
Llevar la campaña a cada lugar de trabajo
Ya en mayo de 2024 iniciaron una causa contra Alejandro Bodart y otros dirigentes por marchar el 20 de diciembre, luego de asumir Milei. En el paro nacional del 9 de mayo, detuvieron a doce camioneros por un piquete. Luego allanaron 27 domicilios de referentes de movimientos sociales en Avellaneda, y en febrero de 2025, lo sufrieron referentes del MST Teresa Vive en La Plata, acusados injustamente por “denuncias anónimas”. Lo mismo pasó con Barrios de Pie, en una serie de arbitrarios procedimientos. Cosas que los grandes medios difunden para demonizar a las organizaciones sociales y a la izquierda.
Ningún ajuste pasa sin represión y menos el que descargan Milei y sus cómplices. Esta ultraderecha vino a ajustar el Estado, pero refuerza el espionaje y el aparato represivo sin el cual este Estado capitalista no duraría un día.
En el Congreso, en la Legislatura porteña y en las distintas provincias, esta ultraderecha, junto a los gobiernos del PRO, la UCR y también del PJ como en Salta, presentan proyectos que atacan un derecho democrático básico: el de protestar. El derecho “de peticionar a las autoridades”, está consagrado incluso en la Constitución burguesa desde 1853 en su Art. 14°, como uno de los pilares fundamentales de la jurisprudencia en nuestro país. Y también en los llamados derechos implícitos que surgen de su Art. 33°, donde la doctrina y la jurisprudencia de la Corte Suprema lo consideran un derecho de raíz fundamental, ya que nacen de lo que se considera “la soberanía del pueblo”.
Este derecho a peticionar abarca tres aspectos: el derecho “a asociarse”, es decir, de organizarse; el derecho “de reunión” que implica también movilizarse; y el derecho a la libertad de expresión. Además, están reconocidos por los tratados internacionales que el Estado argentino firmó hace años, y fueron incorporados a la Constitución en 1994 (Art. 75, inc. 22), al darle jerarquía constitucional a pactos como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los cuales protegen explícitamente este derecho de reunión, petición y protesta.
Hay que parar estos avances antidemocráticos: cualquier trabajador que reclame un aumento, un joven que movilice por la universidad, un desocupado que exija trabajo, un programa social o alimentos, toda mujer, disidencias o vecinos que protesten por un corte de luz, pueden ser criminalizados.
Por eso, desde ANCLA, el MST en el FIT Unidad, la LIS, este periódico y nuestro portal Periodismo de Izquierda queremos potenciar esta campaña en los lugares de trabajo, en los sindicatos, entre referencias políticas, sociales, ambientales, estudiantiles y de derechos humanos.
Se puede sumar esta iniciativa en las coordinaciones de lucha que se vienen realizando, juntar firmas para el petitorio, sacar pronunciamientos, hacer videos de apoyo y usar todas las herramientas que sirvan para seguir difundiendo estos casos y rodear de solidaridad a Norma Lezana, a todo el Garrahan y a cada compañero y compañera perseguidos en el mundo. Protestar y organizarse son derechos humanos inalienables. No son delitos.
