Los hermanos Neuss y Genneia desembolsaron US$356 millones para quedarse con el control de Transener. Apenas días después de tomar posesión, el nuevo directorio aprobó el reparto de $253.536 millones en dividendos acumulados durante ejercicios anteriores, una suma equivalente a cerca de dos tercios de lo pagado al Estado. El caso vuelve a poner bajo la lupa el negocio de las privatizaciones de Milei.
Un negocio armado sobre ganancias previas
La privatización de Transener, una de las empresas estratégicas del sistema eléctrico argentino, suma un nuevo capítulo que vuelve a poner en discusión quiénes se benefician con la entrega de activos públicos al capital privado.
El grupo Edison, de los hermanos Juan y Patricio Neuss, asociado con Genneia, pagó US$356,1 millones para quedarse con la participación que el Estado nacional tenía en Citelec, la sociedad controlante de Transener. Pero, apenas concretado el traspaso, los nuevos propietarios encontraron en las cuentas de la compañía una importante reserva de ganancias acumuladas y decidieron distribuirla entre los accionistas.
El 27 de agosto, el directorio de Transener aprobó el reparto de $253.535.989.514 en efectivo, provenientes de una reserva destinada al pago de futuros dividendos. Según la investigación, ese monto representa aproximadamente dos terceras partes de los fondos que los nuevos accionistas desembolsaron para adquirir la participación estatal.
La postal es difícil de ignorar: el Estado vende una empresa estratégica, el privado paga una cifra millonaria y, pocos días después, recupera una parte sustancial de ese desembolso utilizando ganancias que la compañía ya tenía acumuladas.
Hay un dato particularmente significativo. La reserva de dinero no apareció mágicamente después de la privatización. Se trataba de recursos acumulados por Transener a partir de ganancias obtenidas durante ejercicios anteriores, cuando el Estado todavía participaba indirectamente en la compañía a través de ENARSA. En abril, la asamblea de Transener había aprobado destinar $522.590 millones a una reserva para futuros dividendos.
Cuatro meses después, con el proceso de privatización consumado, casi la mitad de esa reserva fue distribuida entre los nuevos accionistas. Es decir, los nuevos propietarios no generaron esas ganancias: heredaron una empresa rentable, con dinero acumulado en caja, y rápidamente pudieron disponer de una parte de esos recursos.
Esto vuelve a poner en cuestión uno de los principales argumentos utilizados por el Gobierno para justificar las privatizaciones: que las empresas estatales son ineficientes, generan pérdidas y representan una carga para las cuentas públicas. En el caso de Transener, los números muestran otra realidad.
¿Por qué vender una empresa que gana dinero?
Transener no es una empresa menor. Opera alrededor del 85% de la red de transporte de energía eléctrica en alta tensión y gestiona más de 12.000 kilómetros de líneas de 500 kV que atraviesan el territorio nacional. Su actividad resulta estratégica para el funcionamiento del sistema eléctrico argentino.
Sin embargo, el Gobierno decidió desprenderse de la participación estatal que tenía en Citelec, que estaba repartida hasta entonces en partes iguales entre ENARSA y Pampa Energía. Desde el discurso libertario, la operación forma parte de la supuesta retirada del Estado de actividades que deberían quedar en manos privadas.
Pero si la empresa genera ganancias y administra una infraestructura esencial para todo el país, la pregunta debería ser exactamente la contraria:¿por qué esas ganancias y el control de una infraestructura estratégica tienen que quedar en manos de empresarios privados?
El problema es que sea rentable para unos pocos accionistas en lugar de que esa rentabilidad sea utilizada para desarrollar y ampliar una infraestructura eléctrica pública al servicio de las necesidades sociales y productivas.
Una privatización que ya había despertado sospechas
El proceso de venta tampoco estuvo exento de polémicas. Durante la apertura electrónica de las ofertas se produjeron inconvenientes en la plataforma oficial. Inicialmente aparecieron como ganadoras las propuestas de Central Puerto y Edenor, mientras que la oferta presentada por Genneia y Edison Transmisión no se visualizaba.
