Como parte de la política de armar un nuevo pacto social de precios y salarios, el gobierno reunió este jueves 25 a los principales empresarios del sector alimenticio.
El ministro Kulfas abrió la presentación del evento señalando el gran logro de haber logrado “bajar” la inflación de Macri del 50% al 37% en el 2020. Se olvidó quizás de mencionar la agudización extrema de la recesión por la pandemia y que ahora, al irse “normalizando” la economía capitalista gracias a la decisión de que se contagien los trabajadores que no cuenten con los protocolos de aislamiento necesarios, todos los precios están repuntando. Así lo demuestra el 4% de aumento de enero y la proyección de más del 50% de inflación anual. Muy lejos de la pauta inflacionaria proyectada, que nadie cree, del 29% o 30% y de su intención de que las paritarias no superen esta cifra.
En las últimas semanas se ha producido una brutal escalada inflacionaria y los aumentos en los alimentos han sido superiores a los del promedio de inflación, con lo que las penurias de las familias trabajadoras y los pobres (la mitad del país) se han incrementado, ya que gastan la mayoría de sus ingresos en alimentos. Esta disparada ha sido acompañada con el desabastecimiento en las góndolas de distintos productos con que los empresarios vienen especulando para elevar su precio.
Una reunión con la crema del empresariado de la alimentación
En medio de semejantes maniobras empresarias, a la reunión concurrieron ejecutivos de Arcor, AGD, Molinos Río de la Plata, Nestlé, Ledesma, Danone, Granja Tres Arroyos, Mondelez, Quilmes, Paladini, Morixe Hemanos, Casamen, Bunge, Molinos, Cabrales y representantes de la Sociedad Rural, de la Cámara de Bebidas sin Alcohol, de la de Chacinados, de la de Armadores y Pesqueros Congeladores, de las de Procesadoras y de Productoras Avícolas, de la Industria Lechera y la de Industriales de Productos Alimenticias, entre otros.
También estuvieron los representantes de la Asociación de Supermercados Unidos, del Consorcio Exportador de Carnes, las Federaciones de la Industria Molinera, del Citrus, de los Molineros de Yerba, la Cámara Aceitera y la Coordinadora de la Industria de Alimentos.
Por el gobierno estuvo presente una importante representación encabezada por el Ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; el de Trabajo, Claudio Moroni; el de Agricultura, Luis Basterra; el viceministro de Economía, Fernando Morra; la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca; la titular de AFIP, Marcó del Pont y el presidente del Banco Central, Miguel Pesce.
Todos los medios se encargaron de señalar lo importante del tono del gobierno, que cambió sus declaraciones combativas de semanas atrás en las que llegó a amagar con aplicar la ley de abastecimiento. Esta vez, por el contrario, señaló que está buscado “mejorar el dialogo” y no buscar “culpables” sino encontrar “soluciones”, según señaló el ministro Matías Kulfas.
En la reunión, una serie de consideraciones técnicas por parte del gobierno cayeron muy bien a los oídos empresarios, tales como que “la suba generalizada de precios es un fenómeno macroeconómico y multicausal”, debido a las “inestabilidades y desbalances” estructurales “financiados con emisión monetaria o con deuda externa” y las dificultades de todos para “adaptarse a contextos de alta volatilidad”.(1) En pocas palabras, los “pobres empresarios” de la alimentación, que durante la pandemia nunca dejaron de trabajar y vender, y a los que el gobierno les aceptó su discurso de haber sufrido muchas “pérdidas”, tienen poco que ver con el aumento de los precios…¡Todo es culpa de causas macroeconómicas a las que parecen ajenos!
Entre las lágrimas de cocodrilo de los empresarios, ampliamente consoladas por el gobierno, figuraron sus “enormes costos” por los aumentos en la logística, en las materias primas, en el tipo de cambio mayorista, en los protocolos Covid 19 y, por supuesto, en los salarios que habrían aumentado entre un 36 y 44%. ¡Caraduras!
