lunes, 15 agosto 2022 - 19:40

Programas Sociales. Una ofensiva conservadora que no conoce de grietas

El lunes 20 del corriente mes Cristina Fernández de Kirchner (CFK), en el marco del plenario de la CTA, dio un discurso extenso donde abordó diferentes aristas políticas. Una de ellas resultó un tema que marcó agenda durante toda la semana, los programas sociales. La vicepresidenta puso en cuestión la administración de los mismos remarcando que: “El Estado debe recuperar el control de las políticas sociales. No pueden seguir tercerizadas”. A partir de entonces, como todas las semanas, se reavivó la interna dentro del Frente de Todos ya que el discurso de CFK aludió a los referentes de las organizaciones sociales oficialistas, que hoy se encuentran en el Ministerio de Desarrollo Social (principalmente el Movimiento Evita, conducido por Emilio Pérsico). Con miras hacia 2023 el espacio de la expresidenta empieza a tender puentes con lo más putrefacto del peronismo, los “barones” del conurbano, los gobernadores e intendentes del interior. Su táctica de desplazar a las propias organizaciones sociales que integran el frente que ella misma creó, también es una forma de expresar canales de sintonía con el poder económico del país, conocidos como fervientes detractores de las políticas de asistencia social.

Pero, además, las palabras se decodificaron para otras latitudes que fueron más allá de la rosca internista del Frente de Todos. Ya que su queja sobre el número abultado de programas sociales, se corporizó como la voz de todo un arco político y social que estigmatiza a las organizaciones sociales, preferentemente a las agrupadas en los sectores combativos. Toda una puesta en escena que hace eje en la actuación de la Unidad Piquetera, espacio integrado por el MST – Teresa Vive, quien se encuentra como vanguardia de los trabajadores desocupados en la pelea por terminar con el plan de austeridad que el Frente de Todos comenzó a desarrollar de manera más ofensiva tras el nuevo acuerdo con el FMI.

En este marco, el relato de que los programas se conviertan en trabajo, se transformó en la bandera del actual gobierno, la oposición de derecha, entre ellos los liberfachos, escondiendo su verdadera intención. Hacer que un gran contingente “preste sus servicios”, trabaje, a cambio de un salario que no representa ni la mitad de la canasta básica y, además, desconoce todas las conquistas en materia de derechos laborales.

La propuesta precarizadora de Zurro

El papel de la vicepresidenta en esta discusión no estuvo limitado en el discurso que dio en el plenario de la CTA, sino que luego se mostró en una reunión con el intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, quien le acercó una propuesta para “transformar los planes sociales que hay en esa ciudad en trabajo”. Esta idea, según informaron, también llegó al Ministerio de Desarrollo Social. Pero, ¿de qué se trata?

Como puntos centrales, según informó el medio Página 12[i], se encuentran los siguientes ítems:

  • Los programas Potenciar Trabajo pasarían a ser un “salario”, complementado por un adicional que pagaría el municipio (en ningún momento se aclara el monto del adicional).
  • Se asignarán tareas fijas que tendrán un control de asistencias.
  • A partir de esto último el control de las altas y bajas se darán a partir del criterio del municipio.

Haciendo una traducción de lo expuesto, Zurro propone contratar trabajadores municipales por salarios de $23.925 (monto que alcanzará el Potenciar Trabajo en agosto), más un adicional que no se sabe de cuánto será.

De todas formas, todos los intendentes no comparten la idea de agregar un adicional. En el artículo aludido, fuentes de otro municipio declararon que: “Si en municipios grandes le damos un adicional de dinero a cada beneficiario puede significar un colapso de las cuentas”. En síntesis, una precarización laboral que, según los datos que conocemos, ubicaría los salarios municipales como equivalente de un 24% de lo significa la canasta básica (hoy está calculada en $100.000). Sobra decir que demás derechos laborales no entran en la máxima de: “el peronismo es trabajo”.

La concreción de tal política, sería un mazazo no sólo contra quienes perciben los programas que se verían obligados a trabajar por salarios de pobreza, sino que presionaría sobre futuras paritarias de los trabajadores que ya se encuentran en las plantas de los municipios o Estados provinciales.

