Con un modelo energético agotado heredado del menemismo, más una ola de calor histórica, sólo podía empeorar lo que ya era moneda corriente cada verano: los cortes de luz masivos. Nuestras propuestas para solucionar esta crisis.
En las primeras semanas del año volvió a quedar al desnudo la total ineficiencia del sistema eléctrico nacional a causa de la constante desinversión que sufre este sector. Con una ola de calor que tuvo a la mayoría del territorio argentino por encima de los 40°C, el consumo eléctrico llegó a máximos históricos. Así sucedió el pasado viernes 14, donde según el dato oficial del ENRE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad) se consumieron 28.197 megavatios.
Producto de esta situación, las víctimas somos los mismos de siempre: el público usuario. Un ejemplo de la magnitud que pueden alcanzar estos cortes fue lo que pasó durante la segunda semana de enero: según el propio ENRE, los apagones afectaron a unos 700.000 usuarios de Edenor en toda el área metropolitana de Buenos Aires. Las protestas no se hicieron esperar. En distintos barrios de la Capital y el conurbano bonaerense, una y otra vez los vecinos cortaron parte de la Avenida General Paz u otras avenidas para denunciar la ineficiencia del servicio y la inexistencia de respuestas, tanto de las empresas distribuidoras de energía como de los gobiernos.
Las privatizadas: un modelo que fracasó
En 1992, bajo la presidencia de Menem, se privatizó la empresa estatal Segba y se creó un nuevo sistema de energía eléctrica, subdividido en tres partes: una de generación, otra de transmisión y otra de distribución. Así aparecieron las distribuidoras actuales, como Edenor, Edesur y Edelap, que obtuvieron la concesión del servicio por 95 años, es decir hasta 2087…
Con el pasar de los años esas empresas privadas se fueron vinculando entre sí y también con empresas de los sectores de generación y transmisión. Un ejemplo de esto es Edelap, Edea, Eden y Edes, las cuatro empresas distribuidoras bonaerenses, que pertenecen al Grupo DESA[i] de Rogelio Pagano. Otro caso es el de Marcelo Mindlin y su empresa Pampa Energía, que opera en la generación, transmisión[ii] y hasta 2020 era la dueña de Edenor. En 2021 Pampa le vendió su capital a Edelcos, cuyos dueños son los empresarios peronistas Daniel Vila, José Luis Manzano y Mauricio Filiberti[iii]. En suma, las privatizaciones facilitaron el negocio en manos de un puñado de empresarios.
Ya pasaron 30 años desde que se implementa este modelo energético, pero la situación no deja de empeorar por la falta de inversión. Como «soluciones», los sucesivos gobiernos sólo proponen tarifazos y subsidios estatales. Pero no hubo ningún cambio estructural en la matriz energética, ni en los doce años de kirchnerismo, que subsidió en parte el consumo para evitar la bronca popular, ni con el macrismo, que aumentó un 3.000% las tarifas.
Cuando asumió hace dos años, Alberto Fernandez prometió retrotraer el precio de las tarifas de los servicios públicos. Pero eso no pasó ni va a pasar. Es más: el gobierno prevé para este año aumentar otro 20% las tarifas de luz y gas. Esta es la política que se desprende al seguir los lineamientos del FMI, que en el marco del acuerdo que negocia con el gobierno por la deuda externa exige eliminar los subsidios a las tarifas.
Es urgente cambiar el modelo
Además de la falta de inversión, las distribuidoras de energía como Edesur y Edenor son grandes deudoras del Estado. Hoy le deben casi 300 mil millones de pesos a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Camessa), sociedad anónima administrada por el Estado que es el nexo entre las empresas generadoras de energía y las distribuidoras.
Pero el responsable de esto es el gobierno nacional, ya que según el artículo 87 del Presupuesto 2021 el Estado accedió a absorber los costos si las distribuidoras empezaban a invertir en el sector[iv]. Como era previsible, las distribuidoras no cumplieron las inversiones necesarias y el Estado mediante subsidios, que salen de los bolsillos populares, termina pagándoles sus deudas por la compra mayorista de la energía. Como consecuencia, en 15 meses entre septiembre de 2020 y diciembre pasado, esta deuda trepó a 287 mil millones de pesos.
En concreto, el 40% del total de esa deuda hacia Camessa les corresponde a Edesur y Edenor, que deben 58 mil millones de pesos y 50 mil millones respectivamente[v].
Ante este panorama, en donde los privados se quedan con las ganancias, el Estado con las deudas y los usuarios con un servicio pésimo, es imprescindible un cambio de modelo. Y lo opuesto al lucro privatista es el servicio público estatal. Pero no con un Estado bobo y cómplice de los privados -como el caso de Epec en Córdoba-, sino bajo el control democrático de quienes sí queremos un servicio eficiente y económico: los trabajadores y los usuarios del sector.
En todo el mundo sobran los ejemplos de empresas de energía totalmente estatales, tanto en la generación (Tennessee Valley de EE.UU., Hydro-Québec de Canadá, CFE de México, PT-PLN Persero de Indonesia, Esko Holdings de Sudáfrica) como en la distribución mayorista y minorista (Vattenfall de Suecia, EDF de Francia)[vi].
En tiempos de crisis, medidas de fondo
Ante el desastre que significa el actual servicio eléctrico, hacen falta medidas para resolver la emergencia y también otras a mediano y a largo plazo como transición hacia otro modelo energético.
- Ante la contingencia de los cortes, la compra e instalación de generadores eléctricos en las zonas más necesitadas, un plan a tres meses de resarcimientos económicos a los usuarios por los daños ocasionados y un programa serio de ahorro energético se tornan las medidas más urgentes.
- Junto con eso, proponemos la intervención estatal a las empresas y la apertura de sus libros contables, para que bajo el control de trabajadores y usuarios se avance a reestatizar el servicio sin indemnización. Así fueron los proyectos que en su momento presentó Alejandro Bodart en la Legislatura porteña[vii] o que ha presentado en estos días la bancada del Frente de Izquierda Unidad en la Legislatura bonaerense[viii].
- Para una solución más estructural hace falta sustituir el modelo energético contaminante, basado en la utilización de hidrocarburos, por energías limpias y renovables, todo en manos del Estado. Los recursos para financiar dichas inversiones se pueden obtener del no pago de la deuda externa y de gravar con fuertes impuestos a las corporaciones.
Estas son las propuestas que aportamos desde el MST y el FIT Unidad, por entender que la luz y demás servicios públicos deben ser un derecho social básico y no un negociado privado como lo son ahora. Junto a apoyar las protestas vecinales, te invitamos a organizarte con nosotres para fortalecer la única alternativa política que propone estas soluciones en defensa de nuestra calidad de vida.
[i] https://desasa.com.ar/distribuidoras
[ii] https://ri.pampaenergia.com/compania/perfil-de-lacompania/
[iii] A su vez es dueño de Transclor, la mayor productora de cloro del país, cuyo principal cliente es Aysa.
[iv] https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/238364/20201214
[v] https://www.eldiarioar.com/economia/subsidiosactualizacion-tarifas-cortes-edenor-edesur-acumulandeudas-100-000-millones_1_8654545.html
[vi] https://www.pagina12.com.ar/336434-esnecesario-estatizar-los-servicios-publicos
[vii] https://alejandrobodart.com.ar/2013/12/26/ley-deemergencia-electrica-medidas-urgentes-261213/
[viii] Exp. 4.903/21-22 (13/1/22).