El pasado jueves 10, en el día internacional de los derechos humanos, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner encabezaron la entrega de los premios Azucena Villaflor en el predio de la ex ESMA, que fue el principal centro clandestino de detención, tortura y exterminio que funcionó en nuestro país bajo la dictadura genocida.
Más allá del evento protocolar, que Mauricio Macri suspendió durante su gobierno, y de los discursos del presidente y la vicepresidenta, un hecho importante no fue muy reflejado por los grandes medios: la entrega de numerosos archivos con investigaciones realizadas por el aparato de inteligencia desde 1946 hasta 1985, que incluyen los años de la última dictadura. Son 250 mil fichas microfilmadas y otros archivos secretos que ocupan 700 cajas de documentación. Estos archivos, que estaban arrumbados en sótanos y pasillos de la Agencia Federal de Inteligencia (ex SIDE), fueron entregados a Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos, con el compromiso de ser remitidos luego a organismos de derechos humanos que en su mayoría son afines al gobierno.
Esta entrega parcial, ¡después de cuatro gobiernos kirchneristas!, no es un mérito del actual gobierno sino un demorado logro de la lucha del movimiento por los derechos humanos, y en especial de quienes -a diferencia de los organismos amigos del oficialismo- nunca abandonamos la exigencia de la apertura de todos los archivos del terrorismo de Estado: el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (EMVJ) y la izquierda.
Cuántos represores más, aún impunes, hubieran podido ser llevados a juicio; cuántas niñas y niños apropiados hubieran podido recuperar su identidad; cuántos familiares de detenidos-desaparecidos hubieran podido saber qué pasó con sus seres queridos y los responsables de esos crímenes, si esos archivos, de los que hoy, después de 37 años de la vuelta al régimen constitucional se conoce una parte, se hubiesen abierto y hecho públicos mucho antes.
Justamente el pasado jueves 3, antes de la 40ª Marcha de la Resistencia de las Madres de Plaza de Mayo, desde el EMVJ, que el MST y el CADHU integramos, acompañamos la iniciativa del Encuentro Militante Cachito Fukman y entregamos en la Casa Rosada un petitorio exigiendo la apertura de todos los archivos de la dictadura (https://periodismodeizquierda.com/marcha-de-la-resistencia-que-abran-los-archivos-de-la-dictadura/).
Como bien lo detalla el documento que leímos antes de la Marcha, en estos últimos meses se han conocido otros archivos, como los documentos desclasificados en los Estados Unidos, el álbum del Ejército hallado en la AFI o la documentación de la policía provincial santafesina, todos con información de la época de la dictadura. ¿Cuántos archivos se deben conservar todavía en altillos o recovecos de las dependencias militares, policiales y de otras fuerzas de seguridad? ¿Cuánto de lo ya conocido está todavía sin desclasificar, microfilmar y sistematizar? ¿Y cuánto de lo ya desclasificado todavía no se ha hecho público a toda la sociedad y no sólo a reparticiones oficiales o a sus entidades amigas?
Más que nunca debemos redoblar la exigencia al gobierno y a todo el Estado de que se abran todos esos archivos, se desclasifiquen y se pongan a disposición pública. No confiamos en el gobierno actual del Frente de Todos ni en el kirchnerismo, que recién después del Argentinazo de 2001 asumió un discurso en favor de los derechos humanos pero más como utilización política que como política real de Estado. Fueron gobiernos K los que alentaron el Proyecto X de la Gendarmería para espiar a luchadores y opositores, los que pusieron al genocida Milani al mando del Ejército y los que durante sus largos años de gobierno “no encontraron” nada en esta misma AFI en la que ahora “aparece” información.
Con una mirada más histórica, muy poco hizo el Estado argentino por sí mismo para lograr Memoria, Verdad y Justicia en relación con el genocidio. Los testimonios y pruebas para enjuiciar y castigar a centenares de represores fue, en lo esencial, tarea de las y los sobrevivientes y familiares. La recuperación de la identidad de los bebés y niños apropiados fue, en lo esencial, tarea de las Abuelas. Y lo mismo pasa con los archivos de la dictadura. Por eso es tiempo de avanzar en formar una comisión investigadora independiente o con mayoría independiente, con referentes de los derechos humanos y otros ámbitos, que, sin exculpar en absoluto al Estado de todas las responsabilidades políticas y jurídicas a que lo obligan las leyes nacionales y los tratados internacionales, disponga de poderes efectivos para recuperar e investigar todos los archivos aún secretos sobre la represión genocida.
Entre premios, represión e impunidad
Cuando en la ceremonia oficial de la ex ESMA se entregó un premio a Rosa Bru, mamá del joven desaparecido Miguel Bru, Cristina aludió a la represión institucional en épocas de democracia. Pero “se olvidó” de la desaparición forzada seguida de muerte del joven Facundo Castro, a manos de la Bonaerense que lidera el militante cristinista y represor Sergio Berni. Y cuando habló de las bondades de los planes Argentina Trabaja o Ellas Hacen para las mujeres pobres, también “se olvidó” del violento operativo policial de desalojo a cientos de familias sin techo en Guernica…
La memoria es política. Cuando se usa el tema aborto para tapar, el mismo día, que el Senado votó el recorte a los jubilados, es utilización política de un reclamo justo. Y cuando se usan los derechos humanos y la entrega de algunos archivos es utilización política de una bandera legítima. ¿Qué buscan tapar en este último caso? Que, discursos aparte, la verdadera estrategia del gobierno, al llamar a “dar vuelta la página”, al elogiar a los milicos, al cederle al motín de la Bonaerense y al mantener a Berni de jefe de la principal cana del país, es tratar de recomponer el aparato represivo porque va a ajustar y ningún ajuste pasa sin represión.