En menos de una semana salieron a la luz hechos diversos y gravísimos que salpican al gobierno de Schiaretti. Me refiero puntualmente al hackeo del sistema del Poder Judicial, a la muerte de Karina Moyano -maestra de escuela pública, víctima de violencia laboral, maltratada por su directora hasta el día de su muerte-, y al suceso que conmociona a las cordobesas y cordobeses: la muerte de bebés sanos en circunstancias dudosas en el Hospital Neonatal. Aunque a priori no se visualiza conexión entre los mismos, debo decir que no se trata de acontecimientos aislados, por el contrario tienen un común denominador: el cordobesismo.
Por cordobesismo me refiero a la estructura de gobierno absolutamente verticalista del PJ cordobés, que en sus 23 años de mandato ha centralizado poder, sosteniendo en sus cargos ministeriales aun a los más inoperantes, tapando todo lo mal hecho hasta que explota y vulnerando de esta forma derechos fundamentales de la población cordobesa.
Cuentan para esto con la sumisión del conjunto de las instituciones provinciales: la justicia, la policía, la legislatura, todos se rinden ante el poder del Gobierno, en gran medida porque todos fueron puestos por él, a punto tal que replican al interior de sus dependencias las lógicas del PJ cordobés: autoritarismo, violencia, censura son parte del modus operandi.
Dos décadas en una semana
Esta semana negra no es un rayo en un cielo despejado. Hechos similares de gran magnitud ocurrían antes, pero que todo se haya dado junto en un período tan corto, puso ante los ojos de miles lo que nosotros venimos denunciando hace ya mucho tiempo.
Se me viene a la memoria el caso de Piñero que en 2020, estando a cargo de SENAF trató de mentirosos a los trabajadores que denunciaron el vaciamiento y las vulneraciones a los derechos de niñas, niños y adolescentes tutelados por el Estado. Meses después y luego de que saliera a la luz la violación de una menor dentro de una residencia, el funcionario renunció.
Otro caso muy resonante fue el de Diego Concha, hoy imputado por el abuso sexual y muerte de Luana Ludueña, al que sostuvieron e incluso premiaron, hasta que todo se hizo público y terminó renunciando y preso. Ni hablar de la policía, que cada día maltrata y persigue pibes y con mucha frecuencia los mata. El caso de Blas, el de Joaquín, el de Güere o más recientemente el asesinato dentro de la Comisaria de Jonatan Romo, son una muestra de esto.
Bozales a la verdad
Por eso buscan todas las formas de callar a los únicos que verdaderamente quieren defender lo público, que de verdad quieren que los programas y servicios funcionen y sean de calidad: los trabajadores y usuarios. Así es que en 2018, Cardozo como Ministro de Salud firmó un memo donde PROHIBÍA a los agentes dar información sobre lo que ocurría en los Hospitales y Centros de Salud -claro que la situación objetiva de los mismos no tiene nada positivo para ser contado-. Su pasado policía explica parte de ese autoritarismo, la otra parte viene dada por el funcionamiento verticalista del gobierno.
Sin dudas, el intento de ocultamiento de lo sucedido en el Neonatal fue enorme, no sólo el Ministro ya sabía hace rato lo que estaba sucediendo, sino que había dos denuncias radicadas en la Fiscalía de Distrito 4, Turno 6, a cargo de Jorgelina Gutiez y casualmente, cuando se supo que iba a trascender, un ciudadano X presentó la denuncia en la Fiscalía de Distrito 3, Turno 7 para que la investigación quede a cargo del Fiscal Garzón, amigo del gobierno. Con esa maniobra se busca callar también a las familias víctimas del desenlace más horroroso que es la muerte de un hijo.
El summum fue la presentación del Gobierno como querellante en el caso. Casi tan ofensivo como si se hubiera presentado como querellante en el caso de Blas o casi tan ridículo como Llaryora siendo querellante en la causa por los desbordes cloacales en Villa Páez. Sin embargo en el último caso, el municipio fue aceptado, demostrando la connivencia existente entre la justicia y el poder político. De hecho, si el caso del Neonatal no hubiese tenido el nivel de repercusión pública actual, no tengo dudas que Garzón hubiese admitido la solicitud del gobierno provincial. En efecto el comunicado oficial lo daba por hecho y por eso pusieron textualmente “el gobierno se constituyó como querellante” en lugar de decir que lo habían solicitado.
El silencio impune
Para sostener el silencio que les garantiza impunidad han recurrido a la censura, como así también a los millones. Toda la plata destinada a la pauta oficial rinde sus frutos a la hora de que la voz del oficialismo sea la única voz que se escuche. De esta manera intentaron construir un relato de una Córdoba pujante, próspera, con un gobierno que hace mucho y no se dedica a hablar. La realidad es muy distinta. Somos la provincia con los peores índices de pobreza e indigencia, batimos récord en ecocidio, y todo lo que producimos está puesto al servicio de que un par de vivos hagan fortunas: ellos, los empresarios del campo y el desarrollismo inmobiliario, son los únicos por los que Schiaretti se preocupa y para los que Schiaretti trabaja, de hecho en plena crisis por las muertes de los bebés, el gobernador que nada había dicho respecto del hecho, salió públicamente a reclamar que le bajen las retenciones a los sojeros.
Mientras tanto en la legislatura, que debería aportar soluciones frente a tantos flagelos, la voz de la oposición es totalmente silenciada: no se tratan prácticamente nunca los proyectos opositores y ya ni siquiera habilitan los cinco minutos de reconsideración que permiten que al menos dentro del recinto se expresen las ideas de quienes no comulgamos con el oficialismo. A la par, se la usa para avanzar en proyectos que siguen destruyendo la provincia, como en la última sesión donde se aprobó una modificación a los anexos de la Ley de Ambiente (10208) que otorga más permisos y menos condiciones para la devastación ambiental.
Otra provincia es posible
Es sabido que la mentira no dura para siempre. Hoy en Córdoba la verdad sale a la luz de una forma muy cruda y dolorosa. Nos provoca muchísima indignación y bronca, pero creo firmemente que esos sentimientos no deben paralizarnos, al contrario, nuestra tarea es transformarlos en acción para reclamar que desde hoy nada vuelva a ser como antes. Que de una vez por todas se termine el autoritarismo y la violencia y que en nuestra provincia, lo que hacemos y producimos se ponga al servicio de resolver todas las necesidades de nuestro pueblo y garantizar una vida digna para las y los cordobeses.