Tras el fracaso del Consejo del Salario, Milei decidió por decreto una nueva escala que llevará el Salario Mínimo, Vital y Móvil de $383.800 en septiembre a apenas $437.000 en abril de 2027. Muy lejos de la canasta básica y de los $911.000 reclamados por las centrales sindicales. El Gobierno vuelve a garantizar que los salarios corran detrás de los precios.
El “aumento” que no alcanza
El Gobierno nacional decidió unilateralmente el nuevo Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), luego de que fracasara la reunión del Consejo del Salario. La resolución oficial establece un esquema de aumentos mensuales que llevará el piso salarial de $383.800 en septiembre a $437.000 recién en abril de 2027.
La escala será de $391.200 en octubre, $398.800 en noviembre y $406.400 en diciembre. En 2027 llegará a $414.200 en enero, $422.000 en febrero, $429.600 en marzo y finalmente $437.000 en abril.
Presentado en términos porcentuales, puede parecer una actualización progresiva. Pero cuando se observa el poder de compra que representa ese monto, la realidad es muy diferente: el salario mínimo sigue funcionando como un piso de pobreza para millones de trabajadores.
El monto vigente en agosto era de $376.600, después de un aumento mensual de apenas 1,13%, mientras la inflación de ese mes había sido del 2,1%. Es decir, incluso antes de la nueva resolución, el salario mínimo ya volvía a perder contra los precios.
Empresarios ofrecieron migajas, el Gobierno eligió la misma receta
La negociación en el Consejo del Salario volvió a mostrar quiénes tienen la capacidad de imponer las condiciones. Las cámaras empresarias habían planteado un aumento del 1,8% para septiembre y del 1,7% mensual entre octubre y abril, una propuesta que llevaría el salario mínimo a $468.000 en abril de 2027.
Las centrales sindicales, por su parte, habían reclamado elevarlo a $911.000 en julio y $993.000 en diciembre, tomando como referencia una canasta básica familiar de $1.564.716. La propuesta patronal quedó a años luz de esos valores y fue rechazada por los representantes gremiales.
La CGT y las dos CTA se retiraron de la reunión y denunciaron la insuficiencia de la oferta, pero no convocaron a ninguna medida, ni plan de lucha para enfrentar esta propuesta miserable. Ante la falta de acuerdo, el Gobierno decidió nuevamente resolver el monto por su cuenta. La escena vuelve a repetirse: los empresarios ofrecen aumentos que no compensan la pérdida de poder adquisitivo y el Gobierno termina garantizando por vía administrativa un salario que queda por debajo de las necesidades más elementales.
Un salario mínimo cada vez más lejos de una vida digna
El dato más brutal aparece cuando se compara el nuevo SMVM con el costo de vida. El salario mínimo de abril de 2027 será de $437.000. Ese monto representa menos de un tercio de la Canasta Básica Total que actualmente mide el INDEC para una familia tipo. Además, el salario mínimo acumula una caída de más del 40% en términos reales desde diciembre de 2023.
Esto permite poner en cuestión uno de los discursos centrales del Gobierno: el de que la recuperación económica llegará cuando los salarios se acomoden a las nuevas condiciones del mercado.
¿A qué “acomodamiento” se refieren? A que los trabajadores cobren cada vez menos mientras las empresas recuperan márgenes y el Estado garantiza las condiciones para esa transferencia.
Porque mientras el Gobierno habla de libertad económica, los trabajadores no tienen libertad para decidir cuánto necesitan para vivir. El precio de los alimentos, el alquiler, el transporte, las tarifas y los medicamentos no se negocia individualmente. Y mucho menos se pueden enfrentar con un salario mínimo de $383.800.
La reforma laboral también se juega en el salario
El salario mínimo no es solamente una cifra administrativa. Es una referencia para trabajadores que no están alcanzados por convenios colectivos y también impacta sobre prestaciones por desempleo, programas sociales y otros beneficios.
Por eso, mantenerlo deliberadamente bajo tiene consecuencias que van mucho más allá de quienes cobran exactamente ese monto. En un contexto de ofensiva contra las organizaciones sindicales y de impulso de una reforma laboral favorable a las patronales, el deterioro del salario mínimo funciona también como una herramienta para presionar a la baja al conjunto de los salarios.
Si el piso legal queda hundido, las empresas tienen más margen para imponer remuneraciones miserables, especialmente sobre trabajadores jóvenes, precarizados y quienes se encuentran fuera de los convenios colectivos.
Que paguen los que se enriquecen
El Gobierno presenta estas decisiones como parte de una política de “orden” y estabilidad. Pero para millones de trabajadores ese orden significa llegar a fin de mes haciendo malabares, endeudarse para comprar alimentos o resignar consumos básicos.
No hay ninguna razón económica que obligue a que la crisis sea descargada sobre quienes viven de su salario. La riqueza existe: está concentrada en las grandes empresas, los bancos, los sectores exportadores y los grupos económicos que siguen acumulando ganancias mientras los salarios pierden terreno.
La discusión no debería ser cuánto está dispuesto a conceder el Gobierno o cuánto pueden soportar las patronales. La pregunta debería ser otra: ¿cuánto necesita una familia trabajadora para vivir dignamente y quiénes van a pagar para garantizarlo?
El salario mínimo debería estar atado al costo real de una canasta familiar y recuperar inmediatamente lo perdido durante estos años. Y para conseguirlo no alcanza con esperar una resolución del Gobierno: hace falta organización y movilización independiente de los trabajadores, en ese sentido es clave la fecha del 19 de septiembre, cuando se realizará la Marcha de la bronca.
Porque mientras Milei fija desde un escritorio un salario mínimo que no alcanza, las patronales siguen haciendo cuentas sobre sus ganancias. El ajuste tiene responsables y también tiene un límite: la capacidad de lucha de quienes viven de su trabajo.
