Este lunes 13, esta Cámara revocó la medida cautelar que obligaba al ministerio de Capital (in)Humano a pagar el programa Volver al Trabajo (VAT). El fallo reconoce la legitimidad colectiva de las organizaciones sociales para reclamar, pero avala el ajuste con el argumento de la “presunción de legitimidad” de los actos de gobierno. Desde el MST Teresa Vive, que impulsamos junto a otras organizaciones y las abogadas distintas acciones judiciales, sostenemos que acá no termina ni la lucha en los tribunales ni la lucha en la calle, y llamamos a una gran Jornada Nacional el miércoles 22.
Qué resolvió la Cámara de San Martín
En el marco del expediente contra el “Estado Nacional – Ministerio de Capital Humano s/ Incidente de apelación”, la Sala I de la Cámara Federal de San Martín —integrada por los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Fernández— hizo lugar al recurso oficial y revocó la medida cautelar dictada el 21 de abril por el Juzgado Federal de Campana, que había ordenado al gobierno a mantener el pago del Volver al Trabajo, hasta que se dictara sentencia de fondo (ver fallo completo acá).
Una mala noticia para el sector más vulnerado de la población ya que esa cautelar, arrancada en abril a partir de los amparos colectivos presentados por organizaciones sociales y sus equipos jurídicos, con distintas abogadas -entre ellas, del CADHU, el Centro de Abogades por los Derechos Humanos que acompaña al MST Teresa Vive-, permitió sostener por meses el cobro de los $78.000 mensuales a más de 926.000 familias del programa, pese a que Milei y su ministra Sandra Pettovello anunciaron su extinción.
Los argumentos del fallo
Este fallo se estructura en dos planos, y conviene distinguirlos porque no dicen lo mismo:
1) La Cámara confirmó la legitimación colectiva
El gobierno había apelado también esto, argumentando que las compañeras y compañeros afectados que presentan los amparos y la medida cautelar no podían representar al conjunto porque cada situación individual sería distinta. Pero este Tribunal rechazó ese planteo: aplicando la doctrina del caso “Halabi”, sostuvo que existe un hecho único que afecta de manera homogénea a una pluralidad.
Es decir, rechaza el principal planteo del gobierno y reconoce que hay un hecho común: la baja del Volver al Trabajo, lo que habilita que la acción sea colectiva. Es decir, el gobierno pierde ese aspecto de la apelación y es un dato ya que en esto la Cámara nos dio la razón a las organizaciones: la acción colectiva era el camino correcto para reclamar.
2) Pero revocó la cautelar por “falta de verosimilitud del derecho”
El argumento central para tumbar el pago es que el VAT tenía una duración de 24 meses por decisión de Pettovello, “sujeto a la disponibilidad de crédito presupuestario”. Como ese plazo se cumplió, el Tribunal concluye que “nadie tiene derecho adquirido al mantenimiento de leyes o reglamentos” y que no habría -en esta etapa-, verosimilitud suficiente del derecho invocado…
Así, está (in)justicia capitalista pone el acento en la duración formal fijada arbitrariamente por el gobierno, pero deja para un futuro incierto analizar si al hacerlo se vulneraron derechos sociales protegidos (Ley 27.345 y Art. 14 bis de la Constitución).
A eso le suma dos argumentos de la institucionalidad burguesa: que los actos de Capital (in)Humano “gozan de presunción de legitimidad”, por lo que se requeriría una supuesta “especial prudencia” para conceder una cautelar en su contra, ya que de mantener esa medida habría una supuesta “intromisión” del Poder Judicial en facultades del Poder Ejecutivo, diciendo que avalar la cautelar equivaldría a “anticipar” el resultado final del juicio.
Es decir, entienden que se “interferiría” en la aplicación de las políticas públicas, con lo que esta justicia patronal prioriza la presunta legitimidad del gobierno para ajustar sobre el principio de protección ante la pérdida de ingresos para casi un millón de familias vulneradas por el sistema capitalista y sus gobiernos. Máxime cuando ya hubo 28.262 cierres de empresas y fuentes de trabajo desde que asumió Milei, con 341.396 despidos (Crónica, 15/7), agravando la crisis social.
Incluso porque el propio fallo reconoce, en el considerando VIII, que la sustitución del VAT por los “vouchers para capacitación” (Resolución 295/26) -atados a un curso y sin pago alguno-, “no constituyen una alternativa idónea ni equivalente”, pero deja ese debate para cuando haya sentencia definitiva. Es decir: evoca la protección del ingreso hoy, pero posterga hacia el futuro la definición de que no existe ningún programa real que lo reemplace.
