El INDEC informó que los precios aumentaron un 1,9% en septiembre y acumulan una suba del 23,6% en lo que va de 2026. Mientras el Gobierno celebra la desaceleración respecto de años anteriores, los aumentos de los servicios públicos y los alimentos siguen deteriorando el poder adquisitivo de trabajadores y jubilados.
Tarifas, educación y salud por encima del promedio
La inflación volvió a subir en septiembre y volvió a poner en cuestión el relato oficial sobre la recuperación económica. Según informó el INDEC, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un incremento del 1,9%, dos décimas por encima del 1,7% de agosto. En los primeros nueve meses del año, la suba acumulada llegó al 23,6%, mientras que la variación interanual alcanzó el 33,4%.
El dato refleja que, pese a la desaceleración frente a los niveles de inflación de años anteriores, los precios continúan aumentando y condicionando la vida cotidiana de millones de personas. Para quienes viven de un salario, una jubilación o ingresos informales, que la inflación mensual ronde el 2% no significa que el costo de vida sea accesible, especialmente cuando los ingresos quedan rezagados frente a los gastos esenciales.
Entre los rubros que más aumentaron durante septiembre se destacó Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una suba del 3,1%. Le siguieron Educación, con el 3%; Comunicación, con el 2,5%; y Salud, con el 2,4%. Los alimentos y bebidas no alcohólicas, uno de los componentes centrales del gasto familiar, aumentaron un 2%.
Estos números exponen una de las principales contradicciones del programa económico de Javier Milei: mientras el Gobierno busca mostrar resultados a partir del ajuste fiscal y la desaceleración de los precios, los hogares deben afrontar tarifas, alquileres, medicamentos y alimentos cada vez más caros.
El impacto no es igual para todos. Los sectores de menores ingresos destinan una proporción mayor de sus recursos a cubrir necesidades básicas, por lo que tienen menos margen para absorber nuevos aumentos. Cuando los salarios y las jubilaciones no alcanzan a seguir el ritmo del costo de vida, la consecuencia es la pérdida de poder adquisitivo, el endeudamiento familiar y el recorte de consumos indispensables.
El ajuste no se mide solamente con el IPC
El Gobierno presenta la desaceleración inflacionaria como uno de los principales logros de su gestión. Sin embargo, el porcentaje mensual no alcanza para explicar la situación económica de la mayoría de la población. También es necesario observar la evolución de los salarios reales, el empleo, las jubilaciones y el costo de las canastas básicas.
La política de ajuste, la reducción de subsidios y los aumentos de los servicios públicos forman parte de una reorganización económica cuyos costos recaen sobre amplios sectores de trabajadores y jubilados. A su vez, el propio presupuesto nacional para 2026 había proyectado una inflación anual del 10,1%, una meta que el acumulado hasta septiembre ya supera ampliamente.
La discusión, entonces, no puede limitarse a si los precios aumentan más o menos que meses atrás. La pregunta central es cuánto cuesta vivir, cuánto se cobra por trabajar y qué sectores terminan pagando las consecuencias de la política económica.
Frente a este escenario, resulta fundamental reclamar aumentos salariales que recuperen lo perdido, jubilaciones que permitan cubrir las necesidades básicas y mecanismos de actualización que no queden sujetos a negociaciones insuficientes. También es necesario frenar los tarifazos y garantizar el acceso a la salud, la educación y los servicios esenciales.
La desaceleración inflacionaria solo puede traducirse en una mejora concreta si se refleja en las condiciones de vida de las mayorías. Mientras los ingresos continúen bajo presión y los gastos esenciales absorban una parte creciente del presupuesto familiar, los anuncios oficiales estarán lejos de resolver la crisis social.
