En un despliegue mediático y policial de gran envergadura, el gobierno porteño de Jorge Macri lanzó el operativo “Tormenta Negra”, con más de 1.500 efectivos de la Policía de la Ciudad irrumpiendo simultáneamente en una quincena de “villas” porteñas, como en el emblemático Barrio 31, 1-11-14, Ciudad Oculta, Rodrigo Bueno y otros.
El jefe de Gobierno no ahorró en declaraciones fuertes: “El que venga de afuera a molestar a los porteños que sepa que lo vamos a meter en cana. Y si es extranjero, lo mandamos de vuelta a su país”. El mensaje es claro: se busca instalar la idea de que la inseguridad en la Ciudad proviene principalmente de “intrusos” de los barrios populares y del conurbano. Con eso busca instalar la estigmatización y el odio hacia la población migrante.
Sin embargo, detrás del show represivo se esconde una política que ignora las raíces estructurales del problema y criminaliza la pobreza. Porque si hay narcomenudeo y negocios ilegales en los barrios populares, también los hay —y de gran escala— en countries y barrios privados de lujo, donde el narcotráfico ha encontrado refugio histórico para blanquear capitales y esconderse.
Estigmatizar en lugar de resolver
El gobierno porteño elige el camino más fácil: mostrar mano dura contra los búnkers y los vendedores informales, mientras las condiciones de vida en los barrios populares siguen siendo dramáticas. La pobreza en la Ciudad de Buenos Aires se ubicó en torno al 21,1% al cierre de 2025, afectando a más de 650.000 personas. En los barrios populares, estas cifras son mucho más altas, con hacinamiento, falta de servicios básicos, salud y educación de calidad.
La inmensa mayoría de los habitantes de estos barrios son trabajadores —muchos en la informalidad— o desocupados que buscan salir adelante. Quieren vivir sin narcos ni violencia, sí, pero también exigen trabajo registrado, con aportes, obra social y salarios dignos que les permitan mejorar sus viviendas y la vida de sus familias. En un país con informalidad laboral cercana al 43%, criminalizar la “rebusca” (ese changuito, ese kiosco improvisado o la venta de chipá) es castigar la supervivencia de quienes el modelo económico deja afuera.
En vez de atacar estas causas estructurales —la falta de políticas activas de empleo genuino, la precarización laboral y el ajuste que profundiza la desigualdad—, el macrismo opta por la foto del búnker clausurado y las declaraciones estigmatizantes. Se demoniza a todo el barrio popular por las acciones de una minoría delictiva, reforzando el prejuicio social que ya pesa sobre millones de argentinos.
La hipocresía de la “seguridad”
Es cierto que el narcomenudeo genera violencia y deterioro en los barrios. Los vecinos honestos son las primeras víctimas y reclaman soluciones concretas. Pero una política que se reduce a operativos espectaculares y cierres simbólicos no resuelve nada de fondo. Sin inversión en infraestructura, sin generación masiva de empleo formal, sin políticas integrales de urbanización y sin combatir el narcotráfico de verdad (incluyendo las redes de gran escala que operan en otros niveles socioeconómicos), estos operativos serán solo parches mediáticos que se repiten cada tanto.
El discurso de “proteger el estilo de vida porteño” frente al “conurbano peligroso” vuelve a dividir a la sociedad entre “gente de bien” y “sospechosos de barrio”. Una mirada clasista que ignora que la delincuencia es un fenómeno social complejo, alimentado por la exclusión que el propio modelo económico reproduce.
Sin dudas está, y al igual que las políticas anti organizaciones sociales que lleva adelante el gobierno de Milei y su copia en la ciudad Macri, es otro ataque a las condiciones de vida y refuerza la línea antiderecho de estos gobiernos. También la estigmatización y el ataque a dichas organizaciones , cuando son las que muchas veces cumplen roles que le corresponden al Estado (comedores, merenderos, apoyo escolar, etc.), también es parte de este show de acciones anti pobres.
Los barrios populares no son el problema. Son la consecuencia de décadas de políticas que priorizaron el ajuste y el mercado por sobre los derechos sociales. Frente a la “Tormenta Negra” represiva, hace falta una verdadera tormenta de inclusión: trabajo decente, educación, salud y urbanización real para que los vecinos de las villas puedan vivir con dignidad.
Porque reprimir al que “viene de afuera” o al que sobrevive como puede no es solucionar la inseguridad. Es esconderla bajo la alfombra mientras se estigmatiza a los más vulnerables.
Adrian Hernandez
