En una Argentina que produce alimentos para 400 millones de personas y en la provincia más rica del país, más de la mitad de las infancias son pobres y el 30% se saltea comidas. Cuando el conurbano bonaerense concentra una elevada pobreza infantil, la decisión del gobierno de Kicillof de “suspender” por 90 días el programa MESA -que distribuía 2.072.000 cajas de alimentos a las familias, vía las escuelas-, evidencia una dura realidad: el ajuste de Milei impacta en la Provincia, pero el gobierno bonaerense lo descarga sobre las familias y sectores vulnerados que dice proteger.
¿Tomala vos, dámela a mí…? Con la comida, no
Con su Resolución 842/2026 (ver acá), el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, decidió “suspender el Programa MESA por noventa días corridos a partir del 1 de mayo” (Art. 1°). Y lo justificó en el recorte de fondos nacionales al SAE (Servicio Alimentario Nacional), argumentando que la Nación habría pasado de cubrir el 33% a solo el 14%.
La Provincia reclama una deuda de $220.800 millones, pero la inhumana ministra Sandra Pettovello insiste en no deber nada por los comedores escolares. Incluso un grupo de intendentes, junto a la vicegobernadora Magario, el ministro Larroque y parte del gabinete, fueron a Capital (in)Humano a reclamar fondos. Pero mientras iba al Congreso a bancar al corrupto Adorni, la ministra Pettovello les dejó un cartel en la puerta: “Si su gobernador no sabe administrar, que deje paso a quienes saben”. Un cinismo sin límites… Se pasan la pelota, cuando está en juego el alimento de nuestras infancias, adolescentes y familias.
Ante eso, Kicillof decidió “reordenar” la asistencia y “aumentar” el SAE un 30% (pasaría de $41.000 millones a $54.000 millones al mes), con un gasto anual de $553.910 millones para dar desayuno, almuerzo y merienda en 11.500 escuelas públicas a 2.5 millones de estudiantes bonaerenses.
Es decir, un ajuste disimulado de “aumento”, ya que se trata de solo $13.000 millones más al mes, lo que suma $156.000 millones al año, cuando el MESA tenía un presupuesto de $360.000 millones para asistir a 2.1 millones de familia. El costo es claro: el cierre del programa MESA no se compensa en nada con la “suba” del SAE, de por sí modesta.
En realidad y como reconoció la ministra de Educación, Flavia Terigi, les sacan a las familias vulneradas por este sistema capitalista y los ajustes de los gobiernos para darle a los intendentes: “los municipios van a contar con el doble de recursos para poder atender las necesidades alimentarias de la población, de modo que lo que cambia es por dónde se produce la distribución de la asistencia alimentaria”, afirmó.
Más claro, imposible: la ministra justifica el recorte que impacta en una enorme cantidad de familias por distrito (ver al pie[1]). Cuando sacar de acá para poner allá no resuelve nada, en todo caso el gobierno debería sacarle a los ricos y las corporaciones para tener fondos para todo.
MESA: un recurso con limitaciones, ahora en riesgo de cerrar
Según la página oficial, el MESA Bonaerense está destinado a contribuir con las necesidades nutricionales de niños, niñas y adolescentes con la entrega de este módulo de alimentos, con el objetivo de compartirlo en las comidas familiares. Con el COVID-19, el ministerio de Desarrollo de la Comunidad comenzó a entregar módulos alimentarios en el marco del SAE. Al retomar las entregas presenciales en las escuelas y la importancia de esos módulos en la pandemia, deciden crear este programa MESA, Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria, desde abril del 2022.
El gobierno dice que el MESA es diferente del SAE, “pero es complementario al mismo”, por lo que –afirman- “refuerza el rol del Estado en la garantía de la seguridad alimentaria”. Pero esa definición y política la cambian ahora y responsabilizan a la Nación al decidir recortar un programa provincial, sin tocar los intereses de los “dueños” de la Provincia para sostenerlo.
A su vez, esa caja con alimentos -inicialmente 15 y luego solo 9- tiene sus limitaciones. Se las reparte a las familias en las escuelas cada 30 o 40 días, pero no resolvía los problemas nutricionales de nuestras niñas, niños y adolescentes, menos de las familias. Y no era aprovechada de igual forma, había desigualdades, tanto en su distribución como en su aprovechamiento.
