Sandra Pettovello y Alejandro Álvarez han salido a descalificar la movilización de este 12 de mayo con frases que buscan ocultar el desguace del sistema universitario. Los funcionarios de Capital Humano intentaron bajarle el precio a la protesta al calificarla como una acción “completamente política”. A su vez, el subsecretario de Políticas Universitarias afirmó además que las consignas “están construidas emocionalmente sobre una mentira”. Estas declaraciones pretenden instalar que la crisis presupuestaria es un invento, cuando la realidad en las aulas y los laboratorios demuestra que el desfinanciamiento es un ataque directo al futuro del país.
El gobierno tiene razón en un punto y es que la marcha es totalmente política. Defender el modelo universitario gratuito y de calidad frente a una gestión que busca mercantilizar el conocimiento es una posición política necesaria para la supervivencia de la ciencia argentina. Álvarez utiliza el término con una connotación negativa para deslegitimar el reclamo de millones de personas. Pero la política es la herramienta que tienen los trabajadores para decidir cómo se distribuyen los recursos. En este caso, el gobierno de Javier Milei ha decidido que la prioridad es el pago de la deuda y el beneficio de los grupos concentrados antes que sostener el derecho al estudio de las mayorías.
El desprecio por la ciencia
Pettovello calificó a la universidad pública como un “monstruo sagrado que la gente defiende sin saber qué pasa adentro”. Este tipo de calificativos exponen el carácter anticientífico de una gestión que ve al conocimiento como una amenaza para su batalla cultural. La ministra, de igual manera que lo hace todo el gobierno, intenta instalar la sospecha sobre el uso de los fondos para justificar un ajuste que ya es brutal. Los funcionarios aseguran estar abiertos al diálogo, pero en la práctica solo ofrecen paritarias de miseria y el incumplimiento sistemático de las leyes vigentes. La soberbia oficial llega al punto de afirmar que la única norma que van a cumplir es la Ley de Presupuesto porque ese instrumento es la vía legal para perpetuar el ajuste.
La negativa a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario es una provocación que pone en riesgo el ciclo lectivo en todo el país. Álvarez sostiene que esta ley quedó derogada de manera implícita al aprobarse el presupuesto nacional. Esta interpretación absurda busca ignorar una decisión soberana del Congreso que ordena actualizar los fondos por inflación. Mientras los funcionarios se amparan en tecnicismos legales, el presupuesto educativo, que ya venía siendo dinamitado en las últimas horas. El gobierno, a modo de provocación. volvió a encender la motosierra con toda violencia. Por medio de un decreto firmado por el presidente, el ministro de economía, Luis Caputo y el corrupto del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se habilitó un violento recorte de $167.302 millones en todo lo comprendido dentro del área de educación. Y, como si fuera poco, en vísperas a la movilización, en el área específica de infraestructura universitaria, la motosierra fue de $5.303 millones. Todas estas cifras confirman que estamos frente a un gobierno enemigo de la educación que prefiere ver edificios derrumbándose antes que invertir en formación profesional.
El desfinanciamiento alcanza niveles críticos en los hospitales universitarios como el Clínicas o el Roffo. Estas instituciones atienden a miles de personas todos los días y hoy se encuentran en una situación de parálisis por la falta de insumos básicos. El subsecretario Álvarez reconoció que hay una partida de $80.000 millones que no fue ejecutada en lo que va del año. En lugar de liberar esos recursos de manera urgente el gobierno pretende crear comisiones para rediseñar criterios de distribución. Esta maniobra solo busca ganar tiempo mientras los pacientes y los profesionales de la salud sufren las consecuencias de un vaciamiento que pone en riesgo la vida de la población.
Un presupuesto que asfixia
La gestión libertaria pretende instalar que no hubo recortes y que solo se trata de una falta de actualización salarial en la medida que quieren los sindicatos. Esta es una de las mentiras que intentan imponer mediante sus comunicados oficiales. Los recursos universitarios cayeron más de un 45% en términos reales y los sueldos docentes perdieron cerca de un tercio de su poder adquisitivo. Un gobierno que se jacta de la eficiencia económica no puede explicar por qué los investigadores y profesionales del sistema público cobran salarios que están por debajo de la línea de pobreza
El ataque del gobierno es global y afecta a todos los niveles del universo educativo. Milei recortó casi 3 billones de pesos en áreas sensibles para intentar sostener un superávit fiscal que solo existe en las planillas de los mercados financieros. Mientras los funcionarios dicen que no hay plata se han conocido aumentos escandalosos en las jerarquías políticas del Estado nacional. El dinero aparece para las dietas de los privilegiados, pero desaparece cuando se trata de comprar reactivos para un laboratorio o sostener las becas estudiantiles.
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Los colegios preuniversitarios también viven una situación desesperante debido a que sus docentes cobran 30% menos que el resto del sistema. Estas instituciones son el orgullo de la educación pública por su nivel académico y hoy se encuentran al borde de la interrupción de actividades. El gobierno ignora estas realidades y prefiere hablar de indicadores objetivos para rediseñar el presupuesto. Bajo esa excusa de la racionalidad se esconde el intento de cerrar carreras con pocos alumnos y eliminar programas de investigación que no tengan una rentabilidad comercial inmediata. El modelo libertario busca una universidad para pocos donde solo puedan estudiar quienes tengan el respaldo económico para costear una vida cada vez más cara.
Una lucha que pertenece a los de abajo
Es fundamental distinguir que esta pelea no es para defender los intereses de la burocracia que dirige las universidades. Los rectores nucleados en el CIN y las conducciones sindicales tradicionales han dejado pasar el ajuste durante meses intentando negociar sus propias cajas con el oficialismo. Personajes como Franco Bartolacci o Emiliano Yacobitti buscan subirse a la movilización para preservar sus cuotas de poder y sus estructuras de camarilla. Ellos no son los protagonistas de este reclamo, por el contrario, son actores que han pactado con distintos gobiernos mientras el presupuesto se desangraba año tras año. La fuerza de esta marcha federal proviene de los trabajadores y los estudiantes que se organizan desde las bases para enfrentar el plan de miseria.
La verdadera columna vertebral de la universidad son los docentes y no docentes que sostienen el sistema con sueldos miserables. Muchos de ellos deben cumplir múltiples horas de trabajo para apenas cubrir las necesidades básicas de sus familias. La fuga de profesionales hacia el sector privado o hacia el exterior es una realidad que el gobierno de Milei fomenta con su desprecio por el trabajo intelectual. En la otra punta del conflicto están los estudiantes que deben enfrentar gastos de alquiler y transporte imposibles de pagar. La mayoría de los pibes tienen que trabajar en puestos precarizados por salarios de hambre para poder costear sus apuntes y su comida.
El movimiento estudiantil tiene que irrumpir con fuerza propia y retomar las asambleas para que la lucha no quede en manos de los rectores negociadores. Como sucede con las acciones llamadas por la burocracia sindical, esto no alcanza con una jornada de movilización aislada. Es necesario construir un plan de lucha nacional que coordine a todos los sectores agredidos por el capital y el ajuste libertario. La universidad pública no es un edificio, es la clase trabajadora estudiando y produciendo conocimiento para transformar la realidad. Defender la Ley de Financiamiento Universitario es hoy uno de los puntales de la lucha contra un modelo de país que nos quiere brutos y subordinados a los intereses extranjeros. El 12 de mayo es el puntapié inicial para derrotar el plan de ajuste de Milei y garantizar una educación al servicio del pueblo trabajador.
