Las dos crisis. Para hacer un balance del año que termina no puede pasarse por alto que estuvo marcado por dos crisis de magnitudes históricas. La sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19 y la económica, comparable a la de fines del siglo XIX o la de la década del ’30 del siglo XX. La combinación de estas dos crisis no es fortuita, tiene que ver con las condiciones provocadas por el modo de producción capitalista. La destrucción ambiental, las grandes industrias agroalimentarias, la liquidación de los sistemas sanitarios, la reducción de presupuestos y privatización de la investigación científica, todas medidas para aumentar la tasa de ganancia de la burguesía sentaron las condiciones para el surgimiento y expansión de la pandemia. Al mismo tiempo se profundizó la crisis económica que venía sin recuperación desde el 2008. Si algo quedó en evidencia es que el sistema capitalista no es capaz de garantizar los derechos más elementales de la humanidad. Millones de muertes, de nuevos desocupados, marginados del sistema educativo, aumento de la pobreza. Sin embargo, mientras los sectores populares sufrimos las peores consecuencias de estas crisis, las 2000 personas más ricas del mundo aumentaron sus fortunas en 2 billones de dólares y sólo en Latinoamérica -uno de los continentes más castigados por ambas crisis- 70 personas sumaron más de U$ 50 mil millones a sus bolsillos.
Es el sistema. Esta situación se dio tanto en los países subdesarrollados o semicoloniales como en los países imperialistas. En los países gobernados por la derecha más reaccionaria, como en los países gobernados por autodenominados gobiernos progresistas. Todos actuaron en esta crisis favoreciendo a los capitalistas. Salvatajes de miles de millones de dólares, euros o pesos para salvar a las empresas y migajas completamente insuficientes para quienes vivimos de nuestro trabajo. Y esos fondos van a intentar que los paguemos nosotros y nosotras con más ajustes y más destrucción ambiental. Por eso son cada vez más los que cuestionan el sistema capitalista. Los discursos sobre la posibilidad de un capitalismo para todos, al estilo del que promueven Alberto Fernández y el Frente de Todos no son más que un cuento que busca mantener un modelo agotado, incapaz de dar respuestas a las mayorías.
Beneficios para los de arriba. Argentina no fue una excepción. También en nuestro país los grandes beneficiarios de la crisis fueron las patronales. Los ATP, la baja de retenciones, los acuerdos con los bonistas y el que se está negociando con el FMI se llevaron gran parte del presupuesto nacional, miles de millones de dólares. Las amenazas o anuncios de alguna tímida medida que afectara sus intereses quedaron en la nada. La expropiación de Vicentín, la unificación del sistema de salud, la prohibición de despidos, todas medidas que no pasaron de las palabras. El discurso progresista contrastó con las medidas concretas. La cuarentena temprana no estuvo acompañada de un fortalecimiento del sistema de salud, por el contrario, se continuó con la precarización laboral y sin incorporación del personal necesario. La falta o insuficiencia de medidas sociales hacia trabajadores informales y la presión de la burguesía para reactivar la economía llevaron cada vez a más aperturas, sin garantizar en fábricas y empresas las condiciones mínimas de protección. Así, los capitalistas siguen haciendo negocios y la clase trabajadora pagando con contagios y muertes.
Ajuste para los de abajo. Para el pueblo trabajador, las consecuencias fueron un agravamiento enorme en las condiciones de vida. A pesar de los intentos de algunos periodistas o intelectuales oficialistas de explicar que no hay ajuste, la realidad no se puede tapar con tinta ni discursos. Ya antes del inicio de la pandemia Fernández ajustó a uno de los sectores más vulnerables con la suspensión de la movilidad jubilatoria, ataque que terminó de consolidar con su nueva fórmula. Se perdieron más de un millón de puestos de trabajo y los aumentos salariales estuvieron muy por detrás de la inflación: ajuste por donde se lo mire. Las cifras del INDEC dan una muestra de esta situación: la pobreza alcanza a casi la mitad de la población. A esto hay que sumarle la decisión del Frente de Todos de profundizar el extractivismo impulsando el acuerdo con China, la megaminería y la aprobación del trigo transgénico. Todo un modelo al servicio de los intereses de las grandes corporaciones. El desalojo de Guernica mostró hasta donde está dispuesto a llegar el gobierno para garantizar los intereses de la burguesía, lanzando represión y topadoras sobre quienes no tienen nada para defender la propiedad privada de los especuladores de la tierra. El repudio fue masivo y significó un quiebre en millones que tenían expectativas en el Frente de Todos. Por eso intentaron desempolvar algunas medidas de tinte progresista como el aporte solidario a las grandes fortunas. Sin embargo, además de tardío e insuficiente, se devuelve gran parte de lo recaudado a las mismas patronales en forma de subsidios.
Año de resistencias. Si Fernández pudo llevar adelante todas esas medidas se debe a la traición abierta de todas las ramas de la burocracia sindical y de las organizaciones sociales, sostenedoras del gobierno, que no llamaron a una sola medida de lucha y aislaron todos los conflictos. A pesar de eso, las luchas fueron muchas, en la mayoría de los casos superando la inacción de las conducciones. A la vanguardia estuvo el personal de salud, con las enfermeras a la cabeza. Pero hubo también autoconvocatorias de choferes metalúrgicos, estatales, luchas como las de LATAM, las de Guernica y muchas otras. La lucha ambiental fue protagonista a lo largo del año contra la quema de humedales, la megaminería y las megafactorías porcinas. Y también la del movimiento de mujeres y disidencias por el aborto legal y contra los femicidios.
Lo que viene para el 2021. El año que viene estará marcado por el acuerdo con el FMI y los intentos de “recuperar la economía”, que en criollo significa recuperar las ganancias patronales. La reforma jubilatoria es un anticipo de los planes del gobierno. La reactivación económica que se proponen está ligada a nuevas reformas estructurales, un aumento de la precarización laboral y del extractivismo contaminante y de saqueo. Ya se anuncian aumentos de tarifas en el transporte y los servicios. Es decir, seguir ajustando al pueblo trabajador para cumplir con los acreedores y las patronales. La perspectiva más probable ante este panorama es que las luchas crezcan y también a que se profundice la decepción con el gobierno. Los roces en el Frente de Todos son una expresión en las alturas del desencanto por debajo de miles que apoyaron y tuvieron expectativas en un cambio de rumbo que el gobierno no estuvo ni está dispuesto a llevar adelante.
Dos tareas esenciales. Por un lado, la pelea por apoyar, coordinar y unificar todas las luchas, impulsando el surgimiento de una nueva dirección en el movimiento obrero. Para eso va a ser fundamental que el Plenario del Sindicalismo Combativo retome la iniciativa, como venimos planteando desde ANCLA-MST. Por otro lado, la necesidad de fortalecer una alternativa de izquierda. La situación de desbarranque económico, sanitario y social hacen necesario un programa que sólo la izquierda plantea: dejar de pagar la deuda fraudulenta, nacionalizar la banca y el comercio exterior, unificar todo el sistema de salud, reestatizar las empresas de servicios y los resortes fundamentales de la economía con control obrero y social, una reforma impositiva progresiva, entre otras medidas. Por eso el gran desafío que tenemos por delante es postular al FIT-Unidad para que los miles que se desencantan cada vez más con el Frente de Todos vean en nuestro frente un polo de referencia para organizarse en la pelea por otro modelo y otra sociedad. La propuesta que levantamos desde el MST de superar el estadío de frente electoral, para transformarnos en un gran movimiento político tiene ese objetivo.