Unidad sin fisuras

Algo que se está mostrando como elemento significativo, es la unidad monolítica entre los diferentes partidos del régimen para con las organizaciones sociales. La criminalización de los mismos es un aspecto en común:

  • Juan Zabaleta, ministro de Desarrollo Social, fue quien trató a la Unidad Piquetera de “extorsionadores”.
  • Horacio Rodríguez Larreta compartió la caracterización del funcionario nacional y agregó el calificativo de “cobardes”.
  • Y, por último, los liberfachos, con el legislador porteño Ramiro Marra a la cabeza, crearon el Movimiento Antipiquetero Argentino.

Pero, de todas formas, este no es el único posicionamiento en común. También comparten la orientación expresada por CFK en el plenario de la CTA. Por ejemplo, Diego Valenzuela, el intendente macrista de Tres de Febrero, declaró: “los planes no deberían tener intermediarios. Deberían tener un sistema de rendición de cuentas y de auditoría más claro. Estoy del lado de una descentralización de los planes”.

Sin embargo, el sumun de este frente único conservador para lo que respecta con las organizaciones sociales, se sintetiza en una declaración que Javier Milei hizo tiempo atrás en una entrevista con diario Perfil. Ante la pregunta de Fontevecchia sobre cómo resolvería la presión que ejercen las organizaciones sociales, la figura de La Libertad Avanza sentenció: “Los planes los van a empezar a dar los intendentes, entonces cada uno lo va a resolver, porque quién mejor que ellos que están en interacción directa con la gente. Es decir, cuando yo sea presidente en 2023 voy a mantener los planes sociales, pero voy a descentralizar su gestión en las intendencias”.

Para poder tomar dimensión del avance de ese discurso derechista en el debate político, se lo puede contrastar con las medidas tomadas por el fiscal federal Guillermo Marijuan. El mismo profundizó la campaña de estigmatización denunciando por amenazas y extorsión a dirigentes sociales pertenecientes a organizaciones piqueteras y políticas.

Obviando cualquier comparación forzada, ya que aludimos a los testimonios de los diferentes representantes de la oposición de derecha, podemos inferir que la participación del Estado que pregona la expresidenta en este caso, tiene mucho en común con los máximos exponentes del modelo neoliberal que dice rechazar.

En la otra vereda

Desde la otra vereda, Cele Fierro, dirigente del MST en el FIT-U sintetizó en declaraciones el temor por el cual CFK se pone como punta de lanza contra las organizaciones sociales: “La Unidad Piquetera enfrenta día a día la brutalidad de la crisis económica que ellos generan, pelea por trabajo genuino y se organiza de forma independiente”. Es necesario volver más extensa la cita, ya que la misma dirigente es quien da en el nudo central del problema. En una participación en el canal C5N, recalcó: “(…) lo que hay que discutir realmente no son los planes sociales, sino cómo de verdad se tocan los intereses de los que más tienen, cómo se deja de pagar la deuda externa, que es fraudulenta, que la contrajo el macrismo. Y de verdad, poner en práctica un modelo productivo que sirva, justamente para garantizar trabajo (…)”.

Mónica Sulle, referente del MST – Teresa Vive, en un mismo tenor, también expresó durante esta semana que: “Desde el 2001 el movimiento piquetero se autoorganiza ante el abandono del Estado y sus gobiernos. La pandemia y las crisis volvieron a demostrar que si los desocupados no nos organizamos para defender nuestros derechos, no lo va a hacer el peronismo que le da la mano al FMI y defiende las ganancias de patronales, bancos y corporaciones”.

En sintonía con lo anterior, el Frente de Izquierda Unidad sacó un comunicado contra la ofensiva que sufren las organizaciones piqueteras. Como lo expusieron las dirigentes aludidas, el debate central es una puja de intereses. Terminar con los programas sociales con una salida que responda a las necesidades sociales y garantice derechos, significa apuntar contra el modelo reinante en el país. Significa romper con el FMI, dejar de pagar la deuda externa (en todas sus partes) y volcar ese caudal de recursos económicos en un plan de obras públicas que pueda saldar otro flagelo, como la crisis habitacional.

Nada está resuelto de antemano, por lo tanto, el nuevo ataque contra las organizaciones sociales no se traduce en un disciplinamiento de hecho ante las mismas. Como en toda lucha, la calle definirá. La unidad de los trabajadores ocupados y desocupados, en este marco, será la necesaria para contrarrestar un ataque conservador que no se priva de estar compuesto por alternativas “progresistas”.


[i] Cómo transformar los planes sociales en trabajo genuino. Página 12

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