Aunque la Cámara reconoce que hay un colectivo afectado (casi un millón) y valida esa acción, termina privilegiando la política del gobierno ajustador por encima del impacto negativo de quitarles un sustento de carácter alimentario. Si bien el gobierno no ha dicho una palabra hasta ahora respecto al fallo, lo cierto es que lo exime de tener que volver a pagar.
Esto implicaría un impacto social muy grande al afectar al conjunto de la población porque esa plata se vuelca íntegra al consumo en los barrios, lo que golpeará a las provincias y municipios. Por lo que el reclamo debe dirigirse también a los gobernadores e intendentes para que exijan a la Nación la continuidad del pago y se hagan cargo a la vez de otorgar asistencia, planes sociales, alimentos, juguetes para el día de las infancias, becas para la juventud.
Una (in)Justicia que avala el ajuste en nombre de la “división de poderes”
Desde el MST Teresa Vive venimos sosteniendo algo que este fallo nunca desmiente: plata hay. La propia Resolución 295/26 imputa los fondos del Volver al Trabajo a la partida “Ayudas Sociales a Personas” con Fuente de Financiamiento 11, Tesoro Nacional.
No hubo ninguna “crisis fiscal” que impidiera sostener los $78.000 a casi un millón de familias, en un país que le sigue pagando religiosamente al FMI y a los bonistas buitre. Lo que hay es una decisión política de ajuste que ahora encuentra en esta Cámara, un respaldo jurídico.
La “presunción de legitimidad” de los actos de gobierno y la “división de poderes” que el fallo invoca para no controlar al Ejecutivo terminan siendo un cheque en blanco: mientras el juez de Campana definió que privar de un sustento alimentario a casi un millón de familias configuraba un peligro, la Cámara pide “especial prudencia” al frenar esto.
Es la misma lógica que denunciamos al señalar que hay fiscales veloces para reprimir la protesta social, pero “lentos” para investigar la estafa de #Libra o las coimas del 3% que involucran a Milei, su hermana y toda su casta libertaria.
También hay una contradicción que no se disimula: si la Cámara admite que el voucher de supuesta capacitación “no constituye una alternativa idónea ni equivalente” y que eso se resolvería recién en la sentencia de fondo, ¿por qué desproteger el ingreso mientras tanto? Ya que revocar la cautelar ahora, implica hacerle pagar a las familias, con hambre y carencias, los largos tiempos de la justicia… Con lo que se ponen del lado del poderoso y no de los más vulnerados, como principio que debería regir.
Lo que esta pelea ya demostró: luchar rinde
Este revés judicial llega después de meses en que la organización y la movilización -no la voluntad del gobierno- le torcieron el brazo al ajuste. Lo escribimos en junio, cuando la Secretaría de Trabajo tuvo que firmar la liquidación de $72.260.916.000 para pagar el VAT, y lo repetimos en julio cuando volvieron a pagar: cada cobro fue arrancado con asambleas, petitorios y jornadas nacionales, no regalado por ningún gobierno ni tribunal.
Ese es el dato político que este fallo no cambia: la cautelar podía ganarse o perderse en instancias judiciales —de hecho, la Cámara deja abierta la sentencia de fondo por los amparos—, pero el sostén de este derecho es siempre la calle organizada.
Jornada Nacional: miércoles 22, 10 h, en todo el país
Frente a esto, con la unidad de todas las organizaciones sociales convocamos a una Jornada Nacional para el miércoles 22, concortes, asambleas y movilizaciones a las 10 h, para decir: No a la baja del programa Volver al Trabajo.
Los reclamos que venimos sosteniendo desde el MST Teresa Vive incluyen:
- Continuidad del Volver al Trabajo, los vouchers no garantizan ingreso alguno.
- Aumentar los montos del VAT y del Acompañamiento Social, congelados y devaluados ante la inflación.
- Reapertura de las inscripciones a quienes lo necesiten.
- Restituir los alimentos a comedores y merenderos comunitarios.
- Universalizar la asistencia social y un plan de trabajo genuino, financiado con el no pago de la estafa de la deuda con el FMI y los bonistas buitre.
Como en cada instancia, el llamado es a fortalecer la organización en cada barrio y a sumarse a las asambleas del MST Teresa Vive. Porque solo la lucha colectiva impide que el ajuste recaiga sobre quienes menos tenemos.
