La Ley Nacional de Salud Mental cambió el paradigma de atención, pero los manicomios siguen funcionando y la desmanicomialización continúa siendo una deuda pendiente. ¿Por qué no se implementó plenamente? ¿Qué intereses se enfrentan? Y, sobre todo, ¿qué necesitamos transformar para garantizar realmente el derecho a la salud mental?
Por Tini Y Zurieta, Lic. en Psicología
Vivimos la que es, quizás, la peor crisis en salud mental hasta ahora. Especialmente en jóvenes pero no únicamente en ellos. Las tasas en aumento de suicidios, llegando a ser la segunda causa de muerte en jóvenes y adolescentes. El consumo problemático como conflicto central en casi todas las sociedades.
Y es síntoma, en el terreno del sufrimiento psíquico, de la crisis sistémica del capitalismo que lleva a las condiciones materiales en las que vivimos a niveles inhumanos. El acceso a una vivienda, al trabajo, a la educación, a la salud y a una vida libre de violencias son dimensiones inseparables de nuestro bienestar. Sin embargo, viendo esta crisis, en Argentina y en el mundo el acceso a la atención en salud mental está lejos de ser universal y equitativo.
La Ley Nacional de Salud Mental (26.657) significó un cambio de paradigma fundamental. Frente al modelo manicomial, basado en el aislamiento, la institucionalización, la sobremedicación al servicio de las farmacéuticas y laboratorios y las internaciones prolongadas artificiales y compulsivas, la ley planteó un modelo comunitario y de derechos humanos: atención interdisciplinaria, fortalecimiento de los servicios territoriales, inclusión social y sustitución progresiva de los hospitales monovalentes.
Si bien los cambios planteados son progresivos ¿Por qué la Ley sigue siendo una deuda pendiente?
Del papel a la realidad
El Decreto 603/2013 estableció el año 2020 como plazo para la sustitución definitiva de los hospitales psiquiátricos. Sin embargo, los manicomios continúan funcionando y la red de dispositivos alternativos presenta un desarrollo profundamente desigual.
Desmanicomializar no es simplemente cerrar un hospital. Significa construir una red capaz de reemplazarlo: hospitales generales con servicios de salud mental, centros comunitarios, hospitales de día, dispositivos habitacionales, equipos territoriales, empresas sociales, estrategias de inclusión laboral y acompañamiento para la vida independiente.
Y esa red no existe de la misma manera en todo el país. En algunas provincias encontramos experiencias con un desarrollo importante, mientras que en otras los dispositivos son escasos o se concentran en las ciudades capitales. Esto genera una situación profundamente desigual y precaria. El acceso a la atención depende del lugar donde se vive y la capacidad adquisitiva para pagar una consulta privada.
¿Cuánto cuesta desmanicomializar?
La Ley establece que progresivamente el presupuesto destinado a salud mental debe alcanzar el 10% del presupuesto total de salud. Ese objetivo nunca fue alcanzado y el presupuesto de salud, año a año, está a la baja. La desmanicomialización requiere inversión sostenida para garantizar dispositivos comunitarios, hospitales generales, equipos interdisciplinarios, políticas habitacionales, inclusión laboral y acompañamiento territorial. Pero tampoco podemos pensar en desmanicomializar sobre la base de la precarización laboral. Tanto en lo público como en lo privado, los trabajadores de la salud, de todas las disciplinas, están cobrando salarios que no alcanzan para cubrir sus necesidades. Esta situación no es nueva, pero si se viene profundizando en el último periodo. Esto implica necesariamente discutir qué modelo de atención se financia y hacia dónde se orientan esos recursos.
Al mismo tiempo, transformar el modelo de atención implica disputar intereses económicos e institucionales que se benefician de la persistencia del modelo hospitalocéntrico. La industria farmacéutica y distintos sectores del complejo médico-industrial participan de un sistema en el que la sobremedicalización y la centralidad de determinadas respuestas institucionales adquieren un peso significativo. Y por eso, darle presupuesto a esta ley es cuestionar directamente estos sectores que se benefician del modelo manicomial. Hasta ahora, no ha habido gobierno con la voluntad política de ir en contra de esos intereses.
Ese 10% de presupuesto debe estar a disposición de garantizar la infraestructura necesaria para la atención, la contratación de más profesionales y el aumento de salarios y mejoras en las condiciones laborales de todos los trabajadores de la Salud.
La pelea por el modelo
Desde la sanción de la Ley existen importantes debates teóricos, políticos y profesionales en torno al modelo de atención que necesitamos construir. Nunca se dió en un terreno neutral.
Muchas veces estos debates se presentan como una oposición entre quienes defienden la perspectiva antimanicomial y quienes reivindican la psiquiatría. Sin embargo, esta dicotomía resulta insuficiente. Cuestionar el modelo manicomial, la sobremedicalización y las internaciones compulsivas, no implica negar el valor de la psiquiatría ni de las distintas herramientas terapéuticas, sino discutir el lugar que ocupan dentro de una estrategia integral de atención. La salud mental requiere del aporte de distintas disciplinas y saberes, articulados en equipos interdisciplinarios y orientados por las necesidades y derechos de las personas usuarias.