Con esto, muchas escuelas pudieron generar un vínculo con las familias que repercutió favorablemente en los procesos pedagógicos y trayectorias educativas. Pero no siempre era así. En algunos lugares muchas familias -aun necesitando ayuda alimentaria-, también veían un problema en ir a buscarlo, mucho más con el costo del transporte. Por otro lado, la cantidad de productos no contemplaba ni familias numerosas ni ensambladas.
El programa surge para una contingencia (COVID), y sin mucha planificación ni refuerzos, quedó como propaganda de campaña, generando en las escuelas una sobrecarga más. Ahora se lo suspende, sin detallar cuál sería la planificación ni una distribución seria de los recursos.
El problema, como todo programa sin proyecto integral, en una perspectiva real de fortalecer la alimentación, es que perdura como paliativo o lo suspenden de forma abrupta, sin ningún plan superador. Esto genera incertidumbre en familias y escuelas, al ver la necesidad de fortalecer la alimentación de nuestros pibes.
Por otro lado, los mecanismos de implementación -aunque volviera el MESA-, deben ser revisados por las tensiones y dificultades que generan, para que la distribución no recaiga en las escuelas. El rol de la escuela pública debe tener centralidad en la enseñanza y no en una diversificación de tareas.
Pobreza infantil, ajuste nacional, pero también provincial
El problema de fondo es que tanto Nación como Provincia ajustan, aunque con discursos distintos. Esto ocurre en un contexto alarmante: más de la mitad de las niñas, niños y adolescentes del país —53,6%— son pobres, y el 10,7% es indigente. UNICEF señala que 5,5 millones de chicos viven en la pobreza y 1,2 millones en la pobreza extrema. Además, el 28,8% sufre inseguridad alimentaria y un 13,2% la padece de forma severa.
En el Conurbano, donde viven 2,9 millones de menores, la situación es más crítica. Aquí la pobreza alcanza al 32,6% de las personas y la indigencia al 8%, y se concentra una “infantilización de la pobreza”, donde las condiciones de vida de las y los adultos —precariedad laboral, falta de servicios básicos— impactan en la niñez. Con datos contundentes: el 30% de los chicos se saltea comidas, el 42% vive sin saneamiento adecuado y casi el 20% dejó de atender su salud por motivos económicos. Y todo en un contexto donde el costo de vida sube, con los servicios aumentando 493% y el transporte 1.000%.
La estrategia oficial se limita a reclamar a Nación y reajustar partidas sociales. Así, la “manta corta” del gobierno provincial nunca se agranda, solo se redistribuye entre quienes menos tienen. Si dicen gobernar “distinto”, deberían demostrarlo, priorizando a las mayorías populares. Por eso luchamos por un cambio de rumbo.
Plata hay, para todo
La discusión de fondo es política: ¿de dónde sacar los recursos? Porque plata hay, pero está concentrada en pocas manos. La Provincia podría avanzar en un impuesto extraordinario a las grandes fortunas y suspender pagos de deuda para direccionar esos fondos a políticas sociales urgentes. Sin embargo, estas medidas no están en la agenda oficial bonaerense.
Hace falta un plan integral que combine el refuerzo al SAE y los comedores, tanto escolares como los comunitarios de organizaciones sociales como el MST Teresa Vive porque -mientras le duplican la entrega a los intendentes-, retacean la mayor distribución de alimentos secos y niegan el acceso a frescos (verdura, carne, pollo, frutas).
Es necesaria la continuidad y mejora del MESA, y asegurar la asistencia universal a políticas contra la pobreza como el acceso al programa Envión para pibes de 12 a 21 años en situación de vulnerabilidad, a proyectos UDI para el cuidado, apoyo alimentario y acompañamiento escolar a niñas, niños y adolescentes de 45 días a 14 años.
Además de reclamar, junto al resto de los gobernadores e intendentes, la continuidad del programa Volver al Trabajo que Pettovello y Milei quieren cesar, afectando a 450 mil familias bonaerenses. Y asegurar mayores cupos del plan Barrios Bonaerense, el que debe tener un valor de un verdadero salario social complementario como le exigimos a Nación.
