El jueves 22 de octubre el concejo deliberante de la ciudad aprobó un régimen de multas para quienes violen la cuarentena o no cumplan con los protocolos. Los montos oscilan entre los $10.000 y $50.000 para quienes circulen fuera del horario permitido o en día no autorizado según la terminación de DNI. Para los comerciantes los valores van desde $20.000 a $200.000.
Esta medida impulsada por el intendente Pablo Grasso y aprobada por el concejo deliberante con los votos del Frente de Todos, que tiene mayoría, va a tono con la política sanitaria que viene impulsando el gobierno provincial de Alicia Kirchner: cero inversiones para combatir la pandemia y responsabilizar a la sociedad del incremento de contagios en la provincia.
La ordenanza votada es un ataque a los bolsillos de trabajadores y trabajadoras, cuyos salarios vienen perdiendo mes a mes contra la inflación. El gobierno provincial cerró unilateralmente la negociación salarial con la docencia por la negativa a aceptar un aumento miserable y sumas en negro, y a los trabajadores municipales se les impuso un aumento por decreto violentando la paritaria. En el caso de los trabajadores informales la situación es mucho peor todavía. Por eso cada vez son más las personas que necesitan salir a hacer changas. En lugar de brindar soluciones a la grave situación económica y social de los sectores populares, el intendente responde con medidas represivas, punitivas y recaudatorias, anunciando un aumento en la intensidad de los operativos de control. Nuevamente se desligan de su propia responsabilidad en el aumento imparable de contagios echando culpas a la sociedad. Mientras tanto hacen oídos sordos a los reclamos del personal de salud que lucha en la primera línea, sin invertir lo necesario en el sistema de salud público que se viene cayendo a pedazos desde hace muchos años, y sin aumentar los testeos.
Sin embargo, la bronca no se hizo esperar. Ayer sábado se realizó un importante bocinazo contra la medida y hay una nueva manifestación convocada para el lunes 26.
En síntesis, la aplicación de estas multas es un claro ataque a nuestros bolsillos, que sólo busca recaudar dinero y que no cambiará la situación de la curva de contagios en la ciudad. Por esto, desde el MST en el FIT-Unidad rechazamos esta medida y exigimos su inmediata derogación. Es hora de que se empiecen a tomar las medidas necesarias para combatir la pandemia: unificación del sistema de salud, incorporación de personal, aumento salarial, entre otras que venimos proponiendo desde hace meses. En lugar de multas para los sectores populares hay que aplicar impuestos a las grandes fortunas: supermercados, casinos, mineras, petroleras y volcar todos esos recursos a fortalecer el sistema de salud.
Martín Saavedra