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El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, fecha que se remonta a 1981, cuando se celebró el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe en Bogotá, Colombia. En dicho encuentro se decidió establecer este día en memoria de las hermanas Mirabal, asesinadas por la dictadura de Leónidas Trujillo en República Dominicana en 1960. En adelante, la efeméride se convirtió en un llamado a la acción contra la violencia machista que afecta a millones de mujeres en todo el mundo.
Una agenda permanente
La violencia contra las mujeres es un problema global que adopta muchas formas, desde la violencia física y sexual hasta la psicológica y económica. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), aproximadamente 1 de cada 3 mujeres en todo el mundo sufre violencia física y/o sexual, mayoritariamente en el seno de una relación íntima, pero también en situaciones laborales, públicas y en contextos de violencia política. Esta violencia no sólo afecta a las mujeres, sino también a niños, niñas y comunidades, quienes sufren sus consecuencias. Se trata de un problema estructural que se dirige contra la integridad de las mujeres con el objetivo de mantener o incrementar su subordinación al género masculino, y esto ocurre en un marco de precarización de la existencia que se manifiesta en una creciente feminización de la pobreza.
Además, la violencia machista se profundiza en contextos de terror y barbarización social. En ese sentido, es menester mencionar la situación de las mujeres palestinas, que enfrentan la violencia de la ocupación y el genocidio en manos del Estado de Israel. Y también a las mujeres africanas, que sufren opresión y violencia en forma de matrimonio infantil forzado, mutilación genital y obstáculos al acceso a la educación y la salud. También en Latinoamérica esta es la realidad de miles, a pesar de las conquistas que innegablemente lograron los movimientos feministas y de mujeres. Por ejemplo, Colombia, acaba de legislar contra el matrimonio forzado de niñas y adolescentes, tema que por cierto, se debe poner en agenda en Argentina de forma urgente, dónde los casamientos con niñas a partir de los 13 años de edad son legales con el sólo hecho de que los autorice un juez.
En ese marco, es fundamental reconocer la intersección de la violencia de género con otras formas de violencia, discriminación y opresión, que la profundizan y multiplican, convirtiéndola en una problemática mucho más compleja de abordar: las acciones puntuales, no articuladas a esta realidad social, desde hace tiempo que se revelaron como insuficientes.
En Argentina, el movimiento feminista viene de lograr conquistas significativas. Respecto de la violencia machista en particular, La Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, sancionada en 2009, es una herramienta fundamental en esta lucha. Sin embargo, en los últimos años, y mucho más bajo el gobierno ultraderechista de Milei, la reacción patriarcal en el marco de una contraofensiva ajustadora está avanzando en el desmantelando dispositivos y servicios para la atención, prevención y erradicación de la violencia de género.
El gobierno de Milei, con su política de ajuste y recorte de recursos, ha eliminado programas y políticas claves para la protección integral de las mujeres y diversidades, dejándolas en una situación de mayor vulnerabilidad, todo ello violando tratados internacionales de rango constitucional. Además, desde el punto de vista de los posicionamientos que legitiman ideologías, Argentina fue el único país de la ONU que votó en contra de una resolución para eliminar y prevenir la violencia contra las mujeres, demostrando que Milei ha elegido a las mujeres y a las niñas como enemigas.
Cómo hemos planteado en otros artículos, no se trata solo de una ofensiva neoliberal para achicar gastos del estado, sino también,de una reacción política e ideológica para escarmentarnos y disciplinarnos como movimiento transformador.
Tiempos de reflexión para seguir
La reacción patriarcal no es un fenómeno aislado, sino que forma parte de un contexto más amplio de ataque en los derechos de las mujeres. La contraofensiva ultraderechista es una reacción a los avances logrados por el movimiento feminista en las últimas décadas pero también, fue posibilitada por las crisis económicas y sociales de carácter sistémico, que han degradado las vidas de millones empujándolos a apoyar nuevas fuerzas que prometen soluciones rápidas y drásticas, cuando no mágicas, con escasa probabilidad de traer soluciones reales y sostenidas a lo largo del tiempo.
En ese marco, la respuesta reaccionaria patriarcal es también el intento de restaurar un orden conservador que se percibe amenazado. En la búsqueda de instaurar un régimen político de nuevo tipo, mucho más represivo y opresor, la reacción patriarcal coincide con el llamado al orden y a la obediencia.
Por lo tanto, la lucha contra la violencia de género requiere un enfoque integral donde el reclamo de medidas hacia la equidad entre los géneros se da en el marco de una lucha popular contra la hegemonía del nuevo poder político, en una sociedad que de momento se encuentra altamente polarizada desde el punto de vista ideológico.
Es decir, que hoy por hoy, reclamar políticas públicas para prevenir, sancionar y erradicar las violencias machistas junto a medidas concretas que apunten contra la discriminación histórica de las mujeres en la sociedad en todos los ámbitos de sus relaciones interpersonales, es enfrentar política e ideológicamente a este gobierno y al régimen político que pretende instaurar.
El gobierno tilda de “socialista” a las políticas llevadas hasta entonces por los gobiernos anteriores y eso está muy alejado de la realidad: Los niveles de desinversión en la última década, la falta de inserción territorial de las políticas transformadoras, la precarización de todo el personal empleado en la atención a esta problemática, son algunos ejemplos de lo contrario: nada de lo hecho hasta ahora responde a algún tipo de planificación socialista. Planificar quiere decir fortalecer genuinamente la educación sexual integral en todo el territorio, aumentar la conciencia pública sobre la violencia de género y sus efectos, crear dispositivos efectivos de prevención y protección contra la violencia machista (que exceden el uso de un botón antipánico, e incluye subsidios, programas, refugios, junto a un espectro de políticas de fortalecimiento social y económico de las mujeres), transformaciones cualitativas en la justicia (el Poder Judicial es un gran responsable de las violencias que vivimos las mujeres y pocas veces es señalado como un actor central), cambios en el tratamiento de las denuncias, entre otras cosas que deben instrumentarse a partir de una firme voluntad de eliminar las brechas y desigualdades entre los géneros.
Al respecto, la postura socialista es clara: para transformar y superar el orden patriarcal, es necesario luchar contra el sistema capitalista que perpetúa la violencia contra las mujeres a través de sus instituciones.
Por lo tanto, es fundamental articular la lucha contra la violencia de género con la lucha social, por la justicia, la igualdad de derechos, el cuidado socio ambiental y la defensa de las condiciones de vida de trabajadores y trabajadoras. La convergencia en las calles, las resonancias a nivel internacional y el modo en que esto se enhebra con construcciones, organizaciones y resistencias cotidianas, son expresión de una iniciativa política capaz de demostrar su vitalidad tanto en el escenario nacional como internacional y global, frente al avance de las derechas racistas, nacionalistas y neoliberales.
El 25 de noviembre es un día para actualizar y renovar compromisos en la lucha contra la violencia de género, pero también para evaluar las condiciones actuales que estamos atravesando y debatir profundamente cómo pensar las articulaciones en las cuales se deben inscribir las luchas contra la violencia y la opresión por motivos de género.