Durante el primer semestre de 2026, el promedio mensual de expulsiones pasó de 98 a 202. En paralelo, más de 2.000 agentes participaron de 851 operativos de control. Sin embargo, el 93,6% de las personas extranjeras controladas tenía su situación migratoria regular. Los datos exponen una política que convierte a los migrantes, especialmente a los sectores populares, en chivo expiatorio del ajuste.
Miles de agentes, pocas irregularidades
El gobierno de Javier Milei profundiza su ofensiva contra la población migrante. Según datos oficiales analizados por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), durante los primeros seis meses de 2026 se duplicó el promedio mensual de expulsiones: pasó de 98 en 2025 a 202 este año. En junio se alcanzó el pico de 379 expulsiones.
El incremento se produce tras la modificación del régimen migratorio impulsada por el Gobierno, que endureció las condiciones de residencia y reforzó el enfoque de seguridad y control sobre la migración.
Entre enero y junio, Migraciones realizó 851 operativos junto con las fuerzas federales, con más de 2.000 agentes desplegados. En los 590 procedimientos urbanos sobre los que se informó, fueron controladas 7.261 personas.
El dato más significativo es que el 93,6% de las personas extranjeras tenía su situación regular. Solo 161 personas, el 2,2% del total, se encontraban en situación migratoria irregular.
Los operativos se concentraron, entre otros lugares, en zonas como Liniers, Flores, Mataderos, Balvanera y La Salada, espacios donde miles de trabajadores migrantes desarrollan actividades comerciales y laborales. Los números dejan una pregunta evidente: ¿qué emergencia de seguridad pretende resolver el Gobierno con semejante despliegue?
Migrantes como chivo expiatorio
El CELS advirtió que la nueva política presenta a las poblaciones migrantes, muchas de ellas empobrecidas, como una amenaza y promueve discursos racistas y xenófobos. La lógica es conocida: mientras el ajuste golpea los salarios, el empleo y las condiciones de vida, el Gobierno busca responsables entre quienes están en una situación más vulnerable.
La propia reforma migratoria incorporó, además, la exigencia de demostrar “medios económicos suficientes” para acceder a la residencia permanente. Sin embargo, un año después de su implementación, Migraciones todavía no definió claramente qué ingresos serán considerados suficientes.
Una política que divide a los trabajadores
La ofensiva contra los migrantes no puede separarse de la política económica del Gobierno. La mayoría de quienes son perseguidos en estos operativos son trabajadores: vendedores, obreros, comerciantes, empleados de talleres y personas que sobreviven en la economía informal.
Dividirlos según su lugar de nacimiento solo favorece a quienes se benefician de la precarización. Un trabajador migrante tiene mucho más en común con otro trabajador que con el empresario que vive de su trabajo.
Frente a una política que utiliza la xenofobia como herramienta de disciplinamiento, la respuesta debe ser la unidad de la clase trabajadora: defensa del derecho a migrar, regularización efectiva y gratuita y plenos derechos laborales, sociales y políticos para todas las personas, sin importar su nacionalidad.
Ningún trabajador es ilegal. El enemigo no está detrás de una frontera: está en quienes descargan el ajuste sobre quienes viven de su trabajo.
