Edmundo Rabbione, juez que subroga el Juzgado N°14, dio a conocer la caratula definitiva de este crimen de odio, procesando a justo Fernando Barrientos de 67 años por homicidio doblemente agravado por alevosía y el uso de un medio idóneo para causar daño, desconociendo el agravante del crimen de odio en la carátula. Esto significa que tres muertes fueron femicidios agravados por el odio al género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión pero que la justicia desconoce esta motivación.
Un crimen basado en el odio
El pasado 5 de mayo, Barrientos fue el perpetrador de un crimen brutal contra cuatro mujeres que vivían juntas, prendiendo fuego el lugar donde habitaban, e impidiendo que pudieran salir.
Andrea Amarante estuvo internada en el Hospital Penna con el 75 % del cuerpo quemado, falleciendo luego de luchar por su vida, en el propio hospital. Antes de Andrea habían muerto Pamela Cobas y Roxana Figueroa. La cuarta víctima, Sofía Castro Riglos ya declaró ante la Policía de la Ciudad, y aun lucha por sobrevivir. Los contenidos de la declaración de Sofía, así como el resultado de la pericia de la habitación, se mantienen en estricta reserva. Pero de todo se desprende que este crimen tuvo una motivación que explícitamente se evidencia en el accionar de este individuo que constantemente las acosaba verbal y agresivamente por su orientación sexual, y que llego a amenazarlas de muerte a fines del año pasado, por lo cual ya se había radicado una denuncia.
Este crimen ocurrió en un contexto de permisión e impunidad del que se pudo valer su autor para ejecutar la muerte, por eso con la incorporación de las figuras de “femicidio” (artículo 80 inciso 11) y “odio a la orientación sexual, identidad de género o expresión de género” (artículo 80 inciso 4) como agravantes del Código Penal, se busca abordar crímenes que reflejan una discriminación extrema en nuestra sociedad.
Más allá de la comisión de un acto violento, necesitamos comprender estos delitos como fenómenos más complejos, arraigados en condiciones estructurales previas que generan un entramado de violencias interrelacionadas que culminan con la muerte.
El problema no radica solamente en las personas que matan lesbianas, maricas o travestis, sino en cómo se generan esas condiciones de permisión para que puedan matar, y unir no solo al delito, al crimen en si, el discurso que lo acompaña y que de alguna manera lo sustenta.
Es muy grave que la caratula de este procesamiento sobre Barrientos nada diga al respecto, y si bien se lo juzga con agravantes cuyas penas son altas, no constituyen un abordaje integral ni con perspectiva de genero y mucho menos un tratamiento justo de este crimen.
Un discurso de odio que circula en muchas esferas institucionales
Las condiciones para que florezcan atrocidades así, sin lugar a dudas radican en discursos de odio que se instalan, a veces en sectores, otras en condiciones particulares. Entre esas condiciones están las que genera desde el propio Estado mediante la eliminación de determinadas políticas y de organismos cruciales para la construcción de sociedades sin violencia.
Por supuesto no basta la mera existencia de esos espacios, como ya comprobamos, pero su eliminación, acompañado de un discurso y una re afirmación del odio y desprecio hacia determinadas personas, desde miembros del gobierno y funcionarios, generan un combo nocivo y optimas condiciones para instalar estas brutalidades.
Además, la existencia de normas, o leyes que penalizan estos crímenes son cruciales para disuadir y castigar a aquellos que incitan al odio, pero por supuesto si estas no son incorporadas o son ninguneadas por la propia justicia, terminan en letra muerta.
Por otro lado, también es necesaria la promoción de políticas públicas que fomenten la igualdad y el respeto hacia las diversidades, con el gobierno de Milei es evidente que no solo no existen, sino que sus discursos promocionan la desigualdad.
Desde antes de entrar a la presidencia, el gobierno de Javier Milei fue muy claro respecto a su desdén por las sexodiversidades. A través del discurso oficial se ha mostrado una fuerte resistencia a respetar las identidades y a combatir la violencia en razón de orientación sexual, identidad y/o expresión de género.
Por ejemplo, durante la conferencia del 13 de mayo, el vocero de la presidencia, Manuel Adorni, dijo que el ataque de Barracas fue la expresión de una violencia “generalizada” y “abarcativa”, por lo que desconoce las motivaciones de odio del plexo penal, pero además equipara la brutalidad de este hecho en Barracas, con cualquier acto de violencia. Ratificando una posición que no es de desconocimiento sino de ataque a las minorías.
Ayer en un nuevo 3J llevamos la bandera de Justicia por Andrea, Roxana, Pamela, y Sofia. Con esas consignas, marchamos, comenzamos el acto, y concentramos en Congreso. Y con esas banderas también exigiremos a esta justicia, patriarcal, machista el debido procesamiento de este crimen.
Un crimen, basado en el odio, por su condición de ser mujeres, lesbianas, pobres y vivir juntas. El discurso de odio mata, este gobierno es responsable directo de un discurso contra las diversidades sexuales, por eso mas que nunca defender la ESI como herramienta preventiva y formativa, repudiar al juez Rabbione, y exigir justicia real para las victimas de Barracas, pero fundamentalmente repudiar los discursos de odio desde las esferas mas altas del gobierno. Ni un paso atrás.
Fue lebiscidio
Fue un crimen de odio
El estado es responsable.