PASO, colectoras y negociaciones. Milei cambia reglas electorales por sus propios intereses 

Ante las dificultades para reunir apoyos en el Congreso, el gobierno incorporó la posibilidad de habilitar listas colectoras para los gobernadores aliados y aceptó limitar la suspensión de las PASO a las elecciones de 2027. La reforma electoral se negocia a contrarreloj, con acuerdos entre la Casa Rosada y las provincias, diferencias dentro del oficialismo y cuestionamientos de la oposición. 

Las colectoras como moneda de negociación 

El Gobierno de Javier Milei busca avanzar con la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), pero el camino legislativo se complicó más de lo esperado. Frente a la falta de votos para imponer su proyecto original, la Casa Rosada comenzó a ofrecer modificaciones a sus aliados: ahora está dispuesta a habilitar las listas colectoras para que distintos espacios puedan acompañar una misma candidatura presidencial, aunque presenten listas legislativas propias. 

La negociación expone las dificultades del oficialismo para construir una mayoría y deja al descubierto que la reforma electoral no se limita a una discusión sobre el funcionamiento del sistema democrático. También es una disputa por candidaturas, representación parlamentaria y acuerdos territoriales de cara a 2027. 

El proyecto será tratado este martes en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado. La Libertad Avanza necesita conseguir las firmas necesarias para emitir dictamen y luego reunir 37 votos en el recinto para aprobar una modificación del régimen electoral. Con 21 bancas propias, depende de los bloques aliados y de los senadores que responden a distintos gobernadores. 

La principal novedad del nuevo borrador es la incorporación de las llamadas listas colectoras o de adhesión. El mecanismo permitiría que una misma fórmula presidencial aparezca acompañada por dos listas legislativas diferentes en cada distrito: una de la fuerza nacional y otra de un espacio aliado. 

En términos políticos, la propuesta busca ofrecerles a los gobernadores una herramienta para conservar sus propias listas de candidatos al Congreso sin romper con una eventual candidatura presidencial de Milei. Así, dirigentes de la UCR, el PRO y fuerzas provinciales podrían competir con sus propias boletas legislativas, pero compartir la postulación presidencial libertaria. 

La habilitación sería excepcional y regiría para las elecciones de 2027. No estaba incluida en el proyecto original y apareció como parte de las negociaciones entre Diego Santilli, los gobernadores y los bloques dialoguistas. 

La escena tiene una particularidad: el Gobierno que llegó prometiendo terminar con los privilegios de la política ahora negocia modificaciones electorales para conseguir respaldos parlamentarios. Las colectoras vuelven a la mesa, no por una discusión integral sobre la representación política, sino como una herramienta para negociar votos. 

Una reforma a contrarreloj y con diferencias internas 

El oficialismo tampoco tiene asegurado el respaldo de todos sus aliados. El PRO expresó reparos frente a un tratamiento acelerado y su jefe de bloque en el Senado, Martín Goerling, cuestionó que se pretendan modificar las reglas electorales a pocos meses de un proceso electoral. Desde el peronismo, Germán Martínez también rechazó la suspensión de las primarias y sostuvo que el Gobierno busca cambiar el sistema por conveniencia política. 

La interna libertaria agrega otro frente de conflicto. Patricia Bullrich quedó al margen de las negociaciones que encabezan Santilli y otros funcionarios de la Casa Rosada, mientras desde su entorno cuestionan que el oficialismo dé por asegurados votos que todavía no tiene. La disputa vuelve a mostrar las tensiones dentro del Gobierno y la competencia por el control de la estrategia parlamentaria. 

En ese contexto, la Casa Rosada intenta cerrar acuerdos con mandatarios provinciales como Raúl Jalil, Gustavo Sáenz, Martín Llaryora, Rolando Figueroa e Ignacio Torres, entre otros. Los votos de sus representantes en el Senado pueden resultar decisivos para que el proyecto avance. 

¿Menos financiamiento público, más peso del dinero privado? 

La discusión no se agota en las PASO y las colectoras. La reforma ques e iba a poner a debate,  inicialmente también proponía modificar el financiamiento de los partidos y las campañas: reducir el aporte estatal, eliminar la garantía de espacios gratuitos en medios de comunicación y ampliar el peso de las contribuciones privadas. También hacer mucho más dificultosos los requisitos para ser un partido legal y nacional.Todo esto está hoy en debate y circulan diferentes borradores, reflejando negociaciones de último momento donde algunos de estos temas podrían ser retirados. Pero hay que estar alertar y denunciar cualquiera de estos aspectos que quieran volver a incluir. 

Sucede que todo este tema merece especial atención. En un sistema donde las campañas requieren cada vez más recursos para instalar candidaturas y llegar al electorado, reducir las herramientas de financiamiento público profundizaría las desigualdades entre las fuerzas políticas. Los espacios con vínculos empresariales, grandes aportantes y mayor capacidad económica parten de una posición muy distinta a la de partidos y organizaciones que dependen de sus militantes y simpatizantes. 

En nombre de la reducción del gasto estatal, la iniciativa puede terminar otorgando más influencia a quienes tienen dinero para financiar campañas. La discusión sobre las reglas electorales también es, por lo tanto, una discusión sobre quiénes pueden competir y en qué condiciones. 

Las reglas democráticas no pueden ser un acuerdo de ocasión 

La suspensión de las PASO, la habilitación de colectoras y los posibles cambios en el financiamiento electoral están siendo discutidos mediante negociaciones entre el Ejecutivo, gobernadores y bloques parlamentarios. El apuro por conseguir un dictamen y cerrar los acuerdos deja en segundo plano un debate público más amplio sobre las consecuencias de modificar el sistema electoral. 

Las primarias tienen límites y además son proscriptivas al poner pisos antidemocráticos, pueden ser discutidas como todo el sistema electoral, pero su eliminación o suspensión no debería resolverse como una concesión dentro de una negociación por votos y necesidades oficialistas. Tampoco alcanza con presentar la reforma como una cuestión de eficiencia o ahorro: hay que discutir qué mecanismos garantizan la participación, la competencia y la igualdad de condiciones entre las fuerzas políticas. La reforma electoral que hace falta debe ser integral y muy diferente a la que se está debatiendo estos días. Por eso diferentes partidos, entre ellos quienes conformamos el FITU, enviamos una carta con pedido de reunión a la Comisión de Asuntos Constitucionales, para que se habilite un debate democrático y audiencias públicas para tratar todo este tema.  

El Gobierno busca llegar a 2027 con un esquema electoral que le resulte funcional y, para eso, está dispuesto a modificar su propio proyecto y ofrecer espacios a sus aliados. La pregunta que queda abierta es si el Congreso va a debatir seriamente las reglas de representación o si terminará aprobando una reforma armada a medida de las necesidades electorales y los acuerdos de la Casa Rosada. 

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