El jueves resultó bastante amargo para los trabajadores y las mayorías populares, debido al dígito que alcanzó la inflación en junio. Sin embargo, a pesar del alza de los precios que parece no tener límites, el gobierno anunció este viernes la segmentación de tarifas para los servicios de luz y gas y puso en marcha la inscripción a la misma. Dicha medida comenzará a efectuarse en agosto, cuando llegarán los aumentos en las boletas.
Darío Martínez, secretario de Energía, fue quien estuvo a cargo de la conferencia de prensa donde se dieron a conocer los tres segmentos que establece el Decreto 332. Una discriminación que establecerá la quita de subsidios según la categoría asignada por los ingresos declarados.
De esta forma quedan establecidos la siguiente segmentación:
- Tarifa plena. Para quienes califiquen para este rango la quita de subsidios será total, pasando a pagar estos usuarios la totalidad de las tarifas de luz y gas. Quienes formarán parte de esta segmentación serán los hogares que declaren ingresos mensuales totales que sean equivalentes o superiores a $348.869 (3,5 canastas básicas para un hogar tipo 2 según el INDEC).
- Tarifa media. Según lo explicitado por el gobierno, este segmento afrontará un aumento del 42,7% anualizado. El sector socio-económico que constituye esta categoría son lo hogares que perciben menos de 2 canastas básicas, pero más de $99.677 mensuales como ingreso total.
- Tarifa social: El último escalafón de la segmentación tendrá un aumento del 21,4% anualizado. Quedan incluidos en este grupo quienes perciben ingresos menores a una canasta básica.Dado el conflicto que se generó en el Frente de Todos, las planillas de inscripción sólo se podrán complementar en el plazo de dos semanas. No sólo los usuarios deberán pagar el costo de los nuevos aumentos, sino que presos de la rosca y por la ansiedad de cumplir con el Fondo, también tienen que soportar la improvisación del gobierno.
Dado el conflicto que se generó en el Frente de Todos, las planillas de inscripción sólo se podrán complementar en el plazo de dos semanas. No sólo los usuarios deberán pagar el costo de los nuevos aumentos, sino que presos de la rosca y por la ansiedad de cumplir con el Fondo, también tienen que soportar la improvisación del gobierno.
Se concreta así una política diseñada por el ex ministro de Economía, Martín Guzmán, que sólo está pensada para complacer el programa económico diseñado por el FMI. Aquellas peleas para la aplicación del nuevo tarifazo que según Martínez sólo afectaría al decil de mayor capacidad quedaron de lado. Con Batakis al mando, el gobierno avanza así en el recorte de los subsidios a los usuarios manteniendo los mismos para las privatizadas.
Mientras las empresas como Edenor, Edesur, Metrogras entre tantas otras del interior del país funcionan con un muy mal servicio, el recorte a los subsidios a la energía solicitado por el FMI va a impactar en los bolsillos de los trabajadores. El negocio de las privatizadas queda intacto, no merma ni un ápice con esta decisión. Las empresas que fueron beneficiadas con los tarifazos al 2.000% efectuado por el macrismo nuevamente se encuentran en estado de gracia con este aumento.
La herencia menemista, la privatización de los servicios de luz y gas, lejos está de resolverse bajo los gobiernos de los partidos o frentes tradicionales que vienen gobernando el país. La consideración de la luz y el gas como mercancía se contrapone con la garantía de los mismos como derecho. Los nuevos aumentos no recaerán más que sobre los bolsillos ya deteriorados de los trabajadores que sufren el peso de una inflación anualizada del 64%. Sin reapertura de paritarias a la vista, este nuevo aumento sólo puede empeorar aún más su situación.
Si hay algo que cortar algo, es el modelo vigente. Sólo bajo un modelo del sistema energético de carácter público y estatal, gestionado bajo la supervisión de trabajadores, usuarios y técnicos se podrá garantizar el acceso y garantía a estos derechos.