El mensaje final de los empresarios fue que estuvo bien, pero que se fueron con gusto a poco. Se molestaron quizás cuando Todesca habló de precios máximos, que son en la actualidad totalmente insuficientes y su nivel es una sangría constante para los bolsillos de los trabajadores y sectores populares, pero que deberán modificarse ya que no alcanzan para satisfacer la voracidad empresaria que quiere más aumentos de precio y menores salarios para sus trabajadores.
Las reuniones seguirán con mesas chicas de “acuerdos” más precisos y con un programa de cinco puntos que estudiará el costo de los insumos, la logística, el funcionamiento de los “precios máximos” y la productividad (o sea el nivel salarial). También habrá reuniones con otros sectores empresarios.
Nos imaginamos esas reuniones con un gobierno que habló de expropiar Vicentin y arrugó, que habló de suspender las exportaciones de maíz y arrugó, que habló de mayores retenciones a la soja, al trigo y el maíz y arrugó, que habló de cortes de carne baratos y terminó en recortes de tercera llenos de grasa, que puso el grito en el cielo por los aumentos y desabastecimiento de los alimentos y… Usted compañero lector ya adivinó.
Para bendecir semejante reunión estuvieron los representantes gremiales de la CGT, la CTA y el Sindicato de la Alimentación (STIA). Cumplieron su rol de traidores al pie de la letra.
Terminar con la farsa y el ajuste
Los precios suben, los salarios alcanzan para poco. Entre los más pobres el hambre y la desnutrición alcanzan niveles nunca vistos. Los empresarios, en momentos de aumentos de los granos y alimentos que exporta el país, no quieren “dejar de ganar” ni un centavo; y el gobierno de los Fernández intenta, con la inestimable ayuda de los burócratas sindicales, pactar con los empresarios que el ajuste en curso y sus sacrosantas ganancias no terminen por generar un estallido que le arruine el panorama electoral.
Desde el MST en el FIT Unidad tenemos otro programa, radicalmente opuesto al del gobierno del Frente para Todos y el kirchnerismo. Rechazamos sus explicaciones, según las cuales la inflación es producto de “desequilibrios económicos” que parecen ajenos a ellos; justamente cuando el PJ-kirchnerismo y la oposición de Juntos por el Cambio son quienes han desarrollado esta estructura económica funcional a la ganancia de las grandes empresas y el imperialismo, durante sus respectivos gobiernos.
Recientemente el economista Ricardo H. Arriazu, en su columna de Clarín del 13 de febrero, señaló que “la inflación es un fenómeno complejo que involucra factores monetarios, fiscales, cambiarios y de indexación, reflejo de la lucha entre sectores por la distribución del ingreso”. Sin entrar en un análisis más detallado del fenómeno, coincidimos con un dato central de esta reflexión: la inflación es el mecanismo privilegiado por el cual la burguesía argentina baja los salarios, extrayendo una cuota mayor de plusvalía a los trabajadores.
Por eso es necesario un aumento generalizado de salarios, planes sociales y jubilaciones y congelar los precios actuales. Aplicar la ley de abastecimiento y expropiar a los empresarios que incurran en maniobras de retirar productos del mercado. Es necesario eliminar el IVA a los productos de la canasta familiar y descargar fuertes impuestos sobre las grandes empresas, entre ellos las de la alimentación.
Son los trabajadores de las empresas alimenticias los que deben investigar los costos y los que deben impedir que se disparen los precios o desaparezcan los productos en las góndolas, y no los propios empresarios o inspectores atados de pies y manos, o compañeros de organizaciones sociales utilizados para controlar “precios cuidados” y servir de tapadera a una política que lo único que hace es permitir que sigan subiendo.
Estas medidas de emergencia deben realizarse en el marco de un plan económico distinto que, dejando de pagar la fraudulenta deuda externa y cambiando la matriz capitalista dependiente de nuestra economía, organice nuestras riquezas para beneficiar a la mayoría de los argentinos, los trabajadores y el pueblo.
- Citas del artículo “Precios, el Gobierno pidió a las empresas de alimentos alinearse con la política oficial”, publicado el 26 de febrero en el diario La Nación.