En el mediodía del viernes 6 de agosto el gobierno dio marcha atrás con el mega emprendimiento hotelero que se estaba llevando adelante en el Área Natural Protegida Manzano-Portillo de Piuquenes, en la provincia de Mendoza. A través de la resolución 141, la Secretaría de Ambiente rechazó el proyecto denominado Cerro Punta Negra, presentado por la empresa UCO Los Tres Valles. Esto representa un gran triunfo para la lucha del activismo ambientalista y la protección de los bienes y recursos de la provincia.
El 14 de mayo se realizó una audiencia pública donde activistas y residentes de la zona afectada pudieron manifestar su opinión acerca del proyecto. La mayoría de las personas que pudieron participar manifestaron un rechazo absoluto a la privatización de la cordillera para turismo de ricos. Gracias a las advertencias de organismos como el IADIZA, la sociedad fue consciente de las repercusiones que habría sobre la flora y fauna de la reserva. Nicolás Fernández, referente de la Red Ecosocialista y precandidato a diputado nacional del MST en el FIT-U, participó activamente en la audiencia; dejando en claro que en Mendoza no existe licencia social para este tipo proyecto.
En un inicio, el gobierno provincial impulsó esta iniciativa. Antes de las audiencias públicas la obra ya contaba con el aval de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial. Incluso en 2016 la empresa había comenzado a edificar sobre el área natural sin autorización del Estado y fue multada. Sin embargo, la multa fue perdonada y las obras continuaron con el aval de los gobernantes y el empresariado. Así, el emprendimiento fue impulsado con los mismos y falaces argumentos de «generar fuentes de trabajo» y desarrollar el turismo en esa zona.
Desde la Red Ecosocialista nos opusimos y nos oponemos a la privatización de la montaña y de todo patrimonio natural. Sostenemos que el rechazo al proyecto se debe a la lucha del pueblo de Mendoza y no a que los gobernantes hayan evaluado los estudios de impacto ambiental presentados, como nos quieren hacer creer los medios. Los mendocinos sabemos que no debemos bajar la guardia, ya que es posible que aparezcan obras similares en el futuro. Al fin y al cabo, existe una complicidad entre el gobierno de Suarez y la falsa oposición del Frente de Todos para explotar todos los recursos de la cordillera.
En época electoral, el gobierno de Cambia Mendoza, de igual modo que el peronismo, tratan limpiar sus imágenes después de haber querido bajar la ley 7722 y de tratar de instalar el fracking en el territorio provincial. Las inmensas movilizaciones de los últimos años son una advertencia del pueblo mendocino contra los proyectos extractivistas y contaminantes.
Desde el MST en el FIT Unidad rechazamos todo negocio que contamine el agua y afecte nuestros bienes comunes. Queremos trabajar junto a los vecinos de cada territorio para crear un modelo productivo sustentable. Por eso, vamos a presentar un proyecto de ley que prohíba definitivamente el fracking y sancione cualquier actividad que altere el medio ambiente.