Desde el Frente de Agrupaciones Cannábicas Bonaerenses conformado por 45 colectivos se convocó para este 22 de diciembre a movimientos sociales, políticos, sindicales, organizaciones de DDHH y al pueblo en general a movilizar a la gobernación de la provincia de Buenos Aires con el objetivo de exigir al Gobernador Axel Kicillof (a quien se le entregó un documento) el cese de allanamientos, persecución, hostigamiento, estigmatización y discriminación a les que estamos sometides les cultivadores, usuaries de cannabis y profesionales de la salud y la no incorporación de las agrupaciones en la reglamentación del uso terapéutico del cannabis.
Además se exigió la inmediata libertad de consumidores presos, el cierre de las causas judiciales y devolución de plantas, aceites y cremas incautados en los allanamientos, ya que son de uso terapéutico. Del total de causas penales iniciadas actualmente en la provincia de Buenos Aires más de un tercio corresponde a tenencia para consumo personal. Según el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en diciembre de 2019 el 10% de las personas privadas de libertad es por infracción a la ley de drogas (fuente Difusión Solidaria).
Durante este 2020 bajo la gestión Kicillof/Berni se ha recrudecido la detención de consumidores terapéuticos, como el caso Daniel Tornello que salió a la luz por el mismo Berni que lo demonizó como “cara de cannabis” y “gran traficante” en sus redes. O la de Mario Acuña de 64 años allanado en Azul. Es evidente el doble estándar, por un lado el relato de la legalización por parte del gobierno (decreto 883/20) y por otra, la falta de reglamentación que habilita esta escalada represiva que usa Berni para su postulación como el Bolsonaro local de la mano dura, como lo hizo brutalmente en Guernica contra familias desprotegidas.
Sólo hay una explicación a este doble discurso. Buscan capitalizar el consenso popular que existe para el uso terapéutico y recreativo del cannabis. Por otro lado la gran influencia del narcotráfico y los laboratorios farmacéuticos en las instituciones y políticos del Estado para mantener la criminalización del consumo y sus fabulosas ganancias.
A las 12 hs fuimos concentrando en la plaza diversas organizaciones, y como en toda lucha para ampliar derechos una delegación de jóvenes y militantes del MST en el FIT Unidad no podía faltar.
El descontento y desilusión de les que creían que este gobierno promovería un decreto y reglamentación para el uso de cannabis que contemple las miradas y necesidades de las agrupaciones cannábicas se hizo notar.
Si bien la ley 27.350 y su decreto 883/20 es un avance en términos de salud pública queda muy por detrás de las necesidades concretas de la población. La norma definitivamente es restrictiva, ya en su definición de “cultivo responsable” incorpora una reglamentación y normativas con registros (REPROCANN), autorizaciones, cantidades permitidas a les productores para cultivo solidario. Ello significa adentrarse en la burocracia que genera el propio sistema. En conclusión: no cualquiera puede cultivar y seguirán existiendo demandas en el mercado negro.
Nos preguntamos: ¿qué pasa con la soberanía de la salud? ¿y la criminalización del autocultivo? ¿qué pasa con nuestro derecho a decidir sobre nuestra calidad de vida o sobre nuestro estilo de vida?
Porque si la normativa está y existe un reconocimiento jurídico y social, entonces: ¿por qué desde las diferentes instituciones burguesas como la judicial y la policial ejercen coerción sobre nuestros cuerpes? ¿por qué el gobierno desoye a la población que se organiza y activa en la lucha a partir de sus problemáticas concretas y reales?
El gobierno de Fernández, Kicillof y su ministro Berni no anteponen el derecho a la salud como derecho humano básico, ya lo han demostrado con sus políticas durante la pandemia. Un gobierno que reprime, que allana con tremenda violencia propiedades con dos o tres plantas para autoconsumo, que priva de libertad a personas con problemas de salud o que la salud de sus hijes depende de la producción doméstica del cannabis, que persigue y hostiga a profesionales de la salud, en definitiva es un gobierno que solo piensa en las divisas que se obtendrán con la exportación del cannabis para seguir pagando deuda al FMI sin tener en cuenta el padecimiento y el derecho de les sujetes. Por lo tanto es un gobierno que no puede ser catalogado como progresista con políticos que sostienen al narcotráfico y las millonarias ganancias de los laboratorios. A cada paso se les cae la careta, puro relato.
Como revolucionaries la tarea fundamental que nos apremia es desnudar todo aquello que el sistema capitalista vela.
Por ello exigimos:
Libertad y desprocesamiento de les preses por cultivar
No más presxs y causas judiciales por plantar
Libertad a lxs consumidorxs presxs
Basta de persecución y hostigamiento
Basta de criminalizarnos
Hacemos responsables a los gobiernos de turno y a los tres poderes del Estado de la salud de todes les detenides
Reglamentación del uso terapéutico y recreativo por las agrupaciones cannábicas
Por una vida digna de ser vivida
Rita – Gustavo – Guillermo