En la mañana del lunes 11 estuvo en Rosario la ministra de Seguridad del gobierno de Javier Milei, Patricia Bullrich para dar una conferencia de prensa. Sentada al lado del gobernador Pullaro que mostraba una evidente incomodidad, anunció la saturación con fuerzas represivas nacionales incluyendo a las Fuerzas Armadas, para combatir lo que denominó Narcoterrorismo.
Además del desembarco de las fuerzas anunció el envío al Congreso de leyes que van en el mismo sentido de profundizar la penalización y la limitación de otros derechos ciudadanos. Anunció junto al gobernador, un virtual toque de queda entre las 17 y las 6 con libertad para las policías de interrumpir la libre circulación desde repartidores de deliveri y cartoneros hasta cualquier ciudadano que circule por la ciudad. Una versión encubierta de portación de cara. Pero ni una palabra de políticas sociales y de contención hacia la sociedad más vulnerable que sigue sin recibir por parte de su gobierno el apoyo para los comedores populares. Y mucho menos anuncio alguna política para cortar con el lavado de dinero producido por el narco tráfico.
Esta política no es nueva. Ya hubo este tipo de intervención en otras 11 oportunidades y hasta aquí llegamos. El problema sigue y se profundiza.
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Mientras tanto en la ciudad de Rosario continúa el paro del transporte público, al que se sumaron los maestros, trabajadores estatales de la administración, universidades y también se desarrollan asambleas y trabajo limitado en hospitales y otras instituciones. Y se está preparando un paro regional porque una parte de los sindicatos, los movimientos sociales que son los viven la situación en los barrios, acordaron una reunión para viabilizar esa convocatoria.
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Esta iniciativa oficial fracasará nuevamente. Mientras tanto, volvemos a insistir en que la solución a este grave problema que como el ajuste económico sufre la población más pobre, pasa por medidas de fondo en el sentido contrario de las que anunciaron Pullaro y Bullrich: Depurar toda la policía, desmantelar la complicidad política, judicial, empresarial y atacar la zona liberada en los puertos que facilitan el tráfico tanto nacional como internacional. Todo esto, además de una política de salud pública que consiste en liberar el consumo y proporcionar el seguimiento de los consumos problemáticos. En síntesis, llevar adelante una política que nunca se ha probado, romper la impunidad de los poderosos.