El gobierno de Milei sigue acumulando golpes y no logra salir de su propio laberinto. Apenas unas horas después del cruce con la Unión Industrial Argentina (UIA) por el Día de la Industria, el oficialismo sumó un nuevo y ruidoso tropezón, esta vez en el Congreso. En un plenario de comisiones del Senado, La Libertad Avanza fracasó en su intento de conseguir el dictamen para el “Súper RIGI”, uno de sus proyectos estrella. Los aliados de siempre (el PRO, la UCR y el de los gobernadores del PJ) decidieron retirar sus firmas a último momento, trabando el tratamiento de la ley.
Este encadenamiento de sucesos se inscribe en el derrotero político que atraviesa el oficialismo desde aquel 6 de agosto. El gobierno busca desesperadamente retomar la iniciativa, pero choca constantemente con su propia crisis. Este momento de debilidad es olfateado por los sectores colaboracionistas; esos mismos aliados que hasta ayer le votaban todo, hoy se animan a marcarle la cancha y exigirle un precio más alto por su apoyo. La famosa Mesa Política comandada por Karina Milei, que supuestamente iba a filtrar y asegurar el éxito de los proyectos antes de mandarlos al Congreso para evitar papelones, falló de manera estrepitosa. No hay derrota en el recinto aún, pero las luces de alerta están encendidas en la Rosada.
La negativa de los aliados volteó el dictamen
La jornada del miércoles en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Legislación General y Economía Nacional e Inversión terminó en frustración para la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, y el presidente de la comisión de Presupuesto, Agustín Monteverde. Cuando este último hizo circular el despacho para la firma, los números no dieron.
La “rebelión” fue protagonizada por legisladores clave para el oficialismo: Maximiliano Abad (UCR), Carlos “Camau” Espínola (Provincias Unidas) y Martín Goerling (PRO). A ellos se sumó la negativa de María Victoria Huala (PRO) y un sugestivo desfile de ausencias de otros aliados como Alejandra Vigo, Flavio Fama y Andrea Cristina.
¿Qué exigían estos senadores para acompañar el proyecto? Modificaciones en la cláusula de “compre nacional“. En la media sanción de Diputados, se había fijado un compromiso de contratar proveedores locales por un mínimo del 20%. El oficialismo, intentando ceder, aceptó incluir en ese porcentaje a bienes y servicios transables, además de obligar a los megaproyectos a autoabastecerse de energía para no quebrar el suministro de las provincias.
Sin embargo, a los aliados no les alcanzó. Apenas dos horas antes del plenario, Goerling le comunicó a Bullrich una nueva exigencia: que los grandes inversores estén obligados a comprar insumos de origen nacional incluso si estos resultan hasta un 15% más caros que los importados, y deslizaron la intención de elevar la cuota de participación local al 30% o 40%.
Ante este apriete, Patricia Bullrich no ocultó su frustración frente a la prensa: “Es un tema que va en contra de nuestra idea. Hay que consultar con Economía… no lo veo tan fácil”. Visiblemente superada por las trabas de sus propios socios, la senadora libertaria lanzó una advertencia con tono de rendición: “Si el Súper RIGI tiene tantos problemas, tendremos que quedarnos con el RIGI”.
Cabe aclarar que estas exigencias de la oposición dialoguista no tienen ninguna carga progresiva ni buscan defender genuinamente la soberanía. Son, simplemente, maniobras de un sector político que entiende el mal momento del gobierno y aprovecha para negociar mejores tajadas para los sectores empresariales locales que ellos representan.
¿Qué es el Súper RIGI y por qué es tan peligroso?
Más allá de la rosca parlamentaria, es fundamental entender el contenido obsceno de este proyecto. El Súper RIGI amplía el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, pero ahora apuntando a sectores de “vanguardia tecnológica” con un piso de inversión de US$ 1.000 millones. Es, lisa y llanamente, un traje a medida confeccionado para los nuevos tecno-magnates de Silicon Valley.
La figura detrás del lobby de este proyecto es Peter Thiel, fundador de PayPal, creador de Palantir Technologies (empresa de espionaje y análisis de datos vinculada al ejército de EE.UU.) y referente de la ultraderecha global. Estos sectores buscan desembarcar en Argentina para instalar mega data centers de inteligencia artificial, atraídos por un festival de beneficios que incluyen:
- Reducción del Impuesto a las Ganancias a un 15% fijo.
- Exención total de derechos de exportación e importación desde el día cero.
- Disponibilidad del 100% de las divisas al tercer año.
- Alícuota patronal única del 10%.
Las consecuencias de entregar el país bajo estas condiciones son devastadoras. En primer lugar, implica una destrucción total de la industria nacional de base tecnológica. En segundo lugar, profundiza una matriz extractivista, convirtiendo a la Argentina en un enclave de exportación sin ningún encadenamiento productivo local. Pero lo más alarmante son los pasivos ambientales: los inmensos centros de datos para IA y la megaminería de frontera exigen cantidades brutales de energía y generan un estrés hídrico monumental, legalizando el saqueo de los bienes comunes y dejando tierra arrasada. Todo esto, coronado con un blindaje jurídico por 30 años que permite a estas multinacionales demandar al Estado en tribunales internacionales (como el CIADI) si un futuro gobierno intenta ponerles un freno.
Un gobierno complicado por su propia crisis
El empantanamiento del Súper RIGI en el Senado es la foto de un gobierno que hace agua. La debilidad política de Javier Milei es tan evidente que ya no puede garantizar ni siquiera el acompañamiento de la oposición que le venía votando todo a libro cerrado. Debe hacer malabares constantes para que no se le caigan los proyectos que él mismo promociona como la salvación del país.
Este nuevo traspié libertario nos da tiempo para observar de cerca el verdadero peligro que representan estas leyes. El Súper RIGI es la entrega obscena de nuestra soberanía, de nuestros recursos naturales y de nuestro futuro a los buitres tecnológicos internacionales. Es fundamental denunciar y frenar en las calles este modelo de saqueo que, mientras le recorta el presupuesto a la salud, la educación y los jubilados, le regala el país por tres décadas a los multimillonarios del mundo.
