Volvió a ser noticia en días recientes el nombre de Ramona Orellano Bustamante, la campesina cordobesa próxima a cumplir 95 años, referente de la lucha por la tierra, por la ratificación de un pedido de desalojo en su contra.
Ramona nació en Las Maravillas, un paraje del norte cordobés, cercano a la Laguna Mar Chiquita y el pueblo San José de la Dormida, a 190 km de la capital provincial, y habita el mismo campo desde hace casi un siglo. Un campo de 150 hectáreas que ella cuida y trabaja al día de hoy junto a su familia y que alberga un oasis de bosque nativo en medio de grandes latifundios sojeros.
En los ochenta quedó fuera de la sucesión de aquellas tierras, estafada por los hermanos Scaramuzza, dos productores agropecuarios y dirigentes de la Federación Agraria de Oncativo, en complicidad con las hermanastras de Ramona quienes no habitaban el lugar y una de las cuales era empleada de los Scaramuzza. En 1993 le hicieron firmar un “convenio de desocupación” sin la presencia de alguien que la asesorara legalmente.
El calvario de Ramona comenzó a materializarse en 2003, cuando sufrió un desalojo que la llevó a vivir a la vera del camino junto a su familia durante varios meses, hasta que decidió volver a establecerse en su campo. En 2004 llevaron a cabo un desalojo mucho más violento, en el que destruyeron su casa y posesiones, pero que no logró hacer desistir a Ramona de ejercer sus derechos sobre esas tierras.
Posteriormente inició una denuncia por estafa procesal contra los hermanos Scaramuzza, pero la justicia de Deán Funes los absolvió a pesar de la gran cantidad de pruebas que existen sobre la legítima posesión del terreno por parte de Ramona y su familia. En 2014 los productores iniciaron un nuevo juicio, a partir del cual se emitió una orden de desalojo que la familia Bustamante recibió hace dos semanas, firmada por la jueza de Primera Instancia Civil y Comercial, Emma del Valle Mercado.
El problema de la tierra y la lucha de Ramona como símbolo de resistencia
El caso de Ramona adquirió carácter público tras el violento desalojo ocurrido en 2004 y los músicos León Gieco y Raly Barrionuevo la invitaron a subirse al escenario durante sus actuaciones en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín de aquel año para visibilizar su situación.
En 2018, la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC le otorgó el Premio José María Aricó al compromiso social y político y al Movimiento Campesino de Córdoba a través de ella, subrayando en la resolución del Consejo Directivo para fundamentar el galardón que: “en nuestra provincia, la emergencia ambiental se halla en un punto por demás crítico, al poseer una de las mayores tasas de deforestación del continente, que agudizan problemas existentes y exponen a los productores campesinos a la violencia y el despojo”. Fundamento que toma en cuenta el trabajo que la familia Bustamante lleva a cabo en la preservación de la flora y fauna autóctona que se conserva en sus tierras, así como el accionar perverso de los grandes productores agropecuarios en desmedro de los ecosistemas y las familias trabajadoras poseyentes de pequeños campos.
Al conocerse la nueva sentencia, la Decana y el Vicedecano de la facultad de Psicología de la UNC emitieron una declaración para transmitir su preocupación y solidaridad para con Ramona, destacando también lo siguiente: “Asimismo, siendo Ramona una mujer trabajadora y campesina, y en consonancia con la declaración emitida en ocasión del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras DHCS-2021-2-E-UNC-REC, en la que se señala: “Es importante destacar la persistencia de las desigualdades de género en el mundo del trabajo, postergaciones que se acentúan si la vinculamos a situaciones de etnia y clase”, y reiterando el compromiso de la UNC con la generación de políticas públicas en una perspectiva de efectivización y ampliación de derechos, las autoridades de la Facultad de Psicología se suman al pedido de revisión de esta medida.” (1)
Cabe destacar también que en la última marcha por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora realizada en Córdoba pudieron verse pancartas apoyando su causa.
En tanto el Movimiento Campesino de Córdoba emitió un comunicado exigiendo “Que el Gobierno de la provincia de Córdoba expropie las 150 Ha que le pertenecen a Ramona para terminar con la sistemática vulneración de sus derechos y que cuidamos de forma colectiva” así como “Una Ley provincial que suspenda los desalojos y reglamentación de la Ley de agricultura familiar donde se contemple otros modos y usos colectivos del territorio.”
Sin duda el caso de Ramona vuelve a poner en escena el problema del acceso a la tierra, que en los meses pasados vimos expresarse en la violenta represión en el desalojo a las familias habitantes de Guernica en Buenos Aires y en las intimaciones y amenazas que comenzaron a llegar a muchísimas familias en ocupaciones a lo largo y ancho del país a partir del envalentonamiento de los especuladores inmobiliarios tras la legitimación por parte del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y el Gobierno Nacional, que defendieron el accionar de Sergio Berni con calumnias que hasta Página 12 tuvo que salir a desmentir.
En nuestra provincia atestiguamos en los últimos años varios episodios similares con los desalojos en barrio Cabildo anexo, Estación Ferreyra y la localidad de Juárez Celman, por citar un par de desalojos colectivos, ya que los desalojos a familias individuales son mucho más cotidianos y raramente adquieren visibilidad. En el mismo sentido, el gobierno provincial ha tenido de la mano de la dupla De La Sota – Schiaretti una política de vivienda social con la que intenta reivindicarse, pero que lejos de pensarse para la integración urbana, fue un proceso de “reubicación” de asentamientos marginados hacia la periferia de la capital, elaborado con fines “de seguridad” de manera segregativa, social y racialmente, sin brindar en la gran mayoría de los casos una contención real a las familias trasladadas, que vivieron una re-marginación urbana y social.
A todos estos casos los une un denominador común: la falta de escrúpulos de los negociados capitalistas que asocian a especuladores inmobiliarios, latifundistas del agro o empresarios extractivistas con un Estado cómplice, por acción directa de su brazo judicial que avala estas injusticias, de su aparato represivo, más sutilmente por la desidia de sus políticas de desarrollo social, que salvando las «grietas» entre los gobiernos de turno, jamás han tenido interés en resolver la pobreza estructural que sufre nuestro país. Los gobiernos pasan dejando en la pobreza e indigencia a generaciones de familias enteras que nunca encuentran una solución de fondo, mientras los «desarrollistas», sojeros y la casta empresarial es cada vez más rica.
En este panorama de inmensa desigualdad, la lucha de Ramona, su familia y las organizaciones que apoyan activamente su reclamo se vuelven un símbolo de resistencia popular que es necesario replicar, entendiendo que la única manera de lograr soluciones de fondo es de manera colectiva y organizada políticamente.
Nacho Márquez