Cuando el sistema fue restablecido, apareció la propuesta de los Neuss y Genneia, que con US$356,17 millones superaba las ofertas de Central Puerto, de US$301 millones, y Edenor, de US$230 millones.
Los funcionarios responsables atribuyeron el episodio a “problemas en el sistema”. La Comisión Evaluadora sostuvo posteriormente que la documentación cumplía con los requisitos y que los oferentes no presentaron impugnaciones. Sin embargo, la secuencia dejó interrogantes que ahora vuelven a adquirir relevancia.
¿Quién sabía que la empresa tenía cientos de miles de millones de pesos acumulados? ¿Cómo se calculó el precio de venta? ¿Se tuvo en cuenta esa reserva al momento de determinar el valor del activo? Son preguntas que deberían ser respondidas públicamente.
Los Neuss y el mapa de las privatizaciones
El caso tampoco puede analizarse de manera aislada. Los hermanos Neuss vienen ampliando su participación en negocios energéticos desde la llegada de Javier Milei al Gobierno. El grupo asociado con Genneia ya había avanzado sobre otros activos estratégicos y recientemente obtuvo también la adjudicación de la hidroeléctrica Alicurá.
En paralelo, existen también “grises” alrededor de la privatización de Los Nihuiles, donde una empresa vinculada a los Neuss había sido contratada para tareas de mantenimiento durante el proceso de venta, generando cuestionamientos por un eventual acceso a información privilegiada.
Así empieza a aparecer un patrón: las privatizaciones que el Gobierno presenta como procesos abiertos y competitivos terminan colocando activos estratégicos en manos de un reducido grupo de grandes empresarios locales. Y esto ocurre mientras el Estado abandona progresivamente su participación en áreas centrales de la economía.
El Estado pierde, los empresarios recuperan
La lógica del negocio queda expuesta con especial claridad en el caso de Transener. El Estado se desprende de una participación estratégica y recibe US$356 millones. Los privados pasan a controlar una empresa que genera ganancias y que, además, tenía una importante reserva acumulada.
Pocos días después de asumir, los nuevos accionistas aprueban un reparto de más de $253.000 millones. Mientras tanto, el Gobierno continúa justificando las privatizaciones en nombre del déficit fiscal y la necesidad de “ordenar las cuentas públicas”.
Pero hay una pregunta que el discurso oficial evita: ¿Cuánto pierde el Estado en ingresos futuros al desprenderse de empresas rentables y estratégicas? Porque el problema de las privatizaciones no es solamente cuánto dinero recibe el Estado al momento de vender. También hay que contabilizar todo lo que deja de recibir en el futuro.
La energía no es una mercancía
Desde la izquierda sostenemos que la energía y las redes que permiten transportarla deben estar bajo control público y democrático. Transener no debería ser un activo financiero más dentro de la cartera de un grupo empresario.
Su función es estratégica: garantizar que la electricidad pueda circular por todo el territorio nacional. Por eso, en lugar de avanzar con privatizaciones, debería discutirse la recuperación del control estatal sobre el sistema energético, con inversión pública, planificación y participación de los trabajadores en la gestión.
Las ganancias de una empresa de estas características deberían utilizarse para ampliar la infraestructura, mejorar el servicio y reducir los costos energéticos para la población y la producción, no para engrosar los dividendos de sus accionistas.
Un negocio para pocos
La privatización de Transener deja una imagen que contradice buena parte del discurso oficial. Milei prometió terminar con los privilegios y reducir el peso de quienes se benefician del Estado.
Pero su política de privatizaciones está construyendo nuevos negocios para grandes grupos empresarios. Una empresa estratégica, ganancias acumuladas y cientos de millones de dólares en juego: todo termina en manos privadas mientras el Estado se retira.
Y ahora, además, los nuevos dueños recuperaron en dividendos cerca de dos tercios de lo que pagaron por adquirirla. La pregunta ya no es solamente qué se privatiza. Es quién se queda con el negocio de privatizar la Argentina.
