Mientras el gobierno insiste con el relato del “déficit cero”, Javier Milei, Luis Caputo y Manuel Adorni profundizan el ajuste sobre áreas sensibles del Estado. Ya eliminaron 211 programas públicos y recortaron más de $2,3 billones, en una ofensiva que golpea sobre salud, educación, ciencia, asistencia social y políticas públicas esenciales.

Un ajuste de dimensiones históricas

El gobierno nacional avanzó con una nueva etapa de la motosierra. Según datos oficiales difundidos en los últimos días, la administración de Javier Milei eliminó 211 programas estatales y aplicó recortes por más de $2,3 billones. La medida fue defendida públicamente por el ministro de Economía, Luis Caputo, y por el vocero presidencial Manuel Adorni, quienes presentaron el ajuste como parte del “ordenamiento del Estado”.

Detrás de ese discurso tecnocrático aparece una realidad mucho más concreta: programas cerrados, áreas desmanteladas, despidos, menos asistencia social y una reducción generalizada de políticas públicas.

El recorte se inscribe dentro del programa económico libertario que el gobierno impulsa desde diciembre de 2023 y que tiene como eje central alcanzar superávit fiscal a cualquier costo. El problema es justamente ese “cualquier costo”: quienes pagan las consecuencias del ajuste son trabajadores, jubilados y sectores populares.

Qué programas fueron afectados

Los recortes abarcan áreas extremadamente sensibles. Entre los programas eliminados o vaciados aparecen iniciativas vinculadas a salud pública, educación, ciencia, cultura, asistencia alimentaria, políticas de género, vivienda y desarrollo social.

Muchos de esos programas cumplían funciones básicas en territorios donde el Estado ya llegaba de manera limitada. Otros sostenían investigaciones científicas, programas sanitarios o acompañamiento social en barrios populares.

El gobierno sostiene que se trataba de estructuras “ineficientes”, “superpuestas” o “innecesarias”. Sin embargo, detrás de esas definiciones abstractas existen miles de trabajadores despedidos y millones de personas que pierden acceso a políticas públicas.

La motosierra no cae sobre privilegios empresariales ni sobre grandes fortunas: cae sobre programas destinados a sectores vulnerables mientras continúan los beneficios para bancos, exportadoras y grupos económicos concentrados.

Principales recortes:

Administración Gubernamental: -$494.290 millones

Servicios Sociales: -$564.130 millones

Servicios Económicos: -$140.000 millones

Ministerio de Economía: recorte total de $529.000 millones.

Aportes del Tesoro Nacional (ATN): reducción de $320.000 millones.

Energía Argentina: -$200.000 millones.

EDUCAR S.A.: -$48.000 millones.

AySA: -$21.437 millones.

Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR): -$937 millones.

Radio y Televisión Argentina: -$1.145 millones.

Agencia de Publicidad del Estado S.A.: -$498 millones.

Contenidos Artísticos e Informativos: -$96 millones.

Fortalecimiento de los Sistemas Provinciales de Salud: -$25.000 millones.

Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica: -$20.000 millones.

Cobertura Sanitaria Compensatoria: -$5.000 millones.

Investigación, prevención y tratamiento del cáncer: -$5.000 millones.

Prevención y control de enfermedades transmisibles e inmunoprevenibles: -$500 millones.

Administración Nacional de Establecimientos de Salud: -$3.196 millones.

Superintendencia de Servicios de Salud: -$1.743 millones.

Instituto Malbrán: -$1.162 millones.

INCUCAI: -$1.000 millones.

Infraestructura para desarrollo deportivo: -$320.671 millones.

Uso racional y eficiente de la energía: -$359.497 millones.

Compensación salarial docente: -$78.711 millones.

Integración social y ciudadanía: -$55.465 millones.

Integración socio-urbana: -$39.442 millones.

Obras públicas y rutas nacionales: fuertes reducciones en proyectos viales y de infraestructura en distintas provincias.

Parques Nacionales: más de -$2.500 millones.

Programas científicos y desarrollo satelital: reducción de partidas.

INDEC y programas vinculados a Malvinas y Antártida: también afectados por el ajuste.

El “déficit cero” y el costo social

El ajuste fiscal es el núcleo del proyecto económico de Milei y Caputo. Desde el oficialismo celebran el superávit como un triunfo político y económico, pero el mecanismo para alcanzarlo es cada vez más evidente: destrucción del gasto social y licuación de salarios, jubilaciones y presupuesto público.

En paralelo al recorte de programas, el gobierno mantiene congeladas o muy deterioradas partidas esenciales para hospitales, universidades, ciencia y obra pública. La consecuencia es visible en todo el país: hospitales al borde del colapso, universidades desfinanciadas, caída del consumo, cierre de fábricas y aumento de la precarización laboral.

Mientras tanto, la deuda con el FMI continúa condicionando la política económica y el gobierno sigue destinando enormes recursos al pago de intereses financieros.

Un modelo de Estado para los negocios

El discurso libertario habla de “achicar el Estado”, pero el problema de fondo es para quién funciona ese Estado. Porque mientras se eliminan programas sociales y se ajusta sobre áreas esenciales, continúan mecanismos de transferencia de recursos hacia sectores concentrados de la economía.

La lógica oficial no implica la desaparición del Estado, sino su reconfiguración al servicio de determinados intereses. Se recorta para abajo mientras se preservan negocios para arriba.

En ese marco, resulta cada vez más evidente la contradicción entre el discurso anticasta y la realidad del gobierno. Mientras se exige sacrificio permanente a la población, funcionarios cercanos al oficialismo aparecen involucrados en denuncias por corrupción, enriquecimiento y uso irregular de fondos públicos.

Los casos que rodean a figuras como Karina Milei, Manuel Adorni, Diego Spagnuolo o las investigaciones ligadas al escándalo $LIBRA muestran un gobierno que ajusta brutalmente hacia abajo mientras protege a sus propios funcionarios.

El impacto real de la motosierra

Detrás de las cifras aparecen consecuencias concretas. Cada programa eliminado implica menos medicamentos, menos becas, menos asistencia alimentaria, menos prevención sanitaria, menos investigación científica o menos infraestructura.

El ajuste no ocurre en una planilla de Excel: impacta sobre la vida cotidiana de millones.

El gobierno intenta instalar que el sufrimiento social es un costo inevitable para “ordenar” la economía. Pero lo que aparece es otra cosa: un modelo que descarga la crisis sobre las mayorías mientras preserva los intereses del capital financiero y los grandes grupos empresarios.

La motosierra libertaria no eliminó privilegios estructurales. Eliminó políticas públicas, puestos de trabajo y derechos conquistados durante décadas.

Y mientras el oficialismo celebra el recorte como una victoria ideológica, cada vez más sectores comienzan a sentir el verdadero alcance del ajuste y a enfrentar al mismo, la propia movilización por el presupuesto universitario es una demostración de la resistencia social ante este modelo.