Al mismo tiempo, la Ley Nacional de Salud Mental ha sido objeto de distintos usos políticos. Durante años, gobiernos que reivindicaron sus principios no garantizaron el presupuesto ni las condiciones materiales necesarias para implementarla plenamente. Orientación que resultó insuficiente para consolidar una verdadera red comunitaria, demostrando que no alcanza con defender la ley en términos declarativos.
Esto le permitió al actual gobierno de ultraderecha el cuestionamiento de aspectos centrales de la perspectiva comunitaria bajo el pretexto de que “no funciona”. Así, se agarra de la no implementación y sus consecuencias para promover el retorno hacia modelos centrados en la internación y la sobremedicación, en una avanzada contra nuestros derechos.
El debate central es qué modelo de atención queremos construir, para quién y bajo qué condiciones materiales. No entre “psiquiatría sí” o “psiquiatría no”, ni entre “medicación sí” o “medicación no”. El desafío es avanzar en una transformación efectiva del sistema de salud mental, fortaleciendo la interdisciplina, los dispositivos comunitarios y la participación de trabajadores, usuarios y familiares.
Desmanicomializar también es democratizar
La sustitución del modelo de atención no puede realizarse sin quienes trabajan y viven cotidianamente en el sistema. Trabajadores, usuarios, familiares y organizaciones sociales tienen que participar activamente en el diseño, implementación y evaluación de las políticas de salud mental. Los profesionales de la salud no son solamente ejecutores de políticas decididas desde arriba, son actores fundamentales para construir colectivamente nuevas formas de atención.
Por eso, una política de desmanicomialización debe garantizar continuidad laboral, estabilidad y mejores condiciones salariales y de trabajo para quienes sostienen los dispositivos. No podemos construir un modelo comunitario sobre la precarización de sus trabajadores.
El problema no es solo el manicomio
Los obstáculos que encontramos para avanzar en la desmanicomialización son estructurales. La segmentación entre el sistema público, las obras sociales y el sector privado, junto con la fragmentación por jurisdicción y descentralización provincial, produce profundas desigualdades territoriales y dificulta la planificación de políticas sanitarias integrales.
Por eso, la discusión sobre salud mental nos obliga a discutir el sistema de salud en su conjunto. No puede haber una verdadera red comunitaria si los recursos están fragmentados, si la atención depende del territorio donde se vive y si las condiciones laborales de los trabajadores son profundamente desiguales entre jurisdicciones.
Hacia un Sistema Único de Salud
Para la implementación de la Ley, se necesita avanzar hacia un Sistema Único de Salud público, universal, integrado, democrático y participativo, con financiamiento real y planificación nacional, controlado de abajo hacia arriba, que integre al sistema privado y de las obras sociales, que hoy son un negocio de las burocracias sindicales. Esta unificación requiere de la incorporación de la infraestructura, la tecnología y el personal, garantizando continuidad laboral y salarial.
Un sistema:
- que integre las redes comunitarias de atención;
- que garantice la equidad en el acceso en todo el territorio;
- que fortalezca la Atención Primaria;
- que planifique los recursos de acuerdo con las necesidades de la población;
- que garantice la continuidad de los cuidados;
- que fortalezca el trabajo interdisciplinario;
- donde quienes decidan sean los trabajadores, usuarios, familiares y comunidades;
- y termine con las desigualdades territoriales y laborales existentes.
Esto debe incluir también una Carrera Única de Salud con un Convenio Colectivo de Trabajo nacional para los trabajadores de la salud, que garantice salarios dignos, estabilidad laboral, formación permanente y condiciones de trabajo equitativas en todo el país.
Combate a la alienación, derecho a la vida
La desmanicomialización es un proceso mucho más profundo que el simple cierre de los manicomios: implica transformar las instituciones, las prácticas profesionales, la distribución de los recursos y las relaciones de poder que organizan el sistema de salud mental.
No alcanza con defender la Ley Nacional de Salud Mental si no se garantiza su financiamiento, tampoco alcanza con cerrar manicomios si no construimos alternativas y no alcanza con crear dispositivos comunitarios si, quienes los sostienen, trabajan en condiciones precarias. Más fundamental aún, no podemos pensar esta transformación por fuera de la del sistema capitalista en su conjunto. Necesitamos una política que garantice el derecho a la salud mental desde una perspectiva comunitaria, interdisciplinaria y de derechos humanos, pero que además genere las condiciones materiales para hacerla posible.
En este sentido, el cambio supone cuestionar las bases de una sociedad en la que derechos fundamentales, como la salud, están atravesados por la lógica de la ganancia. El capitalismo organiza la producción y distribución de los recursos en función de intereses económicos que entran en contradicción con la necesidad de garantizar derechos universales. En salud, esto se expresa en la fragmentación, la privatización, la sobremedicación, la mercantilización de las prestaciones y la existencia de sectores que obtienen ganancias a partir de la enfermedad. Por eso, un cambio profundo del sistema sanitario requiere disputar esa lógica y avanzar hacia una sociedad donde la atención en salud y salud mental estén organizadas en función de las necesidades de las personas y no de la rentabilidad.
Desde esta perspectiva, la lucha por la desmanicomialización forma parte de una lucha más amplia por transformar las condiciones de vida y construir una sociedad en la que el derecho a la salud esté por encima del lucro capitalista y que supere la alienación y descomposición impuesta por el sistema. Porque, en última instancia, nuestro bienestar y la salud son incompatibles con el capitalismo.
