Dos altos funcionarios del gobierno de Donald Trump llegarán al país en los próximos días para afinar los detalles del proyecto de infraestructura “Andes-Atlántico“. Mientras el gobierno de Javier Milei atraviesa un momento complicado busca oxígeno para mostrar alguna reactivación, Washington avanza casilleros para asegurarse el control exclusivo sobre el litio, el cobre y el gas argentino.
El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, levantó el teléfono este viernes para comunicarse con Javier Milei. La charla, que según los comunicados oficiales buscó “reafirmar la fortaleza de la asociación entre Estados Unidos y Argentina“, sirvió como preámbulo para un movimiento mucho más concreto sobre el territorio nacional. Entre el 19 y el 26 de octubre, aterrizarán en Buenos Aires el subsecretario de Estado, Christopher Landau, y el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura.
La llegada de estos dos altos funcionarios de la administración de trumpista tiene un objetivo central. El de auditar de primera mano y acelerar el bautizado “Corredor Andes-Atlántico“. Este proyecto, anunciado a las apuradas el mes pasado en el consulado argentino en Nueva York, es presentado por el oficialismo como una lluvia de inversiones millonarias, pero en la realidad funcionaría como un diseño logístico a medida para facilitar la extracción y exportación rápida de los bienes comunes de nuestro país hacia los mercados occidentales.

Debilidad interna, entrega externa
Javier Milei acaba de regresar de Estados Unidos con las manos vacías en términos diplomáticos y financieros, y su gobierno atraviesa uno de sus momentos de mayor debilidad política. Acorralado por la recesión, la caída brutal del consumo y la presión de los mercados financieros y del propio FMI para que exhiba signos de vitalidad económica, el oficialismo necesita desesperadamente construir un relato de éxito.
Esa fragilidad quedó expuesta esta misma semana en el Congreso. Si bien el Gobierno logró salvar la vigencia del DNU 70/23, lo hizo arañando los números, esquivando el quórum gracias a la inestimable complicidad de los gobernadores aliados y un sector de la oposición. Sostener la gobernabilidad le está costando cada vez más caro a una gestión que choca semanalmente con algún problema nuevo. En este escenario, la promesa de los dólares norteamericanos se convierte en un salvavidas que el Gobierno exprime para fingir que el modelo libertario despierta confianza en el mundo.

Los números de la trampa
Sin embargo, al raspar un poco el contenido del anuncio, los números del Corredor Andes-Atlántico revelan las verdaderas condiciones de la entrega. El entendimiento promociona herramientas de financiamiento por hasta 7.000 millones de dólares hacia el año 2027. Actualmente, hoy no hay un solo dólar garantizado en las reservas del Banco Central producto de este pacto. Esto apenas se trata de un techo de crédito potencial para proyectos que están en una fase preliminar.
La joya de la corona de este plan es el proyecto Argentina LNG, impulsado por YPF junto a la italiana Eni y la emiratí XRG, destinado a licuar el gas de Vaca Muerta. Para esta obra, el Export-Import Bank de los Estados Unidos (EXIM Bank) deslizó una propuesta indicativa y no vinculante por hasta 6.000 millones de dólares. El truco, que desarma cualquier espejismo de desarrollo, es que ese dinero operaría como un crédito atado de forma estricta a la compra exclusiva de bienes, maquinaria y servicios provistos por corporaciones norteamericanas.
La intromisión sobre la infraestructura nacional sería total. El plan yanqui abarca desde la modernización de los ferrocarriles de carga Belgrano, San Martín y Urquiza, hasta una red de ductos de exportación e inversiones en la red de fibra óptica. Nada de esto está pensado para conectar a los pueblos de las provincias o mejorar el mercado interno. Toda la obra pública planificada en este corredor está diseñada con el único propósito de reducir los costos logísticos para que las multinacionales puedan extraer el litio del noroeste y el petróleo del sur, y llevárselos por el Atlántico a la mayor velocidad posible.
Soberanía en Remate
La subordinación del gobierno argentino es tan explícita que las propias autoridades se encargan de confesarla en público. Durante la presentación del proyecto en Nueva York, el canciller Pablo Quirno no tuvo pudor en afirmar que “invertir en Argentina es fortalecer la seguridad económica de Estados Unidos“. Para dejar aún más claro quién es el beneficiario real de este pacto, el funcionario remató asegurando que “la maquinaria estadounidense puede ampliar nuestra capacidad instalada y generar empleos calificados en su país de origen“.
Del lado norteamericano, la sintonía es total. Christopher Landau, quien ahora llega a Buenos Aires para supervisar el terreno, aseguró semanas atrás que “nunca hemos tenido una relación (…) tan estrecha, fraternal y profunda como la que existe hoy bajo el presidente Milei“.
Esta “convergencia” de la que hablan los funcionarios de Trump responde de manera milimétrica a la estrategia geopolítica que la Casa Blanca viene desplegando para frenar la influencia de China en América Latina. Durante la cumbre del Escudo de las Américas, el líder republicano fue brutalmente franco con los mandatarios de la región: “Los recursos de América deben pertenecer siempre a los pueblos del continente“. Bajo esa retórica, que en boca de un presidente estadounidense siempre significa “América para los norteamericanos“, se esconde la orden imperial de que los minerales críticos de estas latitudes deben nutrir de forma exclusiva a la industria de Washington.
La llegada de Landau y Segura (un diplomático con profundo conocimiento de la región y un funcionario hijo de empresarios argentinos radicado en Estados Unidos) busca cristalizar sobre el terreno lo que se firmó en los papeles. Vienen a reunirse con funcionarios y líderes del sector privado para garantizar que las cadenas de suministro de energía queden bajo su órbita y control.
Mientras el gobierno libertario celebra estas visitas como un triunfo diplomático, la realidad es que consolida un modelo de dependencia total. Milei, acosado por sus propios fracasos económicos y sostenido apenas por las maniobras de la casta política en el Congreso, le abre las puertas de la infraestructura nacional al imperialismo. El Corredor Andes-Atlántico no soluciona el desempleo, ni la pobreza, ni el parate industrial; simplemente le construye las rutas y los puertos al saqueo extranjero para que la riqueza que se genera en el país se evapore hacia el norte, dejando a su paso pasivos ambientales y una soberanía cada vez más hipotecada.