Para eso, tocar los intereses de los más ricos es clave. Porque el gobierno saca a los más vulnerados, recorta a los pobres, pero recorta siempre del mismo lugar. Cuando hay plata si se impone un impuesto a las exportaciones bonaerenses, que fueron récord en 2025 y sumaron U$D 31.684 millones: con una retención de solo el 4% se podría aumentar 100% el presupuesto de Desarrollo para la Comunidad. Porque la única deuda legítima es la social, que la crisis la paguen los ricos, los bonistas buitres y corruptos, no las familias vulneradas.
Pero este sector parece no poder tocarse. La manta de Larroque y Kicillof pareciera corta, al no tomar medidas para ampliarla. Aquella premisa de “primeros los chicos” parecería cambiar a “primero los ricos”. Con un ajuste que abrió incluso otra interna en el peronismo, con críticas de La Cámpora al gobernador.
Un plan integral que garantice el derecho a la alimentación saludable
Mientras la Celeste de SUTEBA no ha dicho ni una palabra, desde el frente Multicolor-Azul y Blanca de SUTEBA Matanza repudiamos la suspensión del Mesa. Porque si bien era limitado, con pocos artículos, de escasos nutrientes y mayor peso en los carbohidratos, suspenderlo es un golpe a las familias de nuestros/as estudiantes.
Con la Multicolor de La Plata y otros distritos y las Seccionales de SUTEBA Bahía Blanca y Tigre también rechazamos la suspensión del MESA. Porque el argumento de “reorganización” o “priorización de recursos” no puede justificar quitar este complemento alimentario a millones, cuando no todas las escuelas tienen comedor. Por eso exigimos:
- Restituir el MESA, garantizando su mejora ya que las cajas son insuficientes y no configuran una política alimentaria integral.
- Revisar su implementación para que la distribución no recaiga en las escuelas. Esto debe resolverlo el Estado, garantizando dispositivos adecuados, apoyando y reforzando los comedores comunitarios, merenderos, copas de leches y espacios de socialización por fuera de la política punteril de las intendencias.
- En la transición a un programa universal de asistencia, defendemos que las escuelas y comunidades educativas que en su proyecto valoran que el MESA se gestione a través de la institución, tengan continuidad. Junto a más cargos y más Equipos de Orientación Escolar para que esto no signifique sobrecarga.
- Aumento del presupuesto del SAE para que sea nutritivo, de calidad, con montos acordes al costo real de una alimentación nutritiva. Hoy su monto es de $1.280 por estudiante, cifra que no garantiza una alimentación adecuada y suficiente. Por eso, en verdad no deciden un aumento real, sino actualizar los costos atrasados desde 2025. No hay más alimentos, sino una recomposición tardía, con productos como la carne que es un lujo y licitaciones que quedan desiertas.
- Universalizar el SAE a todas las escuelas y estudiantes que lo requieran, y que todas cuenten con comedor. Defendemos la solidaridad como educadores, superando toda visión corporativista que nos separe de la pelea de fondo y nos aleje de las familias.
- Creación de escuelas de doble jornada, con almuerzo en el comedor y dieta nutritiva, con asistencia real y personal suficiente para no seguir con la sobrecarga laboral.
- Plan de lucha nacional para que Milei pague lo que debe aportar, basta de pagar la estafa de la deuda al FMI y de reducir impuestos al agronegocio. Que Kicillof toque los intereses de los ricos y bonistas buitres.
- Plan de obras públicas que genere trabajo genuino, con salarios dignos y plenos derechos laborales, previsionales y sociales para que nuestras infancias y pibes puedan comer en casa, con sus familias.
Por una política económica social que garantice el derecho a la alimentación, convocamos a la docencia, las comunidades educativas y los sectores comprometidos socialmente, a seguir luchando por estos derechos.
[1] El MESA Bonaerense se distribuía a 2.072.000 familias en la provincia, afectando de manera particular lo que recibían los sectores más carenciados en cada municipio. Por ejemplo: en Quilmes, el MESA alcanzaba a 83.413 niños, niñas y adolescentes; en General Pueyrredón a más de 51.000; en Tigre llegaba a 40.000 familias; en Cañuelas a 12.128 estudiantes; en Junín a más de 10.600; en otros distritos grandes del interior como San Nicolás, a 14.000; a 10.000 familias en el partido de La Costa; mientras en otros más pequeños como Azul a 8.000; a más de 4.000 en Dolores o en Balcarce a unas 3.000 familias.
