Poco después de las masivas manifestaciones en memoria de las víctimas de la dictadura, llega a su fin el largo juicio por crímenes de lesa humanidad en las brigadas de investigaciones de Banfield, Quilmes, Lanús y San Justo.
Estas brigadas policiales funcionaron como centros clandestinos de detención durante la última dictadura, en la cual el Estado actuó como una organización criminal, perpetrando delitos de manera sistemática y generalizada.
A pesar del tiempo transcurrido y de que la mayoría de los acusados ya hayan fallecido sin haber sido responsabilizados, el resultado del juicio trae una sensación de cierre de un ciclo para todos aquellos que fueron afectados directa o indirectamente por estos crímenes.
Es una victoria agridulce, ya que hubo una responsabilización y condena, pero han pasado casi 50 años en los que los criminales pudieron vivir libremente.
Además de eso, el número total de acusados y procesados es pequeño, en su mayoría militares de alta jerarquía, que acumulan varias condenas. Esto hace que otros militares y cómplices queden libres, sin siquiera ser acusados de sus crímenes.
“Hoy conseguimos un pedacito de justicia. Pero tenemos que seguir luchando cada día más por lograr que todos los milicos y sus cómplices terminen en la cárcel, en una cárcel común, perpetua y efectiva. Nada de domiciliarias, nada de beneficios, como fue en este juicio, que todos los acusados lo vivieron en la tranquilidad de sus casas. Solo uno estuvo detenido y el resto en sus casas vía Zoom”, expresó Juan Bonatto, integrante de la Multisectorial de los Derechos Humanos y del MST.
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Los criminales
De los 39 inicialmente acusados, 26 fallecieron sin ser condenados en este juicio, mientras que un imputado quedó fuera del juicio por incapacidad sobrevenida. Así, quedan solo 12 acusados, entre ellos 7 exmilitares, 4 expolicías y 1 civil.
Son personas que pudieron vivir sus vidas cómodamente en los últimos casi 50 años, un derecho que negaron a sus víctimas. Esto genera una gran sensación de injusticia, incluso con un veredicto que demuestre la culpabilidad por los asesinatos, desapariciones y violaciones de los derechos humanos.
Las sentencias
Hoy fueron juzgados los 12 acusados aún vivos, de los cuales 10 fueron condenados a prisión perpetua, uno a 25 años, y uno fue absuelto.
- Federico Minicucci, exjefe del Regimiento de Infantería Mecanizado N°3 de La Tablada: Prisión perpetua
- Guillermo Alberto Domínguez Matheu, exjefe de Actividades Psicológicas: Prisión perpetua
- Carlos Gustavo Fontana, excapitán: Prisión perpetua
- Alberto Julio Candioti, exjefe de la Sección Comando y Servicio: 25 años de prisión
- Jorge Héctor Di Pasquale: Prisión perpetua
- Carlos María Romero Pavón: Prisión perpetua
- Roberto Armando Balmaceda: Prisión perpetua
- Jaime Lamont Smart, el exministro de Gobierno bonaerense durante la dictadura: Prisión perpetua
- Juan Miguel Wolk: Prisión perpetua
- Jorge Antonio Bergés: Prisión perpetua
- Enrique Augusto Barre: Absolución
- Horacio Luis Castillo: Prisión perpetua
Sobre la absolución de Enrique Augusto Barre: “Apelaremos, por supuesto, todo lo que se pueda porque queremos todos los genocidas en la cárcel. Este juicio duró cuatro años y estuvo todo probadísimo, todos los pasos. Y seguimos buscando a los hijos robados de nuestras compañeras desaparecidas, que todavía ningún genocida nos dice ningún reo imputado nos dice dónde estamos. Así que seguiremos en la lucha”, Maria Laura Bretal, ex presa política e integrante del colectivo Justicia Ya.
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Las víctimas
Entre noviembre de 1974 y marzo de 1979, antes y durante la última dictadura cívico-militar, las brigadas de investigaciones de Banfield, Quilmes, Lanús y San Justo victimizaron a cientos de personas, y los crímenes cometidos contra 605 de ellas están siendo juzgados desde hace 4 años.
De las 605 víctimas de este juicio, 373 sobrevivieron, 189 se encuentran desaparecidas y 31 fueron asesinadas. En la larga lista figuran adolescentes de la Noche de los Lápices y la compañera Nilda Eloy, entre otres. Además, bebés también fueron robados y apropiados, y muchos siguen sin conocer sus verdaderas identidades. Entre ellos está Daniel Santucho Navajas, hijo de Cristina Navajas, quien fue secuestrada en 1976 y estuvo detenida en el Pozo de Banfield. Él fue recuperado en julio de 2023.
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Si la mayoría ya ha fallecido, ¿por qué seguir con el juicio? Las familias merecen una respuesta, y la sociedad necesita de esa memoria. Porque la identificación y el veredicto de los asesinos son otra prueba concreta de que el Estado fue realmente responsable del genocidio que ocurrió en nuestro país. El mismo Estado que hoy sigue actuando contra las minorías sociales.
Además, poder mostrar pruebas de los crímenes cometidos por el Estado, y tener esas pruebas reconocidas, es una forma de combatir la ola de noticias falsas y nuevas interpretaciones de nuestro pasado, propagadas por el gobierno de Milei-Villarruel y sus apoyadores.
“No vamos a bajar los brazos, los juicios tienen que seguir porque hay muchos genocidas sueltos paseando por nuestras calles”.
Marcela